Los chilenos aún no perdemos la capacidad de asombro, una prueba de ello es la campaña comunicacional de una minoría representante de la elite política en Chile que intenta persuadirnos de que “ellos” son los representantes legítimos y fiscalizadores del trabajo desarrollado por los convencionales. Por cierto, me refiero a los tradicionales dirigentes políticos que han sido protagonistas de las grandes decisiones de nuestro país en materia de economía, de políticas sociales, de educación, de vivienda, de trabajo. La llamada “clase política” que ha ocupado cargos en todos los gobiernos de la transición, hoy día ve con terror cómo otros representantes, otros poderes surgen en un escenario en que ellos no tienen cabida. Por ello, el principal recurso que han utilizado es la descalificación del trabajo desarrollado por 154 representantes populares desconociendo no sólo la voluntad de 6,3 millones de chilenos que los eligió para redactar la Nueva Constitución, sino además cuestionando y descalificando el texto constitucional a partir de aspectos estructurales y unas cuantas normas con campañas basadas en frases reiterativas, nada explicativas, ni menos argumentativas, sino más bien slogan e imágenes copiadas de otros momentos políticos e históricos que nada tienen que ver con sus críticas, ni menos con su ideología. Este grupo con una alta presencia en los medios, producto de los apoyos económicos recibidos (ver página de transparencia) representa justamente aquello en lo que la ciudadanía NO confía, de hecho, el 10 de junio del 2022 el CEP (Centro de Estudios Públicos) presentó los resultados de una encuesta en que la ciudadanía declaró tener apenas un 4% de confianza en los partidos políticos. El 30 de abril de 2021, el mismo Centro informó que esa confianza llegaba a solo 2%. Por su parte, Cadem el 11 de octubre de 2020 anunciaba que ningún partido político tenía más del 4% de imagen positiva para la ciudadanía consultada. Y la encuesta FIEL-MORI, el 26 de noviembre de ese mismo año, comprobó que solo el 6% de los consultados confiaría a los partidos políticos la redacción de la nueva Constitución. No obstante ello, estos dirigentes políticos descalifican a los representantes que sí convocan a una gran parte de la ciudadanía y que sí cuentan con la confianza de los chilenos, en tanto 6,3 millones de votantes los eligieron con altos porcentajes de votación. Por otra parte, además de desconocer su representatividad tienen la osadía y el desparpajo de cuestionar su labor profesional, técnica, su capacidad de análisis y preparación de un texto constitucional y ciudadano que tanto en la forma como en el contenido reúne las exigencias propias de un texto de esta naturaleza, de acuerdo a juristas, académicos y analistas del mundo entero. Carentes de respeto a la autoridad legítima y democráticamente electa para redactar una nueva constitución para Chile, descalifican su labor con pseudo argumentos acerca de una supuesta “calidad” de la nueva constitución. Cabe recordar que los 154 convencionales no sólo presentan altos estándares profesionales y académicos, sino que además representan la confluencia de saberes de diversa naturaleza que otorgan una riqueza cultural desconocida en nuestras tradicionales instituciones. Es así como la Convención contó con una mayoría de abogados (59); profesores (19) ingenieros (12), seguidos por periodistas, científicos, médicos, profesionales de la salud, trabajadores de diversos rubros y dirigentes comunales, “dueñas de casa”, así como un representante de cada pueblo indígena reconocido por nuestro Estado. Entonces, cabe preguntarse, ¿comparten dichos actores políticos las condiciones formativas, académicas, profesionales y de diversidad cultural de los representantes convencionales? Presentan condiciones de superioridad en algún ámbito que les faculte para auto proclamarse jueces y evaluadores del trabajo de nuestros representantes convencionales. ¿Por qué deberíamos confiar en que ellos redactarán una mejor Constitución para Chile?, en qué basan sus premisas de supuesta superioridad moral (¿confianza del pueblo?) y “supremacía constitucional. Pareciera ser que tras sus palabras se oculta un temor no declarado a perder el poder y control económico, político, cultural, educacional y social que la Nueva constitución pone en entredicho al declarar un Estado, social, democrático y de derechos.