Como es normal, la crítica ha sido abundante con relación al comentario del presidente Kast,
en el que, aludiendo al descontrol del gasto público en materia de investigación, ejemplificó
su reproche con la edición de libros que serían inservibles para generar empleos.
No solo desde la oposición, sino que, desde su propio sector, se alzaron voces condenando
este exabrupto. Porque, en verdad, fue eso, y algo más: un mazazo lanzado al voleo, un
eructo que se escapa del inconsciente en forma de coprolalia contra la investigación como
tal, y contra esos bellos instrumentos de transmisión del saber que son los libros.
Sus explicaciones posteriores, matizando sus dichos, así como las de la ministra de
Educación precisando el propósito, no lograron eximir ni relativizar la gravedad de la
afirmación, menos aún, atenuar la torpeza.
Sucede que aludir tan livianamente a la investigación científica, teniendo como referencia la
cantidad de empleos que genera a corto plazo, es una aberración conceptual. Primero,
porque desconoce completamente el funcionamiento y sentido de la investigación científica;
segundo, porque al analizar las cifras invertidas se constata que no sobran los recursos para
la investigación, sino que faltan; tercero, porque estigmatizar a los investigadores, cuya
inmensa mayoría realiza su trabajo con honestidad y dedicación, solo refleja la ignorancia de
quien así se expresa.
Es evidente que se debe racionalizar el gasto público; más aún en época de crisis. Cuando
el desempleo heredado de la administración anterior bordea el 9%, y la informalidad
equivale al 26.5% de la fuerza de trabajo, es menester actuar urgentemente. Priorizar el
crecimiento que genera empleos es el camino correcto, pero racionalizar el gasto es usar la
razón y el criterio, lo que no fue el caso en este anuncio que podría presagiar una
incertidumbre venidera en este ámbito.
Un contexto de contrastes
En materia de investigación, nuestro país no ocupa un lugar relevante en el concierto
mundial. Sin embargo, modestamente, somos los segundos del continente y lideramos la
investigación científica per cápita en Latinoamérica. Nuestra reciente incorporación como
país asociado al laboratorio de física de partículas más importante del mundo (el CERM
europeo) en enero del 2026 nos confiere credibilidad y una gran apertura científica.
El Congreso del Futuro, creado en 2011 como plataforma de reflexión y divulgación de los
grandes desafíos de la humanidad, posiciona a nuestro país en un sitial importante del
conocimiento global y lo ha hecho merecedor del reconocimiento internacional.
En áreas como astronomía, biofísica, salud, cambio climático, biotecnología aplicada,
nuestros investigadores cuentan con probadas referencias mundiales de las que debiéramos
estar orgullosos.
Cabe destacar, además, que este éxito relativo, obra de aportes públicos y privados, es aún
más loable al saber que el Estado aporta poquísimo. Solo el 0.4% del PIB está destinado a
la investigación y desarrollo, en circunstancias de que el promedio de los países de la
O.C.D.E. (con quienes nos gusta compararnos) es del 2.7% del PIB. Un abismo imposible
de alcanzar.
Así pues, cuando se trata de generar empleos formales y “decentes” según los criterios de la
OIT, y se desconoce de tal forma el aporte de la investigación, no queda otra cosa que
pensar que la ignorancia resucita una ideología escabrosa.
No por un puñado de investigaciones ideologizadas, financiadas por el gobierno anterior,
deberían pagar quienes investigan seriamente. Porque, para poner las cosas en un debido
contexto, la intervención del presidente vino después de darse a conocer una lista de
investigaciones de dudoso contenido que, al citarlas con sus montos, avergüenza: 450
millones de financiamiento para estudiar cómo “despatriarcar y descolonizar el sur de Chile”,
otros 256,5 millones para “Los derechos civiles y políticos de los niñes, desde la perspectiva
de hijes y mapadres“ (¡sí, como lo lee!), 439,5 millones para investigar sobre “Género,
biopolítica y creación“, 228 millones para los “Activismos, desde y con las infancias…”,
millones que suman y siguen en investigaciones impregnadas de ideología identitaria de
baja monta.
Estas investigaciones —por así llamarlas, abusivamente— son financiadas para satisfacer a
unos pocos, pero dañan profundamente a la academia; la salpican, desprestigian y la alejan
de la ciudadanía.
Alertas ante el despertar de viejos fantasmas.
Sabemos que las palabras hacen surgir imágenes de todo tipo. Algunas hasta llegan a
despertar viejos demonios. Una terapia apropiada permite echarlos afuera y, en ciertas
ocasiones, la literatura forma parte del ungüento que nos protege y los espanta.
En Santiago, el 17 de septiembre de 1973, en la calle Marcoleta al llegar a Lira, presencié la
quema de cientos de libros: enciclopedias, revistas, literatura clásica, libros de bolsillo de la
editorial Quimantú… Los pirómanos eran soldados que acataban órdenes de aquellos
censores del pensamiento y las conciencias que asumían el poder. En esa enorme fogata, vi
cómo las hojas de mis libros, convertidas en humo, teñían de color gris-tristeza un cielo
invernal que retenía el llanto, y luego, cómo las cenizas, barridas por la brisa, emprendían el
vuelo hacia la nada. Curioso, pero había gente alrededor de esa inmundicia que, entre
burlas, justificaba la quema del conocimiento. Ignoraban que el corazón de los libros era
indemne ante el fuego de aquellos vándalos con botas.
De paso por Chile, hace unos días, el destacado escritor cubano, Leonardo Padura, relataba
con humor a un auditorio repleto de admiradores su experiencia acerca de la censura
permanente a los escritores por parte del gobierno cubano. En los años ochenta, por
ejemplo —nos decía—, el gobierno decidió “fomentar” el género policial. Emergía así una
nueva herramienta de “compromiso ideológico y educativo” destinada a exaltar al buen
oficial del Ministerio del Interior. Creadas con la pluma servil a la consigna, aparecieron las
“novelas policiales revolucionarias” (así se llamaban). Sonriendo, Padura concluía que
estas, “de revolucionarias, tenían mucho, de policiales, poco, y de novela, nada.
La censura no solo veta y prohíbe, sino que suele provocar varios fenómenos: incentivar la
imaginación de quienes buscan eludirla, agrupar a quienes son censurados, hacer del
creador un resistente, editor artesanal de obras clandestinas o inhibir la creación en ciertos
casos. Su actuar perverso es siempre condenable.
Convertir la investigación en un tema de confrontación ideológica, desconocer el carácter
sagrado de los libros, implica situar esos nobles asuntos en la contingencia política. Sopesar
su rentabilidad con miradas de corto plazo es una aberración comparable con la cancelación
y la censura.
Un mínimo de coherencia nos exige afirmar que las mismas alertas que nos hacían rechazar
el proyecto de constitución del gobierno anterior deben mantenerse vigentes. La ciencia es
libre; y lo es por naturaleza. Los gobiernos están llamados a concertarse con ella para
estimularla, orientar sus prioridades y sus metas, pero absteniéndose de interferir. Deberán,
además, velar para que no sea únicamente el mercado el que dicte sus normas ni, menos
aún, imponga una ética con la que no cuenta.
Nuestra democracia está llamada a ser vigilante en la defensa de la libertad para la ciencia y
la educación, las que, junto con el arte y la cultura, están llamadas a humanizar el
crecimiento que genera los empleos.
