Como una normativa que forma parte de
la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) que amplía plazos
y las herramientas disponibles para las policías durante las primeras horas de una
investigación, el Presidente de la República, José Antonio Kast, promulgó la
reforma legal conocida como Ley de Flagrancia. Esta ley amplía el plazo de
flagrancia de 12 a 24 horas cuando la detención es realizada por Carabineros de
Chile o la Policía de Investigaciones, y establece un plazo excepcional de 48 horas
para la Autoridad Marítima, atendiendo a las distancias y los tiempos de traslado
asociados a los procedimientos desarrollados en el mar.
Como una noticia muy positiva fue destacado este avance legislativo por las
autoridades regionales de Justicia, Cristóbal Fernández Jofré, y de Seguridad
Pública, Ronald López Rivas, quienes resaltaron que la nueva Ley permitirá
fortalecer el trabajo de las instituciones encargadas de investigar y perseguir los
delitos.
El seremi de Justicia y Derechos Humanos, Cristóbal Fernández, subrayó la
relevancia de esta nueva legislación que le permite a las policías tener 12 horas
más —hasta alcanzar las 24 horas— para detener a aquellas personas que han
cometido un delito, cambio legal “que perjudica a los delincuentes y beneficia a
las víctimas, a sus familias y a los ciudadanos, para obtener una respuesta más
eficaz del Estado”.
Asimismo, sostuvo que “facilita la obtención de pruebas de medios tecnológicos,
como teléfonos o cámaras de televigilancia, para que puedan ser entregadas a los
tribunales y que permitan juzgar y condenar a los delincuentes. Cuando se puede
acceder oportunamente a evidencia relevante aumentan las posibilidades de
identificar a los responsables, reunir otras pruebas necesarias y obtener
posteriormente condenas”.
Por su parte, el seremi de Seguridad Pública, Ronald López, destacó que a los
policías se les entrega algo que venían pidiendo hace años: poder hacer las
primeras diligencias sin esperar la instrucción particular de un fiscal. “El Ministerio
Público define por instrucción general para qué delitos y qué actuaciones; quedan
fuera todas las diligencias que requieren autorización judicial; y una vez
informado el fiscal del caso, la investigación sigue bajo su dirección. Lo que se
gana son las primeras horas, que es exactamente donde hoy se pierden los
casos”, subrayó.
Agregó que el proyecto también ordena algo que estaba sin resolver referido a la
Autoridad Marítima que, cuando cumple funciones de Policía Marítima, va a poder
detener en flagrancia, resguardar el sitio del suceso y controlar identidad, con un
plazo de 48 horas, porque los traslados en el mar son más lentos. En tanto que
“Gendarmería queda habilitada para actuar frente a delitos cometidos dentro de
los recintos penitenciarios —resguardar el sitio, recoger y custodiar evidencia—
pero no para el control de identidad”.
Finalmente, ambas autoridades valoraron que esta nueva legislación deja además
en evidencia la relevancia de que el Congreso Nacional apruebe estas normas que
son prioridad para el Poder Ejecutivo, para avanzar en la seguridad que toda la
población del país y la región requieren.
