En Chile la crisis de confianza en las instituciones coloca en peligro a la democracia y esto se agrava cuando hablamos del Estado, una figura que en nuestro país se encontraba incólume en los últimos años.
Un sondeo del Consejo para la Transparencia indica que sólo dos de cada 10 chilenos confían en el Estado, revelando también que más de un 75% de los encuestados lo considera distante y maltratador. Estas cifras no nos deben extrañar y muchos académicos incluso lo han mencionado antes del estallido social de octubre. Nuestra institucionalidad pública se encuentra “erosionada”. En otras palabras, la sociedad ha avanzado, la tecnología ha avanzado, las necesidades han cambiado, no obstante, el quehacer público se encuentra estancado en políticas poco flexibles que no permiten realizar grandes cambios.
El debate público con frecuencia enfrenta a partidarios del Estado y a partidarios del Mercado, sin embargo, la realidad es clara, el Estado no puede asegurar el bienestar de sus ciudadanos sin el rol del Mercado y esto no trata sólo de la libertad, sino que más bien trata de corregir los fallos que puedan existir en esta dependencia. El funcionamiento del Mercado depende de la eficiencia del Estado. Es de esta manera que tenemos que volver a conectar a los distintos actores de la sociedad. Como lo indica Rajan en su libro “El tercer pilar” el desafío es revalorizar la participación de la sociedad civil y su contribución comunitaria en el desarrollo de una sociedad sostenible. Esto no es nada nuevo ya que en países como China, Noruega o Suecia la representación de distintos actores de la sociedad es habitual en la gobernanza de las organizaciones públicas.
Para nuestro país esta relación de co-participación social ni siquiera forma parte de una conversación pública seria, sino que más bien se deja en aspectos testimoniales, es decir, se generan instancias de participación ciudadana de forma simbólica para cumplir con las formalidades exigidas en la ley. Ejemplo de aquello es el paso elevado de la ruta 9 (cruce de la muerte) en donde se han cumplido con los protocolos de consultas ciudadanas, no obstante, la poca participación quita confiabilidad a todo el proceso. Otro ejemplo de la desconexión de la política pública con el quehacer social actual es la adjudicación de la licitación de la Política de Fomento Productivo, primero por los acontecimientos actuales que pueden dejar sin validez cualquier estudio realizado en este periodo y segundo la inexperiencia del entorno social y público de los encargados de construir este instrumento.
En definitiva, el Estado requiere urgentemente ser reformado para asegurar la eficiencia del gasto público. Chile cambio y el Estado actual no cumple con las expectativas y exigencias de este nuevo país. Este punto no se refiere a achicar el Estado, al contrario, tiene que ver con fortalecer su accionar y hacerlo más eficiente con funcionarios públicos dedicados a la labor pública y no ha robustecer sus billeteras y su estado de bienestar particular.