La pregunta ha sido siempre clara, repitiéndose infinidad de veces. No obstante, en nuestra opinión, está equivocada.
Nos dicen por qué no dejamos expuestos a los instrumentos estatales del trabajo por no hacer cumplir la legislación, en vez de vivir lamentando que tal o cual norma es anti trabajador.
Y aquí se incluye a las Inspecciones del Trabajo y los jefes respectivos en todas las oficinas.
No vamos a negar que en algunos casos hay una burocracia que molesta, que en más de una ocasión piden elementos que se han llevado con anterioridad pero que al parecer nadie registra, por lo que vuelven a ser requeridos, incluso a veces por el mismo funcionario más de una vez.
Tampoco podemos ignorar la demora con que se fiscaliza una u otra denuncia o reclamo y en algunos casos simplemente no hay fiscalización.
Para qué insistir en los horarios de atención y las veces en que estos no se respetan o bien nos quedamos ahí esperando sin que nadie nos atienda.
No obstante, estas anomalías no son una constante y muchas de las veces que nos apersonamos en las oficinas directamente, la atención se consigue y también se recibe buena orientación.
Solo resta mejorar el funcionamiento y hacerlo constante.
Seamos si muy claros, hay carencia de personal y los funcionarios no dan abasto y esto sucede desde hace mucho, mucho tiempo.
2.- Lo que sí debemos tener muy claro, es que ellos no son responsables de las leyes que se dictan, solo les corresponde la aplicación de las mismas. Las pautas y reglamentos que se aplican tampoco son de responsabilidad de los funcionarios.
No es culpa de los subalternos que a seis meses de estar en vigencia la ley, aún no haya un reglamento que establezca con claridad los mecanismos y normas de aplicación de la jornada de trabajo en ciclos de hasta 4 semanas. Esto, al igual que en normas del trabajo dictadas anteriormente, son responsabilidad del gobierno de turno y del parlamento que aprueba dichas leyes.
Veamos, no es responsabilidad de los funcionarios del trabajo que se haya legislado para impedir la entrega de balances y estados de resultados a las pequeña y micro empresas, cuando este segmento de empresas representan más del 90% del total de las empresas en el país.
Todas las empresas tenían obligación de entregar estos documentos imprescindibles para la elaboración de un proyecto de contrato colectivo, hasta que en 2016 se modifica la legislación.
Como este caso, son decenas de ejemplos los que podríamos exponer de cómo la legislación ha ido en retroceso. Entonces, hay que reclamar contra gobiernos y parlamentos, generar conciencia en millones de privados de casi todo para que las cosas cambien donde deben de cambiar.
Seguir haciendo responsables de todos nuestros males a quienes no tienen la culpa, es improcedente y nos aleja del objetivo.