La candidata a diputada por Magallanes, Verónica Aguilar, planteó la necesidad de crear un sistema inclusivo post escolar que permita a las personas con discapacidad continuar su educación y formación más allá de los 26 años, criticando el actual límite etario que impide que los establecimientos sigan recibiendo subvención estatal.
“Hoy en Chile, cuando una persona con discapacidad cumple 26 años, el Estado simplemente deja de financiar su educación. Los colegios especiales pierden la subvención y las familias quedan solas, sin opciones reales de continuidad educativa o de formación laboral”, explicó Aguilar.
Según la normativa vigente —contenida en el Decreto con Fuerza de Ley N°2 de 1998 y la Ley General de Educación— la subvención escolar solo se entrega hasta los 26 años, incluso en establecimientos de educación especial o programas de integración. “Es una regla administrativa que ignora la realidad de las personas con discapacidad, que muchas veces requieren más tiempo para aprender y desarrollarse. No se trata de un privilegio, sino de garantizar un derecho básico”, añadió la candidata.
Aguilar subrayó que en Magallanes la situación es aún más compleja por la falta de instituciones que ofrezcan programas de formación laboral adaptada. “Muchas familias deben recurrir a soluciones privadas, muy costosas, o resignarse a que sus hijos queden en casa sin acceso a educación ni redes de apoyo. Eso no es inclusión, es abandono”, enfatizó.
La candidata también destacó el esfuerzo que realizan organizaciones locales:
“En Magallanes existen talleres protegidos y corporaciones que, con mucho esfuerzo —sobre todo de las familias—, continúan con la labor de educación, capacitación, cuidado y apoyo. Sin embargo, no reciben subvención estatal y deben sostenerse a través de proyectos o voluntades. Esto debe cambiar. Por eso propongo revisar esta ley y crear un sistema inclusivo post escolar, que reconozca y financie el trabajo que ya se hace desde la comunidad”, sostuvo Aguilar.
Finalmente, planteó que se requiere avanzar hacia una reforma legal que elimine el tope de edad y que articule un sistema permanente de educación inclusiva con programas del SENCE y la educación técnico-profesional.
“El derecho a la educación no se termina a los 26 años. El Estado tiene que acompañar a las personas con discapacidad a lo largo de toda su vida. Eso también es construir una sociedad justa y solidaria”, concluyó.