Durante los \u00faltimos meses, hemos observado c\u00f3mo un importante flujo de migrantes de nacionalidad venezolana ha comenzado a instalarse en los espacios p\u00fablicos de distintas zonas del norte del pa\u00eds, constituyendo un caso emblem\u00e1tico el asentamiento ubicado en la denominada \u201cPlaza Brasil\u201d, en la zona centro de Iquique. Seg\u00fan la informaci\u00f3n disponible, buena parte de este segmento de la poblaci\u00f3n venezolana se ha visto forzada a migrar como consecuencia de la crisis econ\u00f3mica y pol\u00edtica que atraviesa su pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
La respuesta del Estado chileno frente a esta crisis humanitaria, lejos de orientarse por diversas recomendaciones de la comunidad internacional, se ha caracterizado por insistir en la aplicaci\u00f3n de una pol\u00edtica migratoria restrictiva, que tanto cierra las posibilidades de regularizaci\u00f3n como desestima la posibilidad de refugio. Este modo de operar no s\u00f3lo se ha visto materializado a trav\u00e9s del abandono a su suerte de la poblaci\u00f3n migrante venezolana m\u00e1s vulnerable, sino tambi\u00e9n a trav\u00e9s de diversas formas de violencia institucional, como la realizaci\u00f3n sistem\u00e1tica de expulsiones colectivas y el desconocimiento del derecho de reunificaci\u00f3n de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes.<\/p>\n\n\n\n
La plaza Brasil es una manifestaci\u00f3n m\u00e1s de la violencia que ha ejercido el Estado respecto de la poblaci\u00f3n migrante venezolana, constituyendo los hechos acaecidos el d\u00eda de hoy una de sus expresiones m\u00e1s evidentes y preocupantes. El desalojo de este espacio, que albergaba cerca de 200 personas, incluyendo ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, lejos de contribuir al dise\u00f1o de una soluci\u00f3n humanitaria, que considere la reubicaci\u00f3n de las familias en un espacio seguro con garant\u00edas de no expulsi\u00f3n y de regularizaci\u00f3n, promueve una imagen criminalizada de aquel segmento de la poblaci\u00f3n y, con ello, el despliegue de pr\u00e1cticas y narrativas xen\u00f3fobas y racistas, que se han agitado a trav\u00e9s de una acci\u00f3n comunicacional irresponsable, sobre todo cuando proviene de autoridades p\u00fablicas.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan la Observaci\u00f3n General No 7 del Comit\u00e9 de Derechos Econ\u00f3micos Sociales y Culturales, \u201cLa comunidad internacional reconoce desde hace mucho tiempo que la cuesti\u00f3n de los desalojos forzosos es grave\u201d. Esta Observaci\u00f3n General agrega que, \u201cAntes de que se lleve a cabo cualquier desalojo forzoso, en particular los que afectan a grandes grupos de personas, los Estados Partes deber\u00edan velar por que se estudien en consulta con los interesados todas las dem\u00e1s posibilidades que permitan evitar o, cuando menos, minimizar la necesidad de recurrir a la fuerza\u201d y se\u00f1ala, \u201cEl Comit\u00e9 considera que entre las garant\u00edas procesales que se deber\u00edan aplicar en el contexto de los desalojos forzosos figuran: a) una aut\u00e9ntica oportunidad de consultar a las personas afectadas; b) un plazo suficiente y razonable de notificaci\u00f3n a todas las personas afectadas con antelaci\u00f3n a la fecha prevista para el desalojo; c) facilitar a todos los interesados, en un plazo razonable, informaci\u00f3n relativa a los desalojos previstos y, en su caso, a los fines a que se destinan las tierras o las viviendas; d) la presencia de funcionarios del gobierno o sus representantes en el desalojo, especialmente cuando \u00e9ste afecte a grupos de personas; e) identificaci\u00f3n exacta de todas las personas que efect\u00faen el desalojo; f) no efectuar desalojos cuando haga muy mal tiempo o de noche, salvo que las personas afectadas den su consentimiento; g) ofrecer recursos jur\u00eddicos; y h) ofrecer asistencia jur\u00eddica siempre que sea posible a las personas que necesiten pedir reparaci\u00f3n a los tribunales\u201d. Por \u00faltimo, se debe tener presente que, \u201cLos desalojos no deber\u00edan dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos. Cuando los afectados por el desalojo no dispongan de recursos, el Estado Parte deber\u00e1 adoptar todas las medidas necesarias, en la mayor medida que permitan sus recursos, para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas, seg\u00fan proceda\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Como Red de Universidad por la Migraci\u00f3n, condenamos los hechos ocurridos en la ciudad de Iquique e instamos a las autoridades locales y nacionales a implementar de manera urgente los mecanismos que sean adecuados para proteger la dignidad, la seguridad y la libertad de las personas migrantes y sus familias. Combatamos, ahora m\u00e1s que nunca, los racismos, la xenofobia y la discriminaci\u00f3n hacia cualquier comunidad humana.
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