Amigos y amigas, la semana que concluy\u00f3 por fin vimos avances en la agenda legislativa de seguridad. En medio de los ecos tr\u00e1gicos del asesinato de los carabineros de Ca\u00f1ete, la c\u00e1mara y el senado, suspendieron la semana distrital, para continuar en funciones. En lo concreto, la C\u00e1mara de Diputados y Diputadas, aprob\u00f3 el proyecto de ley que establece las normas generales sobre el uso de la fuerza (RUF) dirigidas a las polic\u00edas y las Fuerzas Armadas. Este proyecto fue aprobado por 144 votos a favor, sin abstenciones ni votos en contra. Entre
los aspectos m\u00e1s escabrosos de la tramitaci\u00f3n, estuvo la discusi\u00f3n acerca de la aplicaci\u00f3n de torturas, s\u00ed, ley\u00f3 bien. <\/p>\n\n\n\n
Se discuti\u00f3 si se prohib\u00eda o no, la aplicaci\u00f3n de torturas, \u00f3sea tormentos a las personas. El Pleno
finalmente, aprob\u00f3 -con apenas tres votos de diferencia- la prohibici\u00f3n expl\u00edcita de la tortura. La derecha entera estuvo porque no se prohibiera la tortura, y, asimismo, parlamentarios que alguna vez fueron de la DC.
Estos argumentaban, que era para facilitar la labor de las instituciones armadas, y no estar \u201cpreocupados de los organismos de DDHH\u201d.
En un dejav\u00fa hist\u00f3rico, el sector conservador chileno, pretendi\u00f3 reponer tambi\u00e9n la justicia militar, como en aquellos tiempos del s\u00faper poderoso fiscal Torres Silva. Una justicia especial a la medida, que permiti\u00f3 abusos y sentencias ominosas, contra civiles, sin garant\u00edas procesales de ning\u00fan tipo. Y que, por el contrario, garantiz\u00f3 la impunidad del tirano Pinochet y de todo su alto mando. En definitiva, la indicaci\u00f3n promovida por la oposici\u00f3n que buscaba devolver a la justicia militar los casos en que militares o polic\u00edas incurren en un delito vinculado con las RUF, fue declarada inadmisible por 72 votos a favor y 71 en contra, m\u00e1s una abstenci\u00f3n.
Dentro de las normas que el sector conservador logr\u00f3 imponer, esta la que permite disparar con armas no letales, a la parte superior del cuerpo, incluido cabeza y rostro. Una norma muy discutida, por estar autorizando impl\u00edcitamente, causar lesiones como las sufridas por miles de personas durante las movilizaciones sociales de 2019.
La norma define el uso de la fuerza como aquella ejercida por parte de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad P\u00fablica para dar eficacia al derecho. Esto en virtud del deber del Estado de resguardar y garantizar el orden y la seguridad p\u00fablica interior, conforme a la Constituci\u00f3n y las leyes. Se establece los principios que deben guiar a los funcionarios que ejercen el monopolio de las armas, principio de legalidad, de necesidad, responsabilidad y racionalidad. Para el adecuado uso de la fuerza, los uniformados deben cumplir con los deberes de precauci\u00f3n, identificaci\u00f3n, advertencia y gradualidad o progresi\u00f3n. El uso de armamento potencialmente letal, procede solo cuando resulten insuficientes las medidas establecidas en las etapas
previas. Y ser\u00e1 justificada en los casos de cumplimiento del deber, leg\u00edtima defensa, entre otras circunstancias.
Dentro de las medidas que favorecen a los uniformados, la norma dispone que mientras no concluya el sumario administrativo, quienes hagan uso de la fuerza en los t\u00e9rminos descritos en la ley, no podr\u00e1n ser objeto de medidas disciplinarias, que impliquen el licenciamiento, baja o retiro temporal. O que impliquen una privaci\u00f3n total o parcial de la remuneraci\u00f3n o un cese del empleo que sirve en la respectiva instituci\u00f3n.
Otro avance legislativo, fue la creaci\u00f3n del nuevo Ministerio de Seguridad, que fue aprobado en la C\u00e1mara de Diputados, en general, por 116 votos a favor, 22 votos, en contra, y otros cuatro se abstuvieron. La nueva cartera estar\u00e1 a cargo del resguardo, mantenci\u00f3n y promoci\u00f3n de la seguridad p\u00fablica y el orden p\u00fablico, la prevenci\u00f3n del delito y la protecci\u00f3n de las personas en materias de seguridad. De ella depender\u00e1n Carabineros y la Polic\u00eda de Investigaciones de Chile. Parad\u00f3jicamente, pese a su altisonante discurso en pro de la seguridad, tambi\u00e9n esta norma fue rechazada por parlamentarios conservadores, pese a que proyecto se inici\u00f3 durante el gobierno del difunto presidente Pi\u00f1era. La norma pasa a tercer tr\u00e1mite en el senado. Se rechaz\u00f3 la norma relativa al nombramiento de SEREMIS de seguridad en cada regi\u00f3n, en coordinaci\u00f3n con los<\/p>\n\n\n\n
delegados presidenciales y los ministros de las carteras espec\u00edficas. Tambi\u00e9n, el sector conservador rechaz\u00f3 la reorganizaci\u00f3n del ministerio del interior, y la norma que establec\u00eda que el ministerio deb\u00eda coordinar la labor pol\u00edtica de los ministerios y de las subsecretar\u00edas regionales, en la gesti\u00f3n del gobierno. Un rechazo que se explicar\u00eda por la intenci\u00f3n de la oposici\u00f3n de bloquear cualquier fortalecimiento, de la figura de la ministra Carolina Toh\u00e1, la cual, al igual que sus predecesores, desempe\u00f1a en la pr\u00e1ctica la funci\u00f3n de jefe de gabinete.
La norma se rechaz\u00f3, no obstante, haberse ofrecido entrara en vigencia en pr\u00f3ximo gobierno. Se intentar\u00e1 reponer la norma en comisi\u00f3n Mixta.
Finalmente, otra norma de gran importancia, que se pudo tramitar esta semana, gracias a la postergaci\u00f3n de la semana distrital, es la ley antiterrorista, en discusi\u00f3n en el senado. En sesi\u00f3n del d\u00eda jueves, la sala del Senado despach\u00f3 en su votaci\u00f3n en particular el proyecto de ley que determina conductas terroristas y fija su penalidad. El proyecto pasa a segundo tr\u00e1mite constitucional en la C\u00e1mara de Diputadas y Diputados. La actual norma data de la dictadura en 1984, y pese a que fue modificada en 2010, no ha podido aplicarse en 30 a\u00f1os, dados elementos subjetivos, como el \u201c\u00e1nimo terrorista\u201d, muy dif\u00edcil de acreditar para esta clase de delitos. La nueva norma, tipifica el delito de asociaci\u00f3n terrorista, se establece el concepto de \u201cterrorismo
individual\u201d, adem\u00e1s de fijar sanciones penales para cada tipo. Tambi\u00e9n se aborda penas al financiamiento del terrorismo, se fija una exclusi\u00f3n a los menores de 18 a\u00f1os para ser calificados como terroristas y se dan atribuciones para que los fiscales puedan solicitar a jueces las intervenciones de redes de servicios de telefon\u00eda o datos m\u00f3viles. Tambi\u00e9n se establece, la facultad de que el Ministerio P\u00fablico podr\u00e1 solicitar el \u201csobreseimiento definitivo\u201d para quienes revelen informaci\u00f3n sobre la existencia de actividades terroristas.
Sin lugar a dudas, que la aprobaci\u00f3n de estas normas constituye un avance en la tarea comprometida por el ejecutivo y el parlamento chileno, para enfrentar la crisis de seguridad. Sin embargo, resulta alarmante, el avance de las ideas ultra conservadoras en el parlamento, esto lo vemos, en el hecho de que se haya tenido que discutir si se repon\u00eda los tribunales militares, o que se haya pretendido eliminar la prohibici\u00f3n de la tortura. Estos hechos pol\u00edticos, fraguados al son de un discurso populista, constituyen una seria advertencia para la democracia chilena. Nuestra sociedad no puede hacer o\u00eddos sordos, ante la amenaza de regresi\u00f3n
autoritaria. Al cabo de escasas horas de efectuadas estas votaciones, Chile entero se ha conmovido por la tragedia ocurrida a conscriptos en Putre. Un hecho funesto, que demuestra que es imprescindible el control civil, sobre las instituciones armadas. S\u00f3lo la autoridad electa democr\u00e1ticamente y los tribunales ordinarios de justicia, pueden garantizar la seguridad en nuestras calles, en los cuarteles.
Seamos conscientes de lo que se juega en Chile hoy, el fortalecimiento de las instituciones que combaten la delincuencia, debe ir a la par del control jurisdiccional, y del control civil. En democracia no existe el dilema entre libertad y seguridad. Tenemos derecho como ciudadanos, a exigir que el estado de Chile y sus instituciones nos garanticen a todos, paz y seguridad para desarrollarnos libremente. Nuestra mayor fortaleza para vencer la violencia, la inseguridad, y el crimen organizado, es la sociedad democr\u00e1tica y sus instituciones.
Y nuestro mayor poder, es la fortaleza de nuestras convicciones.
Ernesto Sep\u00falveda Tornero<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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