En el marco de la Semana Social se realizó en Punta Arenas un conversatorio por los 50 años de la Vicaría de la Solidaridad, instancia que reunió a quienes fueron parte del trabajo de defensa de los derechos humanos en Magallanes durante la dictadura, junto a representantes de la Iglesia y del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
El sacerdote Marcos Buvinic fue el encargado de entregar parte del contexto histórico, recordando que tras el golpe de Estado distintas iglesias se organizaron en el Comité Pro Paz para responder a las situaciones de represión que se estaban viviendo en el país. Luego de su disolución a fines de 1975, el cardenal Raúl Silva Henríquez creó la Vicaría de la Solidaridad en enero de 1976.
En Punta Arenas, este trabajo tuvo su propia expresión a través de la Pastoral de Derechos Humanos, impulsada por el entonces sacerdote Alejandro Goic y que posteriormente tuvo como encargada durante diez años a la trabajadora social Paulina Echeverría.
La labor no se limitó a la defensa jurídica. También hubo acompañamiento a las familias, atención psicológica y espiritual, ayuda material y una importante red de voluntarios y profesionales. Buvinic recordó además a las mujeres que sostenían nueve comedores solidarios en distintas parroquias de Punta Arenas y que, en sus palabras, “multiplicaban el pan”.
Paulina Echeverría recordó que ese trabajo nunca fue individual. “El problema que tenía uno era de todos. Eso es solidaridad”, señaló.
Durante su intervención relató parte del trabajo realizado con familias de exiliados y con personas relegadas a Magallanes. Recordó especialmente el caso de jóvenes que fueron enviados al extremo austral sin conocer su destino y sin contar con familiares o redes de apoyo en la zona.
Uno de ellos fue destinado a Cameron, en Tierra del Fuego. Echeverría contó que acudió a una radio para pedir ropa de abrigo para los relegados y que, al regresar horas más tarde, encontró gran parte de su oficina llena de ropa nueva entregada por la comunidad. Tiempo después, cuando acompañó al joven al aeropuerto, este la abrazó y le preguntó: “¿Y qué puedo hacer yo?”, buscando alguna manera de devolver la ayuda que había recibido.
La jornada también contó con la intervención de Baldovino Gómez, profesor de Historia, investigador, ex preso político de Isla Dawson y del Estadio Fiscal y actual presidente de la Agrupación Estadio Fiscal.
Gómez realizó uno de los relatos más duros de la jornada al recordar la represión vivida en Magallanes desde el mismo 11 de septiembre de 1973. Habló de detenciones, allanamientos, centros de reclusión y torturas, pero también de una característica particular de Punta Arenas: era una ciudad pequeña donde muchas veces quienes fueron víctimas conocían a quienes participaron posteriormente de la represión.
“Acá nunca hubo una guerra”, enfatizó al referirse a los consejos de guerra realizados durante la dictadura.
También recordó el papel que asumió la Iglesia durante aquellos primeros meses, cuando las familias de los detenidos buscaban información y apoyo. “La Iglesia no miró para otro lado”, afirmó Gómez, quien además advirtió sobre los intentos de negar o relativizar actualmente lo ocurrido durante ese período.
El director regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Christian Figueroa, recogió esa historia para abordar el desafío que significó para el Estado asumir, con el retorno de la democracia, responsabilidades que durante la dictadura habían recaído principalmente en iglesias, organizaciones sociales, familiares y profesionales.
Figueroa destacó la importancia que tuvo el trabajo de documentación realizado por la Vicaría y cómo esos antecedentes terminaron siendo relevantes para avanzar posteriormente en verdad, justicia y reparación.
“La democracia debe transformar esa solidaridad en garantía”, señaló, haciendo énfasis en que la protección de los derechos humanos no puede depender solamente de la voluntad de quienes decidan ayudar, sino que constituye una obligación del Estado.
El cierre estuvo a cargo del obispo de Punta Arenas, Óscar Blanco, quien sostuvo que recordar los 50 años de esta experiencia no significa quedarse únicamente mirando el pasado.
El obispo llamó a observar también las situaciones que enfrenta actualmente la sociedad, mencionando la pobreza, la exclusión, la violencia, la migración, la soledad y la precariedad laboral, y planteó que la memoria de la Vicaría debe servir también para preguntarse cómo se responde hoy frente a quienes necesitan acompañamiento.
El encuentro finalizó con una oración por quienes sufrieron la represión, por quienes participaron en la defensa de los derechos humanos y para que hechos como los recordados durante la jornada no vuelvan a repetirse en el país.
