Rechazamos categóricamente el proyecto de ley del Ejecutivo (Mensaje N°
174-374) que, bajo el disfraz de una «modernización», ejecuta el vaciamiento y
desmantelamiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
Debilitar al INDH vulnera directamente los derechos de chilenas y chilenos.
Quien pierde con esta reforma es el ciudadano común que queda en la
indefensión frente a abusos de poder, violencia institucional o vulneraciones en
el acceso a la salud, a un medio ambiente sano, o en el cuidado de niños,
niñas y adultos mayores bajo custodia estatal.
Desconociendo los Principios de París de la ONU y traicionando las
recomendaciones unánimes de la Comisión Asesora Presidencial de 2025, el
proyecto y su Informe Financiero imponen cuatro retrocesos inaceptables:
Prohibición de defender a las víctimas: Elimina la facultad del INDH
para presentar querellas criminales, impidiéndole perseguir en tribunales
delitos de tortura, trata de personas, apremios ilegítimos y abusos de
poder.
Desmantelamiento jurídico: Proyecta despedir al 70% de las y los
abogados dedicados a la protección de víctimas.
Abandono de las regiones y centralismo: Elimina la obligación legal
de mantener sedes regionales —fijando domicilio único en Santiago— y
recorta en un 50% el personal regional, dejando a los territorios y
zonas extremas en total desamparo frente al poder central.
Captura política total: Suprime la elección directa de la sociedad civil
y, mediante normas transitorias, destituye al Consejo actual para que el
Presidente de la República nomine en bloque a los cinco nuevos
consejeros, quienes designarán a un Director Ejecutivo sin concurso de
Alta Dirección Pública.
Este ataque no es aislado: se suma al debilitamiento del Plan Nacional de
Búsqueda, el retiro del Plan Nacional de Derechos Humanos, el recorte
presupuestario a Sitios de Memoria y la pasividad ante beneficios carcelarios
para criminales de lesa humanidad.
El objetivo de fondo es evidente: desmantelar los contrapesos de los entes
autónomos del Estado y subordinar al fiscalizador a la tutela del Gobierno que
debe ser fiscalizado, buscando operar sin controles ni rendición de cuentas. En
democracia, ningún gobierno que respete la ley teme ser fiscalizado.
Por la vigencia del Estado de Derecho, exigimos:
- Al Ejecutivo: Retirar de inmediato la suma urgencia impuesta al
proyecto, que impide un debate democrático de cara al país. - Al Congreso Nacional: Rechazar enérgicamente este proyecto de
ley que desprotege a la ciudadanía y destruye la autonomía del INDH.
Agrupaciones adherentes:
Agrupación Hijos/as y Nietos/as por la Memoria
Asociación Cultural Nuestra Madre Grande
Colectiva Cueca Sola Punta Arenas
Corporación Sitio de Memoria Colón 636
Corporación Estadio Fiscal Punta Arenas – Memoria Regional
PRAIS Punta Arenas
