La Corte de Apelaciones de Punta Arenas acogi\u00f3 los recursos de nulidad interpuestos por el
Ministerio P\u00fablico y la parte querellante y orden\u00f3 la realizaci\u00f3n de un nuevo juicio, por
jueces no inhabilitados, en contra de J.A.P.M., acusado como autor del delito consumado
de desacato en el contexto de violencia intrafamiliar. Il\u00edcito que habr\u00eda cometido en abril de
2020, en la ciudad de Puerto Natales.
El fallo un\u00e1nime, la Primera Sala del tribunal de alzada \u2013integrada por la ministra Caroline
Turner Gonz\u00e1lez, el ministro Jaime \u00c1lvarez Astete y el fiscal judicial Pablo Mi\u00f1o Barrera\u2013
estableci\u00f3 error de derecho en la sentencia de mayor\u00eda impugnada, dictada por el Tribunal
de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas, al considerar que los hechos que dio por
probados, no configuran el delito de desacato.
\u201c(\u2026) para efectuar un correcto an\u00e1lisis de la causal invocada por los recurrentes,
corresponde, en primer t\u00e9rmino, dejar asentados los hechos que se dieron por probados en
la sentencia recurrida, respecto de los cuales no existe discusi\u00f3n alguna (\u2026) \u2018El d\u00eda 22 de
abril de 2020, aproximadamente a las 22:30 horas, el imputado J.A.P.M, env\u00edo mensajes a
trav\u00e9s de aplicaci\u00f3n whatsapp a la v\u00edctima, su c\u00f3nyuge (\u2026), encontr\u00e1ndose los mismo
separados de hecho, mientras esta \u00faltima se encontraba en la comuna de Puerto Natales,
en los cuales aquel la insult\u00f3 y denost\u00f3 en su calidad de mujer, incumpliendo con ello la
medida cautelar (\u2026) dictada del Juzgado de Familia de Puerto Natales, en que se le
prohib\u00eda al imputado tener todo tipo de comunicaci\u00f3n, ya sea v\u00eda telef\u00f3nica, por mensajes
de texto, whatsapp, Facebook, Instagram y cualquier otra aplicaci\u00f3n masiva, entre otras
cautelares decretadas, en favor de la v\u00edctima; medidas cautelares que se encontraban
vigentes y debidamente notificadas\u2019\u201d.
La resoluci\u00f3n agrega que: \u201cLuego, discurren acerca del alcance o los efectos de considerar
que, en el delito de desacato, ya afecte el bien jur\u00eddico salud f\u00edsica o psicol\u00f3gica, o bien
afecte el imperio del derecho, la sanci\u00f3n a aplicar no ser\u00eda la contemplada en el art\u00edculo 240
inciso 2\u00b0 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, sino otras medidas de apremio, como lo es el
arresto, por lo que no est\u00e1 pensado como un tipo penal\u201d.
\u201cEn este sentido, exponen que ante el incumplimiento de una resoluci\u00f3n judicial, al sistema
de apremios y al delito de desacato les corresponden funciones complementarias, donde el
\u00e1mbito de aplicaci\u00f3n del il\u00edcito penal comienza donde termina el primero de ellos, a saber,
el sistema de apremios, entendiendo aquel de \u00edndole penal, como subsidiario respecto de
este sistema compulsivo\u201d, a\u00f1ade.
Para el tribunal de alzada: \u201cDe los razonamientos anteriores, es posible advertir el yerro en
que incurren los sentenciadores de mayor\u00eda, en cuanto incorporan al tipo penal
contemplado en el art\u00edculo 240 inciso 2\u00b0 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, exigencias o
elementos que no forman parte de \u00e9l, y que provienen de un an\u00e1lisis doctrinario que parece
sustentarse por un lado, en la m\u00ednima lesividad de ciertas conductas que se proh\u00edben<\/p>\n\n\n\n
mediante resoluci\u00f3n judicial y por el otro, una exigencia normativa en cuanto a que la
conducta reprochada como de incumplimiento a una resoluci\u00f3n judicial sea expresamente
remitida a una posible sanci\u00f3n del tipo penal del art\u00edculo 240 inciso 2\u00b0 del C\u00f3digo de
Procedimiento Civil, ya tantas veces aludido\u201d.
\u201cEn efecto \u2013ahonda\u2013, la sentencia en comento, yerra al exigir que, previamente, a aplicar la
sanci\u00f3n punitiva de la norma en cuesti\u00f3n, para los hechos probados en el juicio, se recurra a
medidas de apremio, las cuales de no resultar efectivas, ameritar\u00edan reci\u00e9n una sanci\u00f3n
punitiva, como la contenida en el delito de desacato. Exigencia que, por cierto, no tiene
asidero legal, sino doctrinal como pretende fundamentar la sentencia, puesto que la
conducta t\u00edpica \u2018el que quebrante lo ordenado cumplir\u2019 a que se alude en la norma citada,
si bien puede ser criticado en su amplitud conceptual y a la falta de ponderaci\u00f3n en cuanto a
la entidad de la afectaci\u00f3n en la tipificaci\u00f3n del mismo, en uno u otro caso. Lo cierto es que
cuando el legislador no distingue, no le es l\u00edcito al interprete distinguir en los t\u00e9rminos que
sostienen los sentenciadores de mayor\u00eda, puesto que los sistemas de apremio como el
propuesto en la sentencia, parece tener mayor asidero cuando \u2018lo quebrantado cumplir\u2019 se
trata de una obligaci\u00f3n de hacer, donde el apremio con arrestos, supone el ejercicio
compulsivo racional para lograr el fin del cumplimiento de lo ordenado cumplir; sin
embargo, cuando lo \u2018ordenado cumplir\u2019 es una prohibici\u00f3n de hacer, particularmente en el
\u00e1mbito de la protecci\u00f3n de la integridad ps\u00edquica de una mujer que se encuentra sometida a
una situaci\u00f3n de violencia intrafamiliar, como en el caso sub-lite, mediante llamados
telef\u00f3nicos o mensajes de texto v\u00eda whatsapp, con denostaciones en su condici\u00f3n de tal,
como mujer, ameritan un reproche distinto al mero sistema de apremios, los cuales una vez
incumplido \u2018lo ordenado cumplir\u2019 carecen de relevancia los mismos, puesto que la finalidad
del apremio no cumple su objetivo\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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