El dise\u00f1o en seguridad p\u00fablica esbozado por el Presidente Jos\u00e9 Antonio Kast encierra una
anomal\u00eda que la opini\u00f3n p\u00fablica no puede soslayar. Su reiterada insistencia en consagrar
constitucionalmente \u201cel deber ineludible del Estado de proteger a las personas\u201d \u2014un
precepto ya consagrado en el ordenamiento vigente\u2014 esta reiteraci\u00f3n, no responde a un
descuido t\u00e9cnico de sus asesores. En pol\u00edtica, la redundancia es una operaci\u00f3n de anclaje
doctrinal. El verdadero objetivo no es normativo, sino para tomar el peso a la justicia y
elevar la seguridad al rango de Deber Supremo para subordinar las libertades civiles,
erosionar el debido proceso y someter los derechos sociales al poder punitivo del Estado.
Esta estrategia busca consumar, ahora por la v\u00eda ejecutiva, la idea que los republicanos
trataron de imponer, y que el electorado ya rechaz\u00f3, en el \u00faltimo plebiscito constitucional.
No estamos ante una soluci\u00f3n t\u00e9cnica contra el crimen, sino ante una sutil reconfiguraci\u00f3n
ideol\u00f3gica orientada al control social. Es, en t\u00e9rminos estrictos, la degradaci\u00f3n deliberada
del Estado de Derecho.
La advertencia del rector Carlos Pe\u00f1a sobre la mimetizaci\u00f3n de los republicanos chilenos
con sus hom\u00f3logos estadounidenses cobra hoy una vigencia alarmante. La proximidad de la
cumbre de la ultraderecha internacional en Santiago, programada para este 4 de septiembre,
devela la matriz geopol\u00edtica de esta agenda. El manifiesto de convocatoria de dicho
encuentro ya califica al Foro de S\u00e3o Paulo, al Grupo de Puebla y a la Internacional
Progresista como \u00ablas internacionales del crimen organizado\u00bb.
Esta ret\u00f3rica se alinea con las directrices de la reciente cumbre de Washington, donde la
administraci\u00f3n de Donald Trump, a trav\u00e9s de figuras como Marco Rubio, ha declarado una
cruzada global para ilegalizar y \u201caplastar\u201d a la izquierda bajo la etiqueta de terrorismo
internacional. Bajo este prisma global se comprende el verdadero peligro de la mega
reforma de seguridad local. El proyecto pretende tipificar penalmente la pertenencia de
\u201calguien\u201d, a organizaciones criminales que atenten contra la democracia.
Por tanto, el Congreso debe encender las alarmas. Sin salvaguardas expl\u00edcitas, corremos el
riesgo de implantar una l\u00f3gica penal que persigue a alguien por qui\u00e9n es o qu\u00e9 piensa, no
por lo que hizo. El riesgo latente es la resurrecci\u00f3n de los tipos penales capaces de mutar en
delitos de opini\u00f3n o de identidad. Es el fantasma de la \u201cLey Maldita\u201d de 1948: la utilizaci\u00f3n
del aparato estatal para clausurar el conflicto social leg\u00edtimo, criminalizando al
sindicalismo, a los movimientos sociales y a la disidencia pol\u00edtica bajo el r\u00f3tulo de
\u201camenaza democr\u00e1tica\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Mientras el Ejecutivo despliega este andamiaje discursivo, las pol\u00edticas estructurales de
prevenci\u00f3n social, reinserci\u00f3n y recuperaci\u00f3n urbana permanecen en el abandono. En su
reemplazo, el gobierno propone intervenciones focalizadas mediante toques de queda por
cuadrantes o barrios. Esta focalizaci\u00f3n no es eficiencia jur\u00eddica; es la normalizaci\u00f3n del
estado de excepci\u00f3n permanente en los sectores m\u00e1s vulnerables.
La militarizaci\u00f3n del orden p\u00fablico civil a trav\u00e9s de estas herramientas excepcionales
carece de dise\u00f1o t\u00e9cnico y de legitimidad democr\u00e1tica. Las Fuerzas Armadas no poseen
formaci\u00f3n en control de orden civil. Forzar su despliegue en barrios determinados no
reduce el delito; solo pavimenta el camino hacia violaciones sistem\u00e1ticas de los derechos
humanos. La seguridad es un bien p\u00fablico indispensable, pero cuando se utiliza como
coartada ideol\u00f3gica para el control social, la libertad termina y comienza: La caza de brujas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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