El Seremi de Hacienda de Magallanes y de la Antártica Chilena, Álvaro Vargas Riquelme, destacó dos iniciativas que, durante el mes de mayo, tendrán movimiento en el Congreso, se refiere a los proyectos de Royalty a la Gran Minería y de Regiones Más Fuertes, los que buscan entregar mayor autonomía y descentralización financiera a las regiones. Actualmente, los ingresos que manejan los gobiernos subnacionales representan
un 17% del total, comparado con un 27% en los países de la Organización, en el caso de que los proyectos de Royalty Minero y Regiones Más Fuertes sean aprobados por el Congreso, la cifra en el país subiría al 19%.
En cuanto al detalle de las iniciativas, el proyecto de Royalty, viene a cambiar la tributación de la gran minería del cobre, estableciendo que US$ 450 millones de la recaudación esperada se invertirán en aumentar las capacidades financieras y de gestión de los gobiernos regionales y municipios, a través de tres mecanismos; el primero a través de Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, por US$ 225 millones a beneficio de los Gobiernos Regionales y que serán distribuidos según los criterios del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), un segundo Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial, por US$ 170 millones a favor de las comunas más vulnerables que presentan una mayor dependencia al Fondo Común Municipal (FCM) y por ultimo el Fondo Comunas Mineras, por US$ 55 millones para aquellos municipios que mantengan dentro de sus territorios faenas relacionadas directamente con la actividad minera.
En el caso de la Región de Magallanes, indica el Seremi Álvaro Vargas, se distribuirían recursos por un total de $10.721 millones, los que beneficiarán tanto al Gobierno Regional y la mayoría de las comunas de la zona. Si este monto se divide por la población existente, el aporte sería de $60.155 per cápita. Como ejemplo, el municipio de Natales recibiría $319 millones, Porvenir $283 millones, Cabo de Hornos $257 millones y Primavera $250 millones.
Por su parte, el Seremi de Minería de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Juan Montecinos, destaca que este proyecto viene a solucionar un problema histórico de la minería en Chile, cual es que la renta que deja la extracción de un mineral tan importante como el cobre, salvo la utilidad que deja la estatal Codelco, no iba a arcas fiscales. Destacando, además, que la opción del Gobierno ha sido distribuir estos dineros directamente a los territorios mediante los aportes señalados a los Gobiernos Regionales y comunales. Lo anterior es de vital importancia teniendo en cuenta que se trata de recursos naturales no renovables, pero que son esenciales en la elaboración de equipos de producción y uso de energías limpias para combatir el cambio climático.
En ese orden, agrega que en materia minera no solo se aspira a entregar un insumo, como cobre, litio u otros, que sirva para la producción de energías renovables, sino que además se está trabajando para que la extracción de esos minerales apunte a la carbono neutralidad, a través del reemplazo de las fuentes de energía que hoy se ocupan en la industria minera, dando por ejemplo, un papel preponderante como combustible de los camiones mineros y otros equipos, al hidrógeno verde, en cuya producción a Magallanes le corresponderá un rol muy relevante.
Mientras que el proyecto de Regiones Más Fuertes se estructura sobre tres ejes, y cada uno agrupa nuevas herramientas de gestión, competencias, habilitaciones y mejoras a la institucionalidad actual, realizando un cambio sustantivo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), y otras transferencias del Gobierno Central, otorgando mayor autonomía y flexibilidad presupuestaria a los Gobiernos Regionales para decidir sobre el destino de sus ingresos, junto con establecer un régimen financiero propio, con mejores instrumentos de gestión presupuestaria, asimismo otorga mejores herramientas de responsabilidad y disciplina fiscal, así como herramientas que fortalecen la rendición de cuentas, la transparencia en el manejo de los recursos y la participación ciudadana para resguardar la probidad en la función pública regional.