Se acerca el 30 de noviembre, fecha especialmente relevante para la renovación
de las contratas en la Administración Pública. En Magallanes, donde el empleo
estatal tiene una importancia fundamental para la economía regional y la
prestación de servicios esenciales, esta fecha adquiere especial significado para
cientos de funcionarios que, pese a llevar años desempeñando funciones
permanentes, enfrentan nuevamente la incertidumbre sobre su continuidad
laboral.
Según antecedentes del Censo 2024, la administración pública y defensa
representa el 9,3% de la ocupación regional, prácticamente el doble del promedio
nacional de 4,6%. En una región marcada por su aislamiento y dispersión
territorial, el empleo público no solo constituye una importante fuente de trabajo,
sino que resulta indispensable para garantizar derechos y asegurar la presencia
del Estado.
Este año, además, el escenario resulta particularmente complejo. Durante 2026, la
Corte Suprema ha dictado una serie de fallos que evidencian una interpretación
progresivamente más restrictiva del principio de confianza legítima, que durante
años permitió proteger a los funcionarios públicos frente a desvinculaciones
arbitrarias.
¿Estamos presenciando el principio del fin de la confianza legítima en el
empleo público?
La pregunta no parece exagerada, aunque sería prematuro responderla
afirmativamente.
La confianza legítima reconoce que las sucesivas renovaciones de una contrata
pueden generar una expectativa razonable de continuidad laboral. Nunca significó
inamovilidad ni empleo de por vida, sino que la Administración no podía
desconocer arbitrariamente una expectativa que ella misma había generado.
Sin embargo, la jurisprudencia reciente ha venido restringiendo su alcance. En los
fallos roles Nº 16.765-2026 y Nº 10.537-2026, la Corte Suprema ha otorgado
especial relevancia no solamente a los años de servicio, sino también a la calidad
jurídica y semejanza de las funciones desempeñadas.
Este criterio resulta discutible, pues los cambios de funciones o responsabilidades
muchas veces responden a decisiones de la propia Administración. Resultaría
contradictorio que esa flexibilidad terminara convirtiéndose en un
argumento para desconocer la continuidad laboral que el propio Estado ha
mantenido durante años.
A ello se suma que, incluso cuando existe confianza legítima, la Corte ha admitido
desvinculaciones fundadas en reorganizaciones institucionales, restricciones
presupuestarias acreditadas o incumplimientos reiterados de jornada. En el fallo
rol Nº 6.276-2026, consideró que determinados antecedentes penales y
disciplinarios graves podían impedir la configuración de una confianza legítima
digna de protección.
El resultado es preocupante: se hacen más exigentes los requisitos para
adquirir esta protección y, simultáneamente, se amplían las circunstancias
que permiten justificar una desvinculación.
Con todo, sería incorrecto afirmar que la confianza legítima ha desaparecido.
Durante el mismo año, la Corte Suprema también ha rechazado desvinculaciones
sustentadas en razones genéricas o insuficientemente acreditadas, reafirmando la
exigencia de fundamentos objetivos y verificables.
Pero detrás de esta discusión jurisprudencial existe una contradicción estructural
que el Estado chileno ha evitado resolver durante décadas. El régimen de
contrata fue concebido como una modalidad excepcional y transitoria, pero
se ha transformado en un mecanismo habitual para satisfacer necesidades
permanentes de los servicios públicos.
Esta contradicción adquiere especial relevancia en Magallanes, donde la
continuidad de los servicios públicos resulta fundamental para sus habitantes. El
Estado exige compromiso y permanencia en las funciones, pero ofrece una
estabilidad laboral que debe volver a discutirse cada año.
La confianza legítima surgió precisamente como respuesta frente a esa
precariedad. Por ello, restringir progresivamente su aplicación, sin modificar las
condiciones que justificaron su reconocimiento, supone debilitar uno de los
principales mecanismos de protección frente a un problema que permanece
intacto.
Naturalmente, la Administración necesita facultades para reorganizar sus servicios
y administrar responsablemente los recursos públicos. Pero esas potestades no
pueden confundirse con una autorización para actuar arbitrariamente.
A pocos días del 30 de noviembre, la discusión no debería limitarse a cuántos
funcionarios serán renovados o desvinculados, sino que debería llevarnos a
preguntarnos hasta cuándo seguiremos aceptando que el propio Estado recurra a
relaciones laborales transitorias y esencialmente precarias para satisfacer
necesidades que, en los hechos, son permanentes.
Porque el problema de fondo no es que los funcionarios públicos pretendan
permanecer indefinidamente en sus cargos. Es que el propio Estado ha
convertido en permanente lo que jurídicamente insiste en llamar transitorio.

