El primero de mayo es un día de conmemoración, momento en el que se reafirman compromisos. Por lo tanto, cualquier forma en que se conmemore debe estar complementada con propuestas y acciones que dejen claro que no solo se recuerda a aquellos que han luchado por sus derechos, sino que también se buscan instrumentos y caminos para corregir lo malo y reforzar lo bueno.
Si solo van a ser marchas y luego inacción y silencio hasta el próximo 1 de mayo, algo está muy mal y requiere una corrección urgente.
A pesar de todo lo que se ha avanzado en tecnología y medios para llegar a los trabajadores, cada vez es más difuso para estos el momento en que explotó organizadamente la gesta de Chicago. Miles no tienen siquiera idea de que la revolución industrial (desde donde comienza a estructurarse el capital y su contraparte, el proletariado) es la que genera en los trabajadores la urgencia de organizarse, ya que la explotación a la que son sometidos hombres, mujeres y niños es infernal.
Entonces, la industrialización no solo es responsable de los altos contenidos de contaminantes en la atmósfera que nos tienen ad portas de una crisis cuya gravedad aún no se ha evaluado, sino que también es responsable de los sueldos de hambre, las condiciones miserables de vida y un largo etcétera que, lamentablemente, no se han superado en su totalidad. Lo más grave es que hay un retroceso que se posibilita por este desconocimiento de la historia y la reticencia a organizarse.
Por eso, porque el 1 de mayo es una fecha histórica y porque algunos reiteran esfuerzos para aprovechar lo que el sistema entrega en cuanto a posibilidades de construcción de medios y la difusión de los mismos por las redes, se debe saludar todo esfuerzo que busque la educación del pueblo.
La organización de los trabajadores
Los trabajadores chilenos comenzaron a organizarse antes de que aparecieran Recabarren y otros grandes líderes de nuestra historia sindical. No obstante, era una organización que nacía y se difuminaba en un sector para luego aparecer en otro, que carecía de contenidos totales y que no llegaba a miles de trabajadores del recién iniciado proceso de industrialización en el país. Los trabajadores chilenos vivieron lo mismo que los trabajadores de todo el mundo cuando ingresaron las máquinas y los capitales: largas jornadas de trabajo, miserables sueldos, hambrunas, carencias de derechos sociales y mucho más. Por lo tanto, antes de 1900 ya actuaban buscando concientizar a través de las sociedades de resistencia que, luego de afinar el ideario de cambios y mejoras a la condición de vida por el camino de la acción directa, fueron dando paso a las mancomunales, que fueron estructuras de mayor organización con más integrantes, ya que incorporaban a diferentes gremios en una misma ciudad.
También, por cierto, está el trabajo de anarquistas, socialistas, cristianos conscientes y otros, lo que posibilitó que no solo se siguieran demandando cambios, sino que también se construyeron propuestas que lograron resultados. Poco se habla de la cantidad de vidas que implicaron los inicios de la lucha obrera en Chile, sí mucho de la cuestión social y algunas leyes que se fueron dictando y concluyeron en 1931 con el primer Código del Trabajo, pero esto no hubiera sido posible sin la tenacidad y la convicción de quienes yacen casi olvidados en nuestra historia.
Hubo muchas organizaciones, e incluso largas peleas cuando, al calor de la legislación laboral naciente, se separó por un lado el sindicalismo libre versus quienes comenzaron a construir organizaciones según las normas dictadas por el poder. Seamos claros, son normas dictadas por el poder, que percibió que la clase, pese a sus diferencias, actuaba e iba consiguiendo resultados con la acción directa y la organización, por eso la decisión del sistema de dictar leyes para encauzar por esa vía el descontento de los obreros.
La primera estadística que se conoce sobre la organización de los trabajadores en Chile indica que en 1932 el número de sindicatos registrados es de 421 y que representan a 54.801 trabajadores (130 socios promedio). En 1946, los sindicatos llegan a 1.706 y los socios de los mismos a 251.774 (147 socios promedio). Ya en 1973, los sindicatos son 6.697, a los que adherían 1.051.318 trabajadores (157 socios por cada organización es el promedio). No es menor hacer notar que muchas organizaciones eran únicas por rama y tenían mecanismos e instrumentos de organización que les permitían una buena gestión.
¿Por qué este salto en algo más de 20 años? Primero, porque los trabajadores, después de muchos golpes, comprendieron que la unidad era el camino, así como la valorización, mas no la imposición de posiciones partidarias, en el seno de la clase. Todos podían tener sus ideas, pero había que encontrar el camino para que la dispersión no siguiera dañando.
Por eso, nace en 1953, después de varios años de esfuerzos, la Central Única, que se transforma en un espacio de unidad y lucha, que propone y consigue mejoras en sueldos mínimos, salud, vivienda, educación para trabajadores y otras. Todo esto apoyado por firmes movimientos sociales y partidos políticos que tienen como norte la dignificación y mejor futuro de la clase trabajadora.
El gobierno popular de Salvador Allende tuvo el apoyo y respaldo de la organización sindical. No obstante, erradas políticas de gestión, una dosis de sectarismo y, lo que es más grave, la profundización de las diferencias respecto de las ideas partidarias, sacó, en mi opinión, al movimiento sindical organizado de su centro. Lo fue enemistando dentro de las organizaciones y sirvió como detonante de posiciones extremistas de derecha que fueron, con el total apoyo de los medios de comunicación contrarios al gobierno popular, preparando el terreno para el golpe militar que trajo como resultado la pérdida de leyes y beneficios en muchos sectores de trabajadores organizados y, por cierto, a los no organizados que disfrutaban de los beneficios sociales.
Efectos del golpe de Estado en la clase trabajadora
El abogado Óscar Gajardo, que se define como «hombre de derecha democrático y rebelde», elaboró un texto que tituló «El derecho Laboral Arrasado». En forma resumida pero muy clara, el abogado Gajardo expone, en orden alfabético, la mayoría de las leyes derogadas por la dictadura, 181 en total según indica. En la introducción del texto, el abogado Gajardo plantea:
«Creo que el derecho laboral chileno, que llegó a ser un ejemplo en el mundo, se desarrolló en el sentido de dar más justicia a los trabajadores, a partir de la década del año 20. Esto ocurrió en todos los gobiernos sin excepción, fueran de derecha, centro o izquierda.
Lo increíble es que el trabajo de más de 50 años, hecho por innumerables parlamentarios, con la contribución de especialistas, con la acumulación de la experiencia histórica, sea demolido de la noche a la mañana por cuatro señores soldados, asesorados por el inefable José Piñera.
Se podría pensar que las medidas tan radicales de eliminación de leyes, tuvieron la intención de proteger a las clases adineradas. Pero hay medidas de tan escasa significación económica, como por ejemplo quitarle la remuneración a los barberos, que la única explicación que puede encontrarse radica en el desprecio visceral que este gobierno [Pinochet] ha tenido con la clase trabajadora».
Este desprecio a la clase al que hace mención el abogado Gajardo, sin duda que se mantiene vigente. No se explica de otra manera que se hayan hecho tantas promesas y luego se respondiera a medias o simplemente se ignoraran las ofertas de modificación al Código del trabajo, que se hicieron durante la lucha contra la dictadura. Esa y no otra es la verdad.
Algunas de las leyes derogadas por los militares golpistas son:
- Los delegados sindicales agrícolas los elegían 5 o más trabajadores y tenían fuero.
- Existía la inamovilidad a los trabajadores agrícolas hasta 2 meses previos a la constitución de un sindicato.
- Los despidos que afectaban a más de 10 trabajadores solo procedían previa autorización conjunta de los Ministerios del Trabajo y de Economía (art. 86 inciso 3° C. del T. antiguo).
- Los trabajadores aprendices podían ser parte de la negociación colectiva.
- Los trabajadores de bombas de bencina tenían una indemnización especial por el trabajo que desempeñaban.
- La facultad a las federaciones y confederaciones para celebrar contratos colectivos de trabajo y representar a sus miembros en las instancias de conciliación y arbitraje (art.412 del C. del T.)
- En caso de despido injustificado y de negativa patronal de reincorporación, se obligaba al pago mínimo de un mes por año sin tope ni limitación alguna, en cuanto a su monto superior (Art. 8° de la ley 16.455).
- Los profesores de colegios particulares pagados tenían derecho a un reajuste anual de sueldo y un 12% de aumento cada vez que cumplían tres años de servicios consecutivos con el mismo empleador (artículos 5° y 6° de la ley 10518).
- El artículo 20 de la ley 17.416 prohibía pagar menos del sueldo o salario mínimo a cualquier trabajador, sin importar la jornada de trabajo mensual que cumpliera.
- No se autorizaba el fraccionamiento del feriado.
- El feriado progresivo no era negociable por las partes.
- Los trabajadores de regiones extremas y otros, como los mineros, tenían feriados de 25 días hábiles.
- El contrato colectivo se aplicaba a todos los socios del sindicato, incluidos aquellos que ingresaran después de la negociación.
- Se establecía como causal de terminación del contrato de trabajo la expiración del plazo fijado para su duración, el cual no podía ser superior a 6 meses.
- La Dirección del Trabajo podía ordenar la instalación de salas cunas en aquellos establecimientos que ocuparan menos de 20 trabajadoras.
- Una ley establecía un impuesto habitacional del 5% sobre las utilidades. Los empleadores que construían viviendas para sus trabajadores con sus propios fondos podían imputar las sumas invertidas a dicho impuesto.
Prácticamente ningún sector laboral en Chile ha visto eliminadas o seriamente afectadas sus conquistas. Uno de los mayores golpes lo reciben los trabajadores en la previsión social. No solo dejan de hacer aportes los empresarios, sino que el sistema pasa a ser de acumulación individual y administrado por privados. Se termina con la mayoría de las cajas de previsión y los beneficios que estas entregaban a sus afiliados. Solo se liberan de esta razzia privatizadora los miembros de las fuerzas armadas.
Después del golpe, se pierden las estadísticas por algunos años, pero ya para el año 1981 se cuentan 3.977 sindicatos, los que aglutinan a 395.951 trabajadores, lo que nos da un promedio de 99 socios por organización.
Al término de la dictadura, en 1989, los sindicatos llegan a 7.118, mientras que el número de afiliados es de 507.616, lo que nos da un promedio de 71 socios por sindicato.
En diciembre de 1995, se supone que producto de los vientos de democracia que soplan en el país, el número de sindicatos constituidos llega a 12.715 y los socios a 637.570, lo que entrega un promedio de 50 socios por sindicato (menos de 1/3 de lo que había en 1973, casi 2/3 de lo que se tenía en 1989).
A diciembre de 2002, según datos oficiales de la época, el número de sindicatos era de 16.310 y representaban a 618.930, es decir, un promedio de 38 socios por sindicato, cifra bastante pobre si la comparamos con 1995, donde el promedio de socios llega a 50. A fines de 2008, el número de organizaciones sindicales llega a 9.340 y los integrantes de éstas se elevan a 801.251, lo que implica un promedio de 85,78 socios por organización.
En 2017, la cantidad de sindicatos llega a 11.916 y los trabajadores organizados suman 1.179.445, lo que nos da un promedio de 98 socios por sindicato. Finalmente, en 2021, la cantidad de organizaciones llega a 11.870 y el número de trabajadores que las integran suman 1.201.440, lo que nos deja un promedio de 101,97 socios por organización.
Ni siquiera a casi 50 años del golpe de estado se llega al promedio de trabajadores organizados en sindicatos que había en 1973. Y eso no es todo, también debemos decir que actualmente existen 4 centrales sindicales legales y una no legal. Todas, salvo una, la Central Unitaria, tienen una baja tasa de sindicalización, aunque debemos decir que sucesivas denuncias han dejado expuesto que en la Unitaria se abultan padrones y que el gran fuerte de la misma son los trabajadores públicos.
El lento resurgimiento durante la dictadura
Pese al duro golpe recibido por los trabajadores después del golpe de estado en Chile en 1973, estos intentaron reconstruir sus organizaciones desde los primeros días posteriores. Surgieron distintas instancias de coordinación, ya sea por sector económico así como plurisectoriales. El primer instrumento conocido recibió el nombre de «Grupo de los 10» y se constituyó en 1976, año en que también se conoció la existencia del Frente Unitario de Trabajadores (FUT). En 1978, algunos dirigentes se separan del Grupo de los 10 y junto a otros constituyen la Coordinadora Nacional Sindical (CNS). En 1981, dirigentes disidentes de la Unión de Trabajadores de Chile (UNTRACH), organización pro dictadura, se unen a los que se mantenían en el Grupo de los 10 y dan forma a la Unión Democrática de Trabajadores (UDT).
En 1983 se constituye el Comando Nacional de Trabajadores (CNT), entidad a la que se integraron varias de las organizaciones aquí nombradas, junto a algunas Confederaciones (Confederación del Cobre, CNS, UDT, CEPCH y FUT). A fines de 1983 se constituye el Movimiento Sindical Unitario (MSU) cuya principal figura fue Clotario Blest, movimiento al que no se permitió su incorporación al CNT. El mismo año se forma el Comando Metropolitano de Trabajadores (CMT). En 1984, la UDT se retira del CNT y luego constituirá la Central Democrática de Trabajadores. Finalmente, en agosto de 1988 se constituye en la localidad de Punta de Tralca la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, que fue un proceso no exento de discusiones que varias veces estuvo a punto de romperse debido al desacuerdo de los partidos políticos detrás de las diversas organizaciones.
La comprensión de que, por encima de las divergencias, estaba la necesidad de unir fuerzas contra el enemigo común -la dictadura-, posibilitó que el Congreso llegara a su fin, y las distintas organizaciones de los trabajadores que allí se habían reunido lograron dar nacimiento al instrumento mayor que sería su interlocutor con el futuro gobierno democrático.
La Plataforma de Lucha de la CUT reivindicaba en ese entonces: “Las principales demandas comunes y de justicia que nos unen son: el derecho al trabajo, salarios justos, reajustes de acuerdo a los niveles objetivos del alza del costo de la vida, una negociación colectiva por rama de actividad, la reconquista de tarifados nacionales, el derecho a la huelga, el derecho a la indemnización por años de servicio, una jornada de trabajo efectivamente de ocho horas, condiciones de seguridad social, etc. Como también son: los derechos básicos a la salud, a la educación, a la vivienda, a la cultura, a la plena libertad sindical y en general al pleno ejercicio de los derechos humanos”.
También reivindicaba: “El control estatal sobre los servicios básicos para la población (luz, agua, gas, teléfono, parafina)”. “ La derogación del plan laboral, contemplar en la nueva legislación sanciones eficaces y enérgicas a los abusos de los patrones, restablecer el carácter irrenunciable de los derechos laborales adquiridos, restablecer un piso mínimo de aumento equivalente al 100% del IPC y la mantención total de los beneficios pactados en el convenio anterior”