Esta semana la gran noticia debía ser la aprobación de la gran reforma tributaria del gobierno, la ley
miscelánea o ley tutifruti fue aprobada en general por el exiguo margen de un voto en la sala del
Senado. Sin embargo, el despliegue en los medios del todopoderoso ministro de Hacienda se vio
opacada por hechos diversos que constituyen literalmente autogoles, en jerga mundialera. Lo primero
fue la explosiva denuncia relacionada con niños migrantes de Haití. Un pre informe de CGR, hábilmente
filtrado a los medios, generó una agria ofensiva en contra de la administración anterior. Medios afines al
oficialismo desplegaron ácidas editoriales, se llegó incluso a denunciar por parte de un diputado ultra
conservador, la existencia de una red de tráficos de órganos. Varios días de declaraciones incendiarias, e
incluso amenazas de nuevas acusaciones constitucionales, en contra de ex autoridades. Fue una
seguidilla de enérgicas declaraciones, y sacadas al pizarrón a autoridades de migraciones y del ministerio
del interior de la administración Boric. ¿Todo para qué?, a escasos días de iniciado el bulo mediático,
tanto las autoridades de la PDI, como autoridades de Migraciones ratificaron que no existían menores
perdidos, de la lista entregada por la CGR. Organizaciones de migrantes haitianos denunciaron que nadie
les consultó siquiera sobre la materia, ni se intentó ubicar a los padres de los niños mencionados. Todo
el escándalo terminó en una tibia declaración del ministro del interior, manifestando que la acción
mostraba el interés del gobierno en los menores migrantes. Una verdadera cortina de humo fallida. Se
comenta que tenía el propósito de tapar en los medios, el chascarro del puente sobre la zanja en la
frontera norte. Episodio vergonzoso que fue disimulado en la pauta de los medios, en su mayoría afines.
Pero como dijo alguna vez la Presidenta Bachelet, las cosas siempre pueden ser peores. La ofensiva
que pretende demoler todo rastro de la extinta administración anterior, con sendas acusaciones
constitucionales en contra de ex autoridades, tiene los días contados. Surgida como iniciativa de los
sectores más extremos del oficialismo, la acusación en contra del ex ministro de Hacienda Nicolás Grau
logró aprobarse en la sala de la Cámara de Diputados, en virtud a la alianza del gobierno con el partido
populista de Parisi. Tanto en el origen como en la tramitación de la acusación constitucional, el ala
moderada del sector conservador, ha expresado su desacuerdo con esta acusación en particular, y con la
práctica de recurrir a este mecanismo de última ratio para obtener dividendos políticos. El nivel de
sectarismo manifestado por los patrocinantes, ha llegado al extremo de no estar presentes en las
exposiciones que diversos expertos constitucionalistas hicieron en la sala. Pero todo indica que en el
senado que debe pronunciarse como jurado, la situación será distinta, debido a que en ese órgano no
existen representantes del partido populista de Parisi.
Un nuevo paso en falso, vino como resultado de un fallo del Tribunal Constitucional, que
pronunciándose sobre la ley de Aula Segura declaró inconstitucional: 1. La norma que permitía a
Carabineros o la PDI revisar las pertenencias y vestimentas de los estudiantes sin orden previa de un
fiscal. 2.-Se rechazó la inhabilitación para acceder a la gratuidad en la educación superior para quienes
hubieran sido condenados por delitos graves. 3.-Se invalidó la prohibición del uso de prendas o
accesorios que impidieran la identificación facial o que hicieran apología a la violencia. 4.-Se objetaron
normativas que sancionaban la participación en tomas o paralizaciones. Las argumentaciones esgrimidas
en el parlamento en la tramitación de esta ley, por parte del progresismo, fueron desechadas por el
gobierno, el que hizo valer su mayoría transitoria aprobando la legislación. Finalmente, en un hecho
notable, el TC rechazó las normas que atentan contra el debido proceso, la presunción de inocencia y el
acceso a derechos sociales como la educación.
Otro flanco entre sus propios adherentes se abrió en la tramitación de la denominada “Ley anti
encapuchados”, que busca tipificar como delito el uso de buzos con capucha, gorros y otros elementos
de vestir que puedan ser usados para ocultar el rostro. Un diputado ultra conservador que ha sido
artífice de la estrategia de guerra total, refiriéndose a personas que ocultan su rostro en las
manifestaciones, los trató de «verdaderos humanoides». Alzando la voz preguntó a la sala: «¿Que vamos
a seguir tolerando que estos humanoides que atacan a la sociedad continúen protegidos por el
anonimato? Fueron vanos los intentos de la vice presidenta de la Cámara Ximena Ossandon para que el
diputado moderara su lenguaje. Cada vez más encendido y agresivo reiteró sus dichos y desafió a que lo
pasaran a la comisión de ética.
Lamentablemente ha sido reiterado en el sector conservador extremo de nuestro país, el uso de un
lenguaje denigrante para referirse a grupos completos de la sociedad. Recordemos nada más, cuando un
connotado dirigente político trató de “Parásitos” nada menos que a un millón de funcionarios públicos.
Todo esto deja un raro y desagradable tufillo a las prácticas del nazismo, que, fundado en la
discriminación racial, pero también social y política, justificó su exterminio, calificando a las personas
como infra humanos. Con un antecedente mucho más cercano, en la dictadura civil militar chilena. Para
la anécdota varios analistas recordaron los “martes de Merino”. El espacio ante los medios que cada
semana brindaba el ex Almirante Merino, donde se explayaba sobre diversos temas. Una de las más
recordadas fue en la que califica a los bolivianos como “auquénidos metamorfoseados”. Frase que en el
contexto dictatorial fue muy celebrada. Era la época de las portadas de diarios como “Exterminados
como ratones”, refiriéndose a las masacres de opositores perpetradas por el régimen.
Cuando el discurso político se dirige a estigmatizar, a caricaturizar o a deshumanizar a los
adversarios, la sociedad vuelve a vivir las fracturas que ha experimentado en décadas pasadas. No
parece razonable, que un sector que se alzó con el triunfo en las elecciones presidenciales de segunda
vuelta, pretenda extremar las diferencias e incendiar la pradera. La lógica militar de amigo-enemigo, sólo
conduce a un curso de enfrentamiento, lo que no se condice con nuestro estado de derecho.
Es de esperar que los tropezones de esta semana, que concluyeron con el propio presidente en un
absurdo entrevero en su visita a la Araucanía, hagan reflexionar acerca de la importancia de la
estabilidad social y política. No le hace bien al gobierno vivir en belicosidad permanente, ni le hace bien
a Chile, perder tiempo y energía en reyertas de este tipo, siendo tan grandes y profundos los problemas
que nos aquejan.
Ernesto Sepúlveda Tornero
