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LA REFORMA PREVISIONAL Y EL RECONOCIMIENTOA LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Con la entrada en vigencia de la Reforma de Pensiones, Chile avanza hacia un sistema de
seguridad social más justo, y esta vez lo hace mirando de frente a su historia.

Recordemos que uno de los cambios más significativos impulsados por la actual reforma
previsional -poco visible, pero profundamente transformador- es la eliminación del artículo 36 de
la Ley 20.255, que durante años generó una injusta incompatibilidad entre la Pensión Garantizada
Universal (PGU) y las pensiones de reparación de víctimas y familiares de quienes fueron víctimas
de desaparición forzada, ejecución política, prisión política, tortura o exoneración.

Esta es una medida largamente esperada por las agrupaciones de derechos humanos y por
quienes han vivido, muchas veces en silencio, las secuelas del terrorismo de Estado.

En concreto se traduce en que víctimas y familiares de víctimas de desaparición forzada o
ejecución política calificadas, sobrevivientes de prisión política o tortura calificados/as, o bien
personas exoneradas calificadas, que tengan 82 años a septiembre del presente año, previa
postulación en el Instituto de Previsión Social (IPS), pueden acceder íntegramente a la pensión de
reparación y PGU. Consiguientemente, en el mismo sentido, en septiembre de 2026 quienes
tengan 75 años o más, y en septiembre de 2027 quienes tengan 65 años, podrán acceder a ambas
pensiones de manera íntegra.

Con convicción vemos en esta reforma un paso más en la construcción de un país que reconoce
que la reparación no es asistencialismo, sino una deuda del Estado con quienes defendieron la
democracia a costa de su vida y su integridad. A quienes resistieron, a quienes perdieron a un ser
querido, a quienes han vivido décadas con cicatrices que no siempre se ven: esta medida no borra
el dolor, pero es un acto de reconocimiento que devuelve algo que nunca debió haberse negado:
el derecho a envejecer con dignidad.

Como Estado, como Gobierno del Presidente Gabriel Boric y desde cada región del país, tenemos
el deber de decirlo con fuerza y convicción: no hay justicia completa si quienes más sufrieron
siguen siendo postergados. Hoy, damos un paso que honra su historia y su lucha inclaudicable.
Sabemos que aún queda camino por recorrer. La reparación debe ir acompañada de políticas
integrales de salud, memoria, justicia y educación en derechos humanos. Pero esta reforma
previsional —al eliminar una barrera que por años invisibilizó a un número no menor de chilenos y
chilenas— abre una nueva etapa para avanzar hacia un Chile más justo, más digno y con la
memoria como base de su democracia.