El caso alega a la falta de acceso a un recurso judicial efectivo para la reparaci\u00f3n por la
confiscaci\u00f3n de la radio, el 11 de septiembre de 1973, en perjuicio de Mario Galetovic
Sapunar, Daniel Ruiz Oyarzo, Carlos Gonz\u00e1lez Jaksic, Oscar Santiago Mayorga Paredes,
Hugo Ren\u00e9 Formantel D\u00edaz y N\u00e9stor Edmundo Navarro Alvarado.
Estas personas formaban parte de la sociedad Ruiz y Compa\u00f1\u00eda Ltda., la cual administraba
y operaba la emisora \u2018La Voz del Sur\u2019 de la ciudad de Punta Arenas, en Chile.
En la audiencia p\u00fablica realizada este 7 de febrero en San Jos\u00e9 de Costa Rica, en el 164\u00b0
per\u00edodo de sesiones del la CorteIDH se escuch\u00f3 las presentaciones hechas por la Comisi\u00f3n
Interamericana de Derechos Humanos, de los representantes del Estado y del estudio
Jur\u00eddico Colombara que representa a los afectados.
Representante de organizaciones de Derechos Humanos de Punta Arenas, como familiares
de las v\u00edctimas del:
Socio propietario y en aquel entonces diputado, Carlos Gonz\u00e1lez,
Socio propietario y locutor Ren\u00e9 Formantel,
socio propietario y periodista Oscar Mayorga y
socio propietario, director y locutor Daniel Ruiz Oyarzo,
se reunieron en el Instituto de DD.HH. para presenciar juntos la Audiencia de este caso.
Mario Galetovic Sapunar, de 92 a\u00f1os, quien representa a la sociedad, puntualiz\u00f3 en su
declaraci\u00f3n que \u00abLa usurpaci\u00f3n de los bienes de la radio, el da\u00f1o que se nos produjo en
nuestros trabajos, fuimos detenidos, pasamos largos periodos en campos de
concentraci\u00f3n, en cuarteles militares, en la c\u00e1rcel y todos los sufrimientos inenarrables
como consecuencia de la brutalidad a la que fuimos sometidos f\u00edsica y piscol\u00f3gicamente,
creo que ser\u00e1n debidamente considerados por la honorable Corte Interamericana de
Derechos Humanos y tendremos una reparaci\u00f3n justa en lo pecuniario, en lo social y en lo
moral\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
En la oportunidad, los representantes del Estado de Chile defendieron la prescripci\u00f3n del
caso, a pesar de reconocer la violaci\u00f3n de los derechos humanos y expresar su solidaridad
con Galetovic y las otras v\u00edctimas del caso por las prisiones pol\u00edticas y torturas, as\u00ed como
por el impacto personal y familiar.
Los Hechos
El 11 de septiembre de 1973, fecha del golpe c\u00edvico y militar en Chile, cuando la
radioemisora terminaba de transmitir el discurso del entonces presidente Salvador
Allende Gossens antes de su muerte, fuerzas del Ministerio de Defensa tomaron posesi\u00f3n
de las instalaciones de la radio, y los socios fueron llevados a distintos centros de
detenci\u00f3n, donde fueron torturados, algunos de ellos por casi dos a\u00f1os.
Mediante Decreto No. 1163 de 1974 del Ministerio del Interior se declar\u00f3 disuelta la
sociedad y se orden\u00f3 pasar la radioemisora a dominio del Estado de Chile. En 1975, la
dictadura c\u00edvico-militar transfiri\u00f3 a t\u00edtulo gratuito a la Radio Nacional de Chile todos los
bienes que hab\u00edan sido de propiedad de la Sociedad Ruiz y Compa\u00f1\u00eda. Posteriormente, las
v\u00edctimas presentaron una demanda judicial solicitando se declarara la nulidad de derecho
p\u00fablico de los decretos que les hab\u00edan afectado.
El 24 de noviembre de 1997 el 7 Juzgado Civil de Santiago emiti\u00f3 sentencia a favor de la
parte demandante al considerar que la administraci\u00f3n estatal durante la dictadura,
carec\u00eda de atribuciones para ejercer funciones jurisdiccionales que eran exclusivas y
propias de los tribunales de justicia. El 13 de marzo de 2002, la Corte de Apelaciones
confirm\u00f3 \u00edntegramente la sentencia de primera instancia.
El 21 de enero de 2004, el Fisco de Chile interpuso recurso de casaci\u00f3n y la Sala Tercera
Constitucional de la Corte Suprema de Chile acogi\u00f3 los argumentos del Estado y resolvi\u00f3
que, si bien los decretos eran nulos, la acci\u00f3n para reclamar la compensaci\u00f3n por las
consecuencias patrimoniales de dicha nulidad hab\u00eda prescrito a los cinco a\u00f1os de la
promulgaci\u00f3n de los decretos, esto es en 1979, en plena Dictadura y estando las v\u00edctimas
bajo acusaciones por Consejos de Guerra, relegadas en otros territorios de Chile y\/o
exiliadas.
El director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Tom\u00e1s
Pascual, dijo en la audiencia que en este caso hay evidentes violaciones e ilegalidades y
que los horrores de la dictadura civil militar chilena persisten hasta el d\u00eda de hoy y
reconoci\u00f3 que \u201ceste es un caso de derechos humanos en donde el se\u00f1or Galetovic y sus
compa\u00f1eros fueron despojados de una radio como muchas otras personas fueron
despojadas de sus bienes\u00bb.
Radio Presidente Iba\u00f1ez de Punta Arenas a trav\u00e9s de todas sus plataformas, en un
programa especial, con la conducci\u00f3n de Pedro Guichapany y el apoyo de la abogada<\/p>\n\n\n\n
Andrea Bluck, transmiti\u00f3 esta audiencia dando cuenta de su apoyo a la libertad de
expresi\u00f3n, rechazo a la censura y como un claro gesto de solidaridad con los afectados.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"