SANTIAGO.- El Ministro de Hacienda, Mario Marcel, entregó un
primer balance de los sumarios ordenados en las instituciones
del Gobierno Central por el caso de los funciorarios que
realizaron viajes al extranjero mientras se encontraban con
licencia médica. Marcel informó que, de las cerca de 36 mil
licencias médicas cuestionadas correspondientes a 25 mil
funcionarios, cerca de un tercio corresponde al Gobierno
Central.
SANTIAGO.- El secretario de Estado explicó que «de 35 mil
casos se pasa a 25 mil funcionarios, porque puede haber más
de un caso por funcionario. De esos 25 mil, más o menos 8 mil
corresponden al Gobierno Central», repartidos en 131
instituciones, incluidos los ministerios, el resto
corresponde a las municipalidades». «Nosotros reportamos
respecto del Gobierno Central, y de esos cerca de 8 mil
funcionarios, hay 6 mil a los cuales ya se les inició
sumario», dijo.
SANTIAGO.- En tanto, detalló que la diferencia entre la cifra
de 6 mil sumarios versus los 8 mil funcionarios se explica
debido a que hay mil 102 funcionarios detectados por la
Contraloría que actualmente ya no trabajan en el Gobierno
Central. El ministro indicó que las sanciones para estos
sumarios van desde el rechazo de la licencia y devolución de
los fondos hasta la destitución del cargo. Mientras que
algunos casos podrían ser sobreseídos.
VALPARAISO.- El presidente del Senado, José Manuel Ossandón,
RN, como el presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel
Castro, RN, anunciaron la apertura de investigaciones en
ambas corporaciones por el uso indebido de licencias médicas.
Sin embargo, una de las asociaciones de funcionarios del
Congreso manifestó su rechazo a la medida, alegando que
vulnera las «facultades legales y constitucionales».
VALPARAISO.- La directiva de la Asociación de Funcionarios de
Trabajadores Parlamentarios de Chile expresó que es
«preocupante, porque el procedimiento excede las atribuciones
legales y constitucionales que posee la Cámara Baja». Además,
argumentó que «la PDI no es un órgano subordinado a esta
Corporación, ni se encuentra obligada a entregar información
sensible sobre desplazamientos de personas físicas a un poder
del Estado no parte del Ejecutivo y sin orden judicial»,
dijo.
VALPARAISO.- Ante eso, el diputado Castro sostuvo que
«aplicaremos las máximas acciones a aquellas personas que se
han desviado de lo lógico de un funcionario público, que es
cumplir su labor sin salirse de la ley». Asimismo, anunció
que «hemos dado un máximo de plazo para hacer todas estas
investigaciones de aproximadamente tres meses, con todos los
sumarios. Y si hay temas que tengamos que enviar a la
Fiscalía, así lo vamos a hacer. La transparencia es lo
primero», cerró.