El año pasado, Gendarmería decomisó cerca de 31 mil aparatos telefónicos en incautaciones
periódicas o allanamientos en recintos penitenciarios a lo largo del país, y en lo que va del año han
sacado de circulación 14.588 teléfonos móviles, elementos que permiten cometer delitos en forma
remota como estafas telefónicas, amenazas o extorsión. De ahí la importancia que revistió ayer la
aprobación, por parte de la sala del Senado, del proyecto de ley que penaliza la tenencia de
celulares, chips y otros aparatos de telecomunicaciones en los recintos penitenciarios.
Así lo destacó la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat Alvarado, al mencionar
que la ratificación hecha por el Congreso Nacional deja a esta iniciativa a un paso de convertirse
en ley, lo que se traduce en un avance relevante en la agenda de seguridad priorizada del gobierno
y el combate contra el crimen organizado en los establecimientos penitenciarios.
Ante la preocupación existente en la ciudadanía respecto a la comisión de delitos desde las
cárceles a través de teléfonos celulares, señaló que dicha irregularidad estaba sancionada hasta
ahora como una falta administrativa, y a partir de este proyecto de ley que modifica el Código
Penal se pasará a tipificar como delito la tenencia de elementos tecnológicos que permitan a los
reclusos comunicarse con el exterior, incorporando penas para quienes tengan en su poder estos
aparatos en unidades penales.
Durante su intervención en la Sala, el Ministro de Justicia y DD.HH., Luis Cordero Vega, destacó
que “tanto para el Ejecutivo, como para este Parlamento, es esencial este proyecto de ley, porque
constituye una herramienta fundamental para los temas de seguridad penitenciaria”.
Como complemento al proyecto de ley recién aprobado, desde el Ministerio de Justicia y DD.HH.
se ha avanzado en estrategias para impedir las comunicaciones inalámbricas (telefonía, datos
móviles o Wifi) no autorizadas, evitando así la estafa o extorsión desde el interior de las cárceles.