Tras el desgarrador suicidio de un joven de 17 años ocurrido este fin de semana en Puerto
Natales, el Partido Comunista se hace presente y emitimos el presente comunicado para
manifestar nuestro más absoluto repudio ante las declaraciones públicas emitidas por el
Delegado Presidencial Provincial de Última Esperanza. Sus dichos configuran una
inadmisible vulneración a la memoria del adolescente fallecido y una confesión explícita de
la inoperancia del Estado que él administra.
En su reciente alocución, en Radio Presidente Ibáñez, la máxima autoridad provincial
desglosó públicamente el historial clínico, judicial y educacional del menor, calificándolo
bajo conceptos estigmatizantes y deslindando la responsabilidad institucional hacia
«diferentes situaciones» familiares y del entorno.
A través de este comunicado, presentamos nuestro rechazo a esas declaraciones y
determinando las responsabilidades políticas, legales y éticas a las que se ha hecho
merecedora de manera inmediata.
El delegado provincial Liber Lazo a re-victimizado y estigmatizado Post – Mortem al
exponer un historial de «drogadicción», «alcoholismo», «rendimiento escolar pésimo» y
judicialización lo que criminaliza de manera póstuma a una víctima de 17 años. La
autoridad utiliza estas vulnerabilidades de forma lapidaria para desviar la atención pública
de la inoperancia del sistema, y de su gobierno transformando la desprotección social en
fallas de carácter individual.
Al mismo tiempo, el delegado ha hecho públicamente una declaración y confesión explícita
de falta de servicios sociales básicos al declarar textualmente que: «no logramos llegar a él
de forma oportuna», el Delegado Provincial emite una confesión jurídica. El Estado, a
través de sus oficinas de protección y salud del adolescente, tenía pleno conocimiento del
caso por su «larga data» y omitió de manera negligente las medidas de resguardo necesarias
para salvar su vida.
Intentar justificar que el menor no ingresó a un hogar de protección penal o social porque
«por diferente situación el joven se mantuvo en la casa» es un acto de deslindamiento
inaceptable. Como representante del Poder Ejecutivo, es deber de la Delegación coordinar e
instar por la fiscalización de las órdenes judiciales y programas de intervención, no
justificarse bajo «las circunstancias».
Tratar una pérdida humana evitable bajo una postura de reflexión pasiva o sociológica («la
pregunta nos abre un escenario dramático», «¿en qué estamos fallando?») denota una
alarmante falta de capacidad ejecutiva. Una autoridad del Estado debe instruir sumarios,
fiscalizar redes y asumir responsabilidades directas en lugar de interactuar como un
observador ajeno al aparato estatal.
Como Partido Comunista de Chile, institución de más de 114 años de vida, y que
defendemos la vida, afirmamos que la severa asimetría de poder ejercida en este discurso,
las adicciones, la deserción o bajo rendimiento escolar, y el conflicto con la justicia penal
juvenil son síntomas del abandono previo del Estado, nunca factores justificantes para
abandonar un caso. Al actuar como un «juez moral» de la víctima una vez muerta, el Estado
devela un intento coordinado por encubrir que fue un actor negligente en su cuidado
mientras estaba con vida.
Por tanto, solicitamos formalmente al Gobierno central la remoción inmediata del Delegado
Presidencial Provincial. Ha perdido la idoneidad política, la sensibilidad ética y la
legitimidad social necesarias para encabezar las políticas de seguridad y protección de la
infancia y juventud en el territorio.
Exigimos la apertura inmediata de una auditoría o sumario clínico, y un sumario
administrativo exhaustivo a toda la red de protección local, oficinas de salud mental
comunal, programas de Mejor Niñez y redes educacionales asociadas para identificar en
qué eslabón se vulneraron los protocolos de resguardo del menor.
Hacemos un llamado a la Defensoría de la Niñez, y a los organismos jurídicos pertinentes,
a asesorar a la familia afectada para entablar una demanda civil contra el Fisco por Falta de
Servicio. Las declaraciones grabadas de la autoridad provincial constituyen una prueba
irrefutable de omisión institucional con resultado de muerte.
La desprotección de nuestra juventud no puede seguir siendo abordada con indolencia
burocrática. El suicidio de este joven natalino exige justicia, reparación y un cambio
estructural inmediato en el manejo de las políticas públicas de protección social.
Partido Comunista de Chile, Regional Magallanes
