Con la finalidad de impulsar el proceso participativo para el diseño del Plan Nacional de Búsqueda,
instrumento de política pública que avanza en la búsqueda de víctimas de desaparición forzada
durante la dictadura cívico militar en Chile, esta semana tuvo lugar en Magallanes el primer
encuentro participativo de esta instancia coordinada directamente desde la Subsecretaría de
Derechos Humanos.
El salón de reuniones de la SEREMÍA de Salud albergó esta reunión, que estuvo encabezada por
Marcelo Orellana, Sandra Piñeiro y Lorena Peralta, profesionales del nivel central de la
mencionada repartición, junto a la Seremi de Justicia y DD.HH., Michelle Peutat Alvarado, con la
presencia de representantes de distintas agrupaciones históricas de Derechos Humanos, en pos de
organizar en forma eficiente todos los esfuerzos desplegados para dar con el paradero de
detenidas y detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, cuyos cuerpos no han sido
encontrados.
Entre quienes participaron de esta cita, Marco Barticevic Sapunar, expresó que es realmente
importante que desde la Subsecretaría de DD.HH. del Ministerio de Justicia se impulse esta
actividad, “y de la forma participativa que se está haciendo, que es escuchar la opinión de
diferentes agrupaciones de Derechos Humanos a lo largo del país, y donde existen situaciones
realmente diversas”. Incluso destacó el hecho que a quienes vinieron de Santiago se les diera a
conocer un par de nombres de víctimas a nivel regional, los cuales no tenían consideradas en su
base de datos.
Esto, junto con plantear la necesidad de extender este proceso al periodo previo a septiembre de
1973, y también para incorporar violaciones a los DD.HH. posteriores al término de la dictadura,
como también lo expuso Manuel Aguilante, de la Agrupación Beneficiarios del Programa de
Reparación Integral de Salud y Derechos Humanos (PRAIS): “creemos que el Estado debe hacerse
responsable de todos los violentados por el Estado en todos los tiempos, y cuando hay una
manifestación pública, cuando son golpeados los manifestantes debe hacerse responsable de sus
lesiones, la atención médica, al igual que con nuestros pueblos originarios”. Remarcó los casos aquí
en Magallanes, antes del Golpe de Estado de 1973, de un periodista que permaneció detenido por
las Fuerzas Armadas y de un trabajador asesinado vilmente en un allanamiento de la Lanera
Austral.
Ante la necesidad después de 50 años de esclarecer situaciones como la búsqueda de detenidos
desaparecidos y ejecutados políticos, instó a que se amplíe más allá a situaciones como la
sustracción de niños en dictadura, lo cual “no es una situación menor”. Asimismo, mencionó que la
desaparición forzada también es un tema en democracia, en el cual la sociedad ha adquirido el
hábito de hacer desaparecer personas, por lo que ante cualquier sospecha destacó la importancia
de informar todo antecedente y que el Estado se haga parte de todas aquellas causas.
La Seremi Michelle Peutat valoró este proceso de escucha activa, colaborativa y colectiva, que
busca integrar una mirada regional en este proceso, motivado por la construcción de un futuro
basado en memoria, justicia, reparación y la convicción firme de no repetición, integrando en su
diseño e implementación la mirada de familiares de las víctimas, sus agrupaciones, expertos
nacionales e internacionales y organizaciones de la sociedad civil. Agregó que en su posterior
etapa, el diseño del Plan se presentará y dialogará con las diversas entidades del Estado
involucradas en la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada, a través de una mesa
interinstitucional, para de ahí proceder a una sistematización de recomendaciones y redacción del
Plan, cuyo documento definitivo será sometido a aprobación al Comité Interministerial de
Derechos Humanos, y de ahí será formalizado en un acto público para su implementación.
De acuerdo a cifras proporcionadas por la Subsecretaria de Derechos Humanos, Haydee
Oberreuter, detalló que existen 1.159 personas detenidas desaparecidas quienes aún son
buscadas de un total de 1.469, en virtud de información actualizada que ha entregado el Servicio
Médico Legal.