Esta semana se conoció el texto del acuerdo de los partidos del progresismo, en respuesta a invitación efectuada por el presidente Boric, a las coaliciones políticas que sustentan su gobierno, a articular una respuesta a las dudas e interrogantes, sobre la Nueva constitución. El 11 de agosto, y en tiempo record, tras superar las diferencias entre FA-PC y los partidos del socialismo democrático, se formuló una propuesta que sólo tendrá sentido si gana la opción apruebo en el plebiscito. El texto se denomina “Unidos y unidas para aprobar una nueva constitución”, cuyo propósito es contribuir a que chilenos y chilenas, tengan certezas “acerca de las mejoras y aclaraciones del texto propuesto y del proceso de implementación del mismo”. El acuerdo de los partidos que apoyan el apruebo en el plebiscito, propone que una vez aprobada la nueva constitución, se debata democráticamente y con participación ciudadana, las siguientes materias:
Plurinacionalidad: Valorando el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, y respetando los principios del Convenio 169 de la OIT, vigente en Chile, desde su ratificación el año 2008 se establecerá que el verdadero sentido y alcance de la Consulta indígena, se refiere sólo a las materias que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas. Y respecto al consentimiento previo, se establecerá explícitamente que sólo es aplicable a la regulación de entidades territoriales y que no es exigible en temas de carácter nacional o reformas constitucionales.
Respecto a las autonomías territoriales contempladas en la Constitución, se establecerá expresamente que sus atribuciones deben ser coherentes con el carácter único e indivisible del territorio de Chile. Asimismo, se establecerá expresamente en la ley, que en ningún caso el establecimiento de una autonomía territorial indígena ni su regulación puede limitar el derecho de cualquier habitante de la República a trasladarse libremente por todo el territorio nacional, respetando la Constitución y las leyes.
Respecto a los sistemas de justicia indígena, se reafirma la igualdad ante la ley como principio rector y que todas las personas, indígenas y no indígenas, somos iguales ante la ley en dignidad y derechos. No existirán regímenes de justicia paralelos que pongan en cuestión la unidad, coherencia y consistencia del Poder Judicial. La justicia indígena solo se aplicará a miembros del mismo pueblo, será voluntaria y no tendrá competencia respecto de delitos penales. Y siempre estará subordinada a la justicia ordinaria, en particular, a la Corte Suprema.
Derechos Sociales. En materia de pensiones, se establece el compromiso que la implementación del derecho a una pensión digna será en base a un nuevo modelo mixto, donde seguirá existiendo un componente de capitalización individual.
Sobre la propiedad de las viviendas, el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad están absolutamente asegurados. Se asegura explícitamente que la propiedad de las viviendas, indistintamente del tipo de propietario, se protegerá bajo toda circunstancia.
El Sistema Nacional de Salud. La ley asegurará un sistema integrado con participación pública y privada, donde siguen existiendo clínicas, hospitales, y centros médicos privados. Bajo el Seguro Único de Salud, se protegerá la libertad de todas las personas a elegir dónde atenderse dentro de la red del nuevo Sistema Nacional de Salud.
En relación a la educación como derecho social, en su implementación legislativa, se respetará la existencia y desarrollo de la educación particular subvencionada, siempre con pleno reconocimiento del Estado dentro del Sistema Nacional de Educación.
En materia de seguridad. Se propone establecer en la Constitución el Estado de Emergencia por grave alteración de la seguridad pública, autorizando que las Fuerzas Armadas puedan colaborar, a requerimiento de la autoridad civil, y en las condiciones calificadas que establezca la ley, en tareas de resguardo del orden constitucional y del Estado de derecho.
En cuanto al sistema Político. Los partidos que adhieren al apruebo, reconocen y valoran el nuevo sistema político creado en la propuesta constituyente, por sus profundos mecanismos de participación ciudadana y fortalecimiento de las regiones, y se comprometen a analizarlo para lograr el mejor equilibrio en el Poder Legislativo, el gobierno central y las entidades territoriales.
Respecto de gasto y responsabilidad fiscal. Se comprometen a eliminar la atribución a los parlamentarios, de presentar mociones parlamentarias que irroguen directamente gastos al Estado. Asimismo, respecto de la capacidad de endeudamiento de las entidades territoriales fijadas por ley, se establece que deberán sujetarse al máximo anual que fije la ley de presupuestos.
En cuanto a la re-elección presidencial, introducida por la nueva constitución. Se establece que para una mejor administración del Poder Ejecutivo y los procesos político-electorales, la reelección presidencial no procederá consecutivamente.
En cuanto al poder Judicial. Se propone reemplazar, en la Constitución, la denominación “Sistemas de Justicia” por la de “Poder Judicial”. Asimismo, revisar la composición del Consejo de la Justicia para asegurar su integración por una mayoría de jueces. Y se establece en forma explícita que la calificación de los jueces por ese Consejo no considerará el contenido de sus fallos.
En relación a la importancia de los Derechos Fundamentales, Se comprometen a implementar el Recurso de Tutela, a modo de proveer una protección adecuada, eficaz y oportuna.
Los firmantes del acuerdo, presidentes y presidentas de partidos de gobierno, concluyen haciendo un llamado a la ciudadanía a conocer la Nueva Constitución, y también el acuerdo de implementación y mejoras, que se propone, para que el pueblo chileno se pronuncie con el mayor grado de certeza posible.
Pese a que se han alzado voces criticando la propuesta de los partidos del progresismo, me parece un ejercicio necesario de cara al debate que se realiza hoy, en calles y plazas, y también en nuestras mesas. Emporcar el debate, con descalificaciones que niegan la posibilidad de debatir después del 4 de septiembre, es contrario a la democracia. Felicito a quienes de frente y de cara a la ciudadanía, expresan la necesidad de aclarar disposiciones o eliminar otras. Es lo que nuestro país requiere, menos descalificación y cancelación por redes sociales, y más debate con razones y fundamentos. Hasta ahora no se conoce qué proponen los partidos políticos de derecha, que sostienen la opción rechazo, y apuntan a la ratificación de la constitución del 80’. Hasta ahora se abunda en denuestos hacia la opción apruebo, en una línea muy parecida a la propaganda política del plebiscito del 88’. Una encrucijada histórica, que el pueblo de Chile salvó, participando masivamente en la votación, se hizo campaña por las elecciones libres con millones de voluntarios por todo Chile. Y se enfrentó una campaña arrolladora de mentiras, en medios de TV y prensa, afines al régimen. El mayor error de la derecha es apelar al plebiscito del año 88’. Porque fue derrotada, y porque los signos y símbolos de la lucha contra la dictadura, no le pertenecen. Es penoso, ver en la franja electoral el uso impostado de imágenes de la franja del NO a la dictadura, en la franja de quienes apoyan el rechazo. Es algo que hiere muy profundo a quienes luchamos por la libertad y la democracia. Y no es que la gente no pueda cambiar de opinión, es que no se puede cambiar retroactivamente la historia. Los hechos fueron como fueron, aunque traten de mostrarlos de otro modo. Y creo que esa forma de torcer la nariz a la historia, no va a resultar. Los partidos de la derecha chilena, desecharon la propuesta constituyente de la presidenta Michelle Bachelet, que guardaron en un cajón, como reconoció el ex ministro Chadwick en 2018. Se negaron a ver la realidad, el futuro les pasó por encima, y hoy, estallido social y plebiscito 80-20 mediante, enfrentamos una votación sobre el futuro. El resultado, la decisión del 4 de septiembre, depende de cuál de las dos opciones, representa el futuro, yo lo tengo claro, ¿y Ustedes?
Ernesto Sepúlveda Tornero