Esta semana Chile entero fue sorprendido por las medidas económicas que contempla el mega
proyecto del gobierno conservador. La oposición le ha llamado “Ley tutifruti”, y el gobierno “Plan de
reconstrucción nacional”, en una coincidencia involuntaria o referencia evidente a la “Reconstrucción
nacional”, anunciada por la junta militar al inicio de la dictadura. Parece ser un intento de restauración
conservadora para echar por tierra la obra de los 30 años de transición democrática. Un retroceso en
derechos sociales que han sido conquistas históricas de las familias trabajadoras, son varios pasos atrás de la propuesta de una “Derecha social”, que en el pasado fue encarnada por Joaquín Lavín o Pablo Longueira. El proyecto mezcla tantos y tan variados temas que es difícil de entender para el ciudadano de a pie. Es por eso que la propuesta que se ha hecho más conocida, y sobre la que se han centrado la mayoría de las críticas, es la llamada ”Rebaja de impuestos a los más ricos”. Técnicamente se trata de la rebaja del impuesto de primera categoría de un 27% a un 23% a las grandes empresas. Pero hay que ser honestos, la rebaja de este impuesto también fue propuesto por el gobierno progresista, hace menos de dos años, y fue rechazado por el actual oficialismo. ¿Por qué se rechazó si era una rebaja que buscaba un objetivo similar?, por una razón sencilla, el proyecto del progresismo establecía que la pérdida de ingresos fiscales que involucraba la rebaja, debía compensarse por otros tributos. Y he aquí uno de los aspectos centrales que han planteado economistas de renombre y prestigio transversal como Andrea Repetto, Nicolás Eyzaguirre o Hernán Frigolett. La reforma tributaria disimulada detrás de otras múltiples propuestas legislativas, constituye un severo riesgo de incrementar sustantivamente el déficit fiscal, que arrastra el país desde 2012.
Sí amigos y amigas, el déficit fiscal no nació en la administración anterior. Proviene de la primera
administración del difunto presidente Sebastián Piñera, continuó durante el segundo período de la
presidenta Bachelet, la segunda administración Piñera, y el gobierno del presidente Boric. Los economistas mencionados, han advertido de que no existe evidencia empírica. Es decir, no existen datos que avalen la tesis sostenida por el ministro de Hacienda. La reducción de impuestos a las grandes empresas, no está comprobado que genere por sí solo crecimiento económico. E incluso en los casos donde esto ha ocurrido, el aumento de los ingresos fiscales es marginal, y no alcanza a compensar la pérdida de ingresos que la rebaja produjo.
Otra propuesta que los economistas recomiendan rechazar es la invariabilidad tributaria por
veinticinco años. En primer lugar, porque dejaría con las manos atadas a los próximos cinco gobiernos,
impidiéndoles ejercer su mandato constitucional. Por otra parte, la propuesta tiene similitudes con el
régimen creado por el Decreto Ley 600 en 1974, conocido como Estatuto de la Inversión Extranjera. En plena dictadura para atraer capitales extranjeros se ofreció una serie de seguridades jurídicas y por cierto la invariabilidad tributaria. La realidad de Chile dista mucho de la de 1974 por lo que en 2015 con la reforma tributaria efectuada en el gobierno de la presidenta Bachelet, se derogó ese régimen tributario. Se consideró que las condiciones institucionales del país, daban suficiente garantía a la inversión extranjera. Los datos parecen corroborarlo, debido al continuo y progresivo incremento de inversión extranjera en sectores como el minero, energético, y de nuevas tecnologías. Adicionalmente, el escenario mundial, está favoreciendo la transformación hacia la electro movilidad, lo que sin necesidad de garantías adicionales, propicia hoy el desarrollo de nuevos proyectos de Cobre, y potencia la industria del Litio, con un precio internacional al alza.
Es una discusión en que debiera escucharse a los entendidos. Lo que está en riesgo acá es
desencadenar un proceso de deterioro de las cuentas fiscales que puede frustrar por décadas nuestro
desarrollo. Los intentos de disimular el impacto de una reforma tributaria encubierta, es una forma de hacer política de espaldas a la gente que se verá afectada. No es posible compensar la pérdida de ingresos fiscales ciertos, por un incierto crecimiento económico. Mucho menos alcanza para equilibrar la balanza, los numerosos recortes de programas sociales anunciados para el año 2027.
Ofrecimientos del tipo rebaja de IVA a los pañales, no compensan ni de lejos el aumento del costo de
la vida. Los economistas advierten que todos estos ofrecimientos, dados a sectores del parlamento para
obtener la aprobación de la reforma tributaria, también generan gasto fiscal, y, por tanto, contribuirán a
incrementar el déficit fiscal. Consultado el ministro de Hacienda acerca de cómo se va a asegurar de que el precio de los pañales no suba, señaló que no era función del gobierno hacer eso, “No somos la Dirinco”. En otra clara referencia a los años 70´.
Llamó mucho la atención el emplazamiento público que hizo la ex candidata presidencial doña
Evelyn Mathei al ministro de Hacienda. La preocupación de Mathei es por los anuncios de programas
sociales que se descontinuarían a contar de 2027, entre los más conocidos el Programa de Alimentación
Escolar (PAE). Este programa fue creado por el ministro DC Radomiro Tomic, durante el gobierno del
presidente Frei Montalva, y ni siquiera el dictador Pinochet se atrevió a eliminarlo. Otras figuras
conservadoras como el ex ministro Monckeberg, también han advertido sobre la sorprendente falta de
empatía del ministro de Hacienda, el que ha llegado a decir, que desea que la única política social que exista, sea la del empleo. Echando por tierra la construcción de un sistema de protección social, que se remonta a los albores de la república.
Se espera que el Consejo Fiscal Autónomo, en línea con las recomendaciones del FMI, advierta al
gobierno del riesgo de incrementar el déficit fiscal, con la reducción de ingresos que involucra la reforma
tributaria. Asimismo, se encuentra en trámite un requerimiento al TC, debido a la eventual
inconstitucionalidad del proyecto misceláneo propuesto.
Sorprende la premura con que se pretende aprobar un proyecto de tantos alcances, y tantas
implicancias para la ciudadanía. La falta de socialización de las amplias materias reguladas, parece ir en línea con las altas tasas de desaprobación que tempranamente golpean a la administración. No por nada, los únicos que baten palmas por la rebaja tributaria son los líderes de la gran empresa. No se ve a los
pensionados, ni a los trabajadores, ni a las dueñas de casa haciendo lo mismo.
En la Patagonia se dice “El que se apura pierde el tiempo”. ¿No sería más razonable tomarse más
tiempo para discutir la reforma tributaria y demás materias?, un acuerdo conseguido pirquineando votos,
ofreciendo cosas por aquí y por allá, no parece en línea con un gobierno que pone a las personas en el
centro de su quehacer. Aún es tiempo de corregir el rumbo y escuchar a los demás.
Ernesto Sepúlveda Tornero
