El Servicio Electoral (SERVEL) denunciará a quienes no cumplieron con participar de las elecciones (tanto en primera como en segunda vuelta). Y los encargados de procesar cada caso serán los juzgados de policía local de todo el país. Los montos a pagar varían según el criterio de cada tribunal, con un rango que va desde los $36.000 hasta los $108.000.
Desde el ámbito político hay reacciones. La diputada PPD-Independientes y miembro de la Comisión de Gobierno Interior, Andrea Parra, una de las autoras de la ley de voto obligatorio, considera fundamental avanzar en las multas, porque, si no, en definitiva, la ley sería letra muerta. Tendríamos un voto obligatorio, que, en definitiva, terminaría siendo un voto voluntario en la práctica, enfatizó.
En un sentido similar, la diputada Joanna Pérez, justificó la medida señalando que la propia norma establece causales de eximición para no asistir a votar,
Desde una perspectiva contraria, la diputada Ana María Gazmuri rechazó la medida señalando que la estrechez fiscal del gobierno no debe ser excusa para que los municipios puedan obtener recursos a base de multas ni sobrecargar de trabajo a los juzgados de policía local.
Precisamente desde el Instituto Nacional de Jueces y Secretarios Abogados de los Juzgados de Policía Local, advirtieron sobre la sobrecarga que enfrentan los tribunales locales ante la llegada masiva de expedientes depurados, denunció su presidente, Francisco Ríos.
El procedimiento establece que las personas que no presenten una justificación válida por no haber votado, serán citadas y notificadas de la sanción pecuniaria dictaminada. En caso de persistir el incumplimiento en el pago, los jueces se encuentran facultados para extender una orden de reclusión a Carabineros por sustitución de la multa no cancelada.
