Hace unos d\u00edas, 5 de noviembre, durante una marcha estudiantil pac\u00edfica en nuestra ciudad
de Punta Arenas, vimos una escena que para muchos \u201cno tiene nada de malo\u201d, pero que
esconde un mensaje complicado. En la entrada del Gobierno Regional, protegido por un
fuerte contingente de Carabineros, el Seremi de Seguridad P\u00fablica se dedic\u00f3 a tomarles
fotos con su celular a los j\u00f3venes que se manifestaban.
Quienes defienden esto diciendo que \u201cla autoridad solo hac\u00eda su pega\u201d miran el asunto con
mucha ingenuidad. El rol de un Seremi es la gesti\u00f3n pol\u00edtica de la seguridad, no actuar
como fot\u00f3grafo de inteligencia en terreno. No hablamos de un funcionario cualquiera;
hablamos de una autoridad con formaci\u00f3n militar en un cargo civil. En ese mundo, el
registro visual no es para el recuerdo familiar: es para levantar informaci\u00f3n sobre un
\u201cobjetivo\u201d y marcar territorio. Al congelar los rostros de los manifestantes desde el blindaje
policial, la c\u00e1mara se convierte en una herramienta de intimidaci\u00f3n y de sospecha.
Detr\u00e1s de ese obturador opera una estrategia m\u00e1s profunda: el miedo del poder a la fuerza
colectiva. Al fotografiar de forma individual a los estudiantes, la autoridad busca disolver la
potencia de la marcha y transformarla en una simple sumatoria de personas bajo sospecha.
El Estado intenta fragmentar y aislar al movimiento social porque le teme al disenso
leg\u00edtimo. Al reemplazar la palabra por el lente, el poder pol\u00edtico renuncia de manera
deliberada a construir consensos y salta directo a la l\u00f3gica penal del control de masas.
Si el Estado tiene tecnolog\u00eda de sobra y centrales de c\u00e1maras para monitorear las calles de
forma profesional, \u00bfpara qu\u00e9 pararse en primera l\u00ednea a apuntar con el tel\u00e9fono a
estudiantes? La respuesta es simple: para disuadir a trav\u00e9s del miedo al \u201carchivo\u201d estatal.
En vez de abrir las puertas para escuchar propuestas, se prefiri\u00f3 la parada de cuartel y tratar
un problema social como si fuera un asunto netamente criminal. \u00bfEs esa la se\u00f1al de di\u00e1logo
que nuestras autoridades le quieren dar a la juventud magall\u00e1nica?
Y qu\u00e9 dice la ley: Los funcionarios p\u00fablicos solo pueden hacer lo que la ley les permite
expresamente (Art\u00edculos 6 y 7 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Chile). Y seg\u00fan la ley, un
Seremi tiene funciones pol\u00edticas y administrativas de planificaci\u00f3n, coordinaci\u00f3n y
presupuesto sectorial. No cuenta con facultades legales de fiscalizaci\u00f3n policial,
inteligencia, ni de control del orden p\u00fablico para realizar registros individuales de identidad
o seguimiento de manifestantes.
Tambi\u00e9n, el art\u00edculo 20 de la Ley 19.628 sobre Protecci\u00f3n de la Vida Privada mandata que
los organismos p\u00fablicos solo pueden tratar datos personales en las materias de sus
respectivas competencias y con fines legales. Si la autoridad captura im\u00e1genes para crear un
registro, identificar personas o realizar un perfilamiento sin un marco legal que lo faculte,
infringe directamente las normativas vigentes de protecci\u00f3n de datos. Y si la marcha est\u00e1
compuesta por escolares o estudiantes menores de 18 a\u00f1os, la situaci\u00f3n es a\u00fan m\u00e1s estricta:
La Ley 21.430 sobre Garant\u00edas y Protecci\u00f3n Integral de los Derechos de la Ni\u00f1ez y la<\/p>\n\n\n\n
Defensor\u00eda de la Ni\u00f1ez proh\u00edben de forma estricta que instituciones o autoridades capturen,
almacenen o utilicen im\u00e1genes de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes sin el consentimiento
expl\u00edcito de sus padres o tutores legales. Entonces, \u00bfPor qu\u00e9 y para qu\u00e9 el seremi de
Seguridad P\u00fablica, Ronald L\u00f3pez, viol\u00f3 la ley?
Sergio Reyes Tapia.
Exseremi de Bienes Nacionales de Magallanes.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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