La Corte de Apelaciones de Punta Arenas revoc\u00f3 hoy \u2013martes 6 de diciembre\u2013 la
resoluci\u00f3n dictada por la entonces ministra en visita extraordinario del tribunal de alzada,
Marta Jimena Pinto, que someti\u00f3 a proceso al general en retiro de Carabineros y ex jefe de
la XII Zona, Hern\u00e1n Octavio Bravo Aris, en calidad de encubridor del delito de sustracci\u00f3n
de menores. Il\u00edcito supuestamente cometido en octubre de 2001, en contra del adolescente
desaparecido Ricardo Harex Gonz\u00e1lez.
El fallo un\u00e1nime (causa rol 122-2022), la Primera sala del tribunal de alzada \u2013integrada por
la ministra Mar\u00eda Isabel San Mart\u00edn, el ministro Jaime \u00c1lvarez, y la abogada (i) Carmen
Gonz\u00e1lez\u2013 dej\u00f3 sin efecto el auto de procesamiento por, entre otras consideraciones, no
encontrarse debidamente justiciada la existencia del delito base, es decir, la sustracci\u00f3n de
un menor de edad por parte de terceros.
\u201cLa falta de cumplimiento del requisito contemplada en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 274 del
C\u00f3digo de Procedimiento Penal, en la dictaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n de fecha 11 de octubre del
2022, referida al auto de procesamiento, ya aludido, consistente en que para ello \u2018est\u00e9
justificada la existencia del delito que se investiga\u2019, delito este que, de conformidad a la
mencionada resoluci\u00f3n, considerando decimosegundo, se hace recaer en el de sustracci\u00f3n
de menores del art\u00edculo 142 del C\u00f3digo Penal, no obstante que en la relaci\u00f3n del hecho que
se estima suficientemente justificado, en todo momento, sostiene la desaparici\u00f3n del joven
en comento, y luego de citar algunos informes policiales, se menciona que la referida
desaparici\u00f3n es atribuible a terceros quienes podr\u00edan presentar alteraciones psicopatol\u00f3gicas
y\/o poder institucional, pero sin explicar o esbozar qu\u00e9 acciones o de qu\u00e9 manera estos
\u2018terceros\u2019 habr\u00edan procedido a la sustracci\u00f3n del menor que indica\u201d, razona el tribunal de
alzada.
La resoluci\u00f3n agrega que: \u201c(\u2026) una privaci\u00f3n, restricci\u00f3n, perturbaci\u00f3n o amenaza a la
libertad individual, en tales condiciones, configura la causal de procedencia de esta acci\u00f3n
constitucional de amparo en los t\u00e9rminos que indica el inciso 3\u00b0 del art\u00edculo 21 de la
Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de la Rep\u00fablica, puesto que en este caso, los hechos que se dan por
acreditados en el auto de procesamiento, no pueden tenerse por justificados como el delito
de sustracci\u00f3n de menores que la Ministra Instructora estim\u00f3 se configuraba\u201d.
El tribunal de alzada recuerda que: \u201cEs necesario para proceder a dictar auto de
procesamiento respecto de cualquier persona, ya sea en calidad de autor, c\u00f3mplice y, por
cierto, tambi\u00e9n en el grado de participaci\u00f3n de encubridor, respecto de un il\u00edcito de \u00edndole
penal, as\u00ed como cualquier acto subsecuente que vulnere, en cualquiera de sus formas, la
libertad personal, y que se deriven de aquella resoluci\u00f3n que le sirve de antecedente, a fin
de que estas \u00faltimas, no se tornen, a su vez, en ilegales o arbitrarios, que efectivamente se
encuentre debidamente justificada la existencia de uno o m\u00e1s delitos determinados y
tipificados en nuestro ordenamiento jur\u00eddico penal, sin que sea admisible describir
conductas abiertas e indeterminadas, en t\u00e9rminos tales que, d\u00e9 pie a especulaciones, m\u00e1s o
menos plausibles, acerca de las diversas tipificaciones punibles que una descripci\u00f3n en tales
t\u00e9rminos pudiere producir, con especulaciones acerca de su efectiva y concreta calificaci\u00f3n<\/p>\n\n\n\n
jur\u00eddica, verbigracia, un homicidio, una desaparici\u00f3n forzada, etc., uno de los cuales, por
cierto, puede ser el que califica la resoluci\u00f3n impugnada, pero que no encuentra sustento
material efectivo en la prueba que menciona, pero sobre, todo, en los hechos que da por
probado, al sostener \u00fanicamente la desaparici\u00f3n de Ricardo H\u00e1rex Gonz\u00e1lez, sin que
describa hechos positivos de terceros en tal desaparici\u00f3n, esto es, en t\u00e9rminos que la
misma, pueda constituirse \u2018justificadamente\u2019 en la figura penal de sustracci\u00f3n de menores a
que tambi\u00e9n alude, pero sin conectar el hecho material innegable del \u2018desaparecimiento\u2019 de
aquel menor de entonces 17 a\u00f1os, con el hecho de consecuencias jur\u00eddicas de \u2018sustracci\u00f3n\u2019
por parte de terceros, quedando desprovista tal afirmaci\u00f3n de todo sustento f\u00e1ctico y legal\u201d.
\u201cLo anterior \u2013prosigue\u2013, debe ser interpretado a la luz del art\u00edculo 108 del C\u00f3digo de
Procedimiento Penal, al estatuir que \u2018La existencia del hecho punible es el fundamento de
todo juicio criminal, y su comprobaci\u00f3n por los medios que admite la ley es el primer
objeto a que deben tender las investigaciones del sumario\u2019. De tal suerte que, no basta que
el investigador tenga por establecido el hecho material del \u2018desaparecimiento\u2019, sino que
para proceder a dictar un auto de procesamiento ha de tener por justificada la existencia de
un hecho punible que, para el caso presente, se trata del hecho ya m\u00e1s que probado de la
desaparici\u00f3n del menor en comento, sino de la existencia de antecedentes que hagan
plausible apreciar una \u2018sustracci\u00f3n del menor por parte de terceros\u2019\u201d.
\u201cSe ha indicado, respecto de la falta de cumplimiento de los requisitos m\u00ednimos de
procesabilidad contenidos en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 274 del C\u00f3digo de Procedimiento
Penal, en relaci\u00f3n a la resoluci\u00f3n de fecha 11 de octubre del 2022, en cuanto a no
encontrarse justificada la existencia del delito que se pregona como conclusi\u00f3n, a saber,
\u2018sustracci\u00f3n de menor de edad\u2019, tal resoluci\u00f3n que somete a proceso al recurrente, contiene
otra falencia u omisi\u00f3n que, por s\u00ed sola, tambi\u00e9n implica una infracci\u00f3n legal que
desembocar\u00eda en un resultado similar\u201d, a\u00f1ade.
Asimismo, el fallo consigna que: \u201c(\u2026) para garantizar el ejercicio de un leg\u00edtimo y efectivo
derecho de defensa, es condici\u00f3n necesaria que exista una determinaci\u00f3n de la hip\u00f3tesis
comisiva que se imputa, lo que no ocurre en la especie, pues no se rese\u00f1a ni menciona en
cu\u00e1l de las cuatro eventuales conductas del art\u00edculo 17 del C\u00f3digo Penal habr\u00eda incurrido el
recurrente, a saber, ya sea \u20181.\u00b0 Aprovech\u00e1ndose por s\u00ed mismos o facilitando a los
delincuentes medios para que se aprovechen de los efectos del crimen o simple delito. 2.\u00b0
Ocultando o inutilizando el cuerpo, los efectos o instrumentos del crimen o simple delito
para impedir su descubrimiento. 3.\u00b0Albergando, ocultando o proporcionando la fuga del
culpable. 4.\u00b0 Acogiendo, receptando o protegiendo habitualmente a los malhechores,
sabiendo que lo son, aun sin conocimiento de los cr\u00edmenes o simples delitos determinados
que hayan cometido, o facilit\u00e1ndoles los medios de reunirse u ocultar sus armas o efectos,
o suministr\u00e1ndoles auxilios o noticias para que se guarden, precavan o salven\u2019\u201d.
\u201cEn consecuencia, este c\u00famulo de infracciones legales que regulan el procedimiento penal,
en la dictaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n de fecha 11 de octubre del 2022, como se ha indicado
precedentemente, fuerzan a estos sentenciadores a acoger el recurso de amparo impetrado
en su contra\u201d, concluye.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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