Hasta la Contraloría General de la República se dirigieron este jueves el diputado Christian Matheson y el senador Alejandro Kusanovic, para que el órgano investigue la compra realizada por el Gobierno Regional de Magallanes de un inmueble que iría destinado al servicio Mejor Niñez, pero que a juicio de los legisladores, excedería el valor comercial del inmueble y se podrían configurar una serie de delitos.
En el escrito, los legisladores magallánicos piden que “se investigue y determine si la omisión de dictar un acto administrativo fundado, que justifique el uso de la modalidad excepcional de trato directo para la adquisición del inmueble ubicado en Avenida Jorge Alessandri N° 893 constituye una infracción al principio de legalidad consagrado en el artículo 6° de la Constitución y desarrollado en el artículo 9° de la Ley N° 18.575, y si ello vulnera lo dispuesto en la Ley N° 19.886 y su reglamento respecto de la obligatoriedad de fundamentar dicha modalidad mediante resolución fundada que identifique la causal legal aplicable”.
A su vez, buscan que la contralora Dorothy Pérez se pueda pronunciar “sobre si la decisión adoptada por el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, en conjunto con el Gobierno Regional de Magallanes, se encuentra debidamente sustentada en términos de determinación del valor comercial del inmueble, conforme al estándar exigido por la jurisprudencia administrativa, esto es, mediante al menos dos tasaciones independientes, realizadas por profesionales idóneos y sin conflictos de interés”.
Tras presentar el requerimiento, el diputado Matheson subrayó que también están solicitando al órgano contralor que también se “investiguen hechos posteriores en que el vendedor de esa vivienda, en corto plazo, adquirió otro inmueble de propiedad de una sociedad en la que podría estar involucrada una persona estrechamente relacionada con el gobernador regional de Magallanes”.
“Valoramos positivamente la intención del gobierno regional de invertir en quienes son el futuro de nuestra región y país. Sin embargo, interponemos esta denuncia con el objeto de evitar que se materialicen operaciones que puedan configurar actos constitutivos de delito”, agregó Matheson.
Por su parte, el senador Kusanovic señaló que esperan que Contraloría “nos pueda indicar si la compra del inmueble, que asciende a casi $ 800 millones, más 400 millones en remodelación, responde a una justificación técnica y económica razonada, o si, por el contrario, dicha alternativa resultaba menos eficiente que un proyecto de construcción nueva, conforme al principio de eficiencia del gasto público” y que esperan poder reunirse en los próximos días con la contralora Pérez para detallarle los antecedentes del caso.