Chile es un país marino. Con más de 4.300 kilómetros de costa, el océano Pacífico moldea la forma de vida de sus habitantes, quienes dependen del mar para su bienestar cotidiano. Sin embargo, también existe una gran desconexión entre las personas que viven en las grandes ciudades del país, y el ecosistema azul que nos da alimento, seguridad e identidad. En este contexto,la Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar (RDM), conformada por los pueblos Diaguita, Chango, Mapuche lafkenche-Williche, Kawésqar y Yagán, tiene como principal meta proteger los ecosistemas marinos y los derechos territoriales de los pueblos originarios en Chile.
Actualmente, este grupo avanza en la implementación de un Programa de Monitoreo Biocultural Comunitario que visibiliza el rol central de las mujeres en la observación, cuidado y gobernanza del mar. Estos pueblos representan territorios desde la región de Atacama, hasta la región de Magallanes, donde este 2026 realizan diversos encuentros para ampliar esta red de conocimientos ancestrales y científicos.
Frente a la frecuente ausencia de datos pertinentes y la priorización de información centralizada en decisiones que afectan territorios costeros, la RDM propone una alternativa: generar datos propios, culturalmente pertinentes y accesibles, integrando saberes ancestrales y metodologías científicas. El programa se desarrolla principalmente en Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), figura legal creada por la Ley 20.249, que reconoce la administración comunitaria de espacios costeros para proteger sus usos tradicionales y vínculos espirituales con el mar.
El monitoreo biocultural comunitario se concibe como una práctica de gobernanza y fortalecimiento territorial. No sólo registra parámetros que determinan la calidad del agua, tales como pH, oxígeno disuelto, temperatura, alcalinidad, cloruro, nitrógeno amoniacal y nitrito, sino que incorpora dimensiones intangibles: historias, memorias, prácticas, vínculos y conocimientos intergeneracionales que definen la relación de los pueblos con el océano. Así, se generan datos autónomos para acción política, lo cual amplía la capacidad de incidencia comunitaria en decisiones sobre los territorios que habitan. Esto repercute en sus prácticas culturales y económicas, como mariscar y pescar.
Desde 2024 el programa ha impulsado dos pilotos territoriales y una primera formación en monitoreo de cuerpos de agua dirigida a mujeres, con participación de niñas, niños y adolescentes. Cada territorio conformó su propio equipo de monitoreo y realizó diagnósticos participativos que permitieron dotar a las comunidades de equipamiento adecuado para garantizar continuidad anual y autonomía en la recolección de información.
La iniciativa aporta también al cumplimiento de objetivos internacionales, alineándose con el Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal —en particular las metas relacionadas con conservación del 30% de territorios y mares, la plena integración de pueblos originarios en la toma de decisiones y el liderazgo de las mujeres en acciones por la biodiversidad—.
La RDM plantea una implementación territorial gradual, co-construida mediante talleres y cartografía participativa que definen indicadores y prioridades locales. El objetivo es que cada comunidad lidere su sistema de monitoreo, desarrolle herramientas propias de registro y convierta este conocimiento en una base para la defensa territorial, la gestión informada y la transmisión intergeneracional de saberes.
“Generar información desde nuestros territorios es recuperar la capacidad de decidir sobre lo que nos rodea”, señala la red en su declaración. El proceso refuerza el orgullo comunitario y la resiliencia frente a amenazas ambientales, poniendo en valor la centralidad de las mujeres originarias en la conservación y cuidado del mar.
