Con el objetivo de hacer seguimiento a los casos de mujeres privadas de libertad en condición de
embarazo o con hijos menores de dos años, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle
Peutat Alvarado, encabeza la Mesa Regional de Seguimiento de Mujeres Privadas de Libertad
Embarazadas con Hijos Lactantes. Esta instancia, de carácter interinstitucional, se reúne
mensualmente y cuenta con la participación de la Seremi de Salud, Gendarmería de Chile, el
Servicio de Salud Magallanes, la Defensoría Penal Pública, el Instituto Nacional de Derechos
Humanos (INDH) y la Defensoría de la Niñez.
La autoridad sectorial destacó los avances sustantivos alcanzados durante el último año, los que
han permitido monitorear de forma más sistemática las condiciones de mujeres embarazadas y
madres en contexto de encierro, ya sea como imputadas o condenadas. Uno de los principales
resultados de este trabajo es la elaboración del Protocolo de Traslado y Asistencia Clínica de
Personas Gestantes y/o Madres de Recién Nacidos Menores de Dos Años Privadas de Libertad, a
cargo de profesionales de la Seremi de Salud. Este documento complementará el protocolo
interno de Gendarmería de Chile en caso de urgencias obstétricas, permitiendo así una respuesta
articulada y con enfoque de derechos.
Actualmente, el módulo materno-infantil del Complejo Penitenciario de Punta Arenas se
encuentra ocupado en su totalidad, albergando a dos madres junto a sus hijos lactantes. En ese
contexto, se destaca como avance significativo el que, fruto de una serie acciones desarrolladas en
este ámbito, se fortalezca el trabajo entre las instituciones a través de este protocolo, pudiendo
disponer de una herramienta definitoria, en materia de criterios y reglamentaciones. Esto,
pensando que las personas al interior de las instituciones van rotando, por lo que el tener esta
coordinación garantiza una actuación estandarizada tanto para el personal del Servicio de Salud
como para Gendarmería.
Además de lo anterior, el trabajo desarrollado por la Mesa permitió identificar una brecha en la
etapa de gestación de una de las internas del módulo materno infantil. Esta detección oportuna
contribuyó a generar ajustes y fortalecer la articulación intersectorial para resguardar de mejor
manera los derechos de estas mujeres y sus hijos en relación con el reconocimiento de la sección
materno-infantil como un espacio seguro, considerando no solo las condiciones materiales, sino
también aspectos fundamentales vinculados al apego y acompañamiento significativo. En este
sentido, se han visibilizado situaciones que requieren especial atención, como la posibilidad de
incorporar el apoyo emocional del padre del lactante, cuando este también se encuentra privado
de libertad.
Todo lo anterior responde a la necesidad fortalecer una coordinación intersectorial anticipada,
que permita resguardar de manera integral el bienestar tanto del bebé como de la madre,
reconociendo la importancia del vínculo temprano y el enfoque de derechos en contextos de
encierro.
Al respecto, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos valora que, durante el reciente parto de
una de las internas, el padre del bebé pudiera, estando bajo custodia de Gendarmería, disfrutar de
ese momento en tranquilidad, disponiendo de todas las condiciones tanto de seguridad como de
apoyo emocional: “Aquí se reconoce el interés superior del niño, garantizando que llegue al mundo
en las mejores condiciones posibles, acompañado de ambos progenitores, quienes, aun estando
privados de libertad, no pierden sus derechos como padres. Por ello, se requieren protocolos que
definan estándares mínimos que permitan el ejercicio de esos derechos en condiciones de
seguridad y dignidad.”
En el mismo sentido, resalta que avances tan significativos como los alcanzados en esta mesa de
trabajo, “inciden en que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos haya sido galardonado
recientemente como la primera Secretaría de Estado del país en recibir el Sello de Igualdad de
Género para Instituciones Públicas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
en su nivel Oro”.
Esto representa la máxima distinción en dicha certificación, fruto de diversos avances
institucionales, entre los cuales se destaca la incorporación del enfoque de género en el acceso a
la justicia, en la forma de enfrentar las condiciones carcelarias para mujeres privadas de libertad,
capacitación en derechos de mujeres indígenas y protección especial de niñas y adolescentes.