La reciente condena de la congregación salesiana a indemnizar a ocho víctimas de abusos
sexuales marca un hito importante en un asunto que ha venido enlodando a la Iglesia
Católica durante muchos años. La sentencia del Séptimo Juzgado Civil de Santiago
establece que «existió un patrón sistemático e institucional de encubrimiento por parte de la
congregación». Es un fallo considerado inédito, pues responsabiliza directamente a una
orden religiosa de las omisiones y la protección institucional de los sacerdotes abusadores.
Con esta decisión judicial vuelven a abrirse heridas profundas que han marcado a
generaciones de niños y adolescentes. Reaparece también una reflexión de fondo que, pese
al paso del tiempo, conserva toda su dolorosa vigencia.
Los numerosos abusos de menores en Chile por parte de eclesiásticos no constituyen una
excepción a lo ocurrido en otros países. En Irlanda, las investigaciones sobre colegios e
instituciones religiosas revelaron que durante décadas, existió una verdadera cultura de
abusos y silencios. En Francia, la comisión independiente encargada de investigar estos
asuntos estimó en más de doscientas mil las víctimas de sacerdotes y monjas desde 1950
hasta la fecha. En Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, España y otros países, se
han descrito patrones similares, con encubrimientos institucionales, incluso en el seno
mismo del Santo Oficio del Vaticano.
La responsabilidad institucional
Este drama social va mucho más allá de los casos individuales y revela una crisis sistémica
en el clero católico. Aunque los delitos son siempre personales y los tribunales sancionan a
quienes los cometen, resulta imposible ignorar el silencio de numerosas autoridades
eclesiásticas. Es más, con las investigaciones canónicas internas que sustituyeron
denuncias penales, las disculpas tardías, los traslados ocultos de sacerdotes confesos de
abusos a otras ciudades o países, y con una cierta resistencia institucional a colaborar con
la justicia civil, es la propia jerarquía eclesiástica la que aparece cuestionada por la
sociedad. Esto no es nuevo ni excepcional; es recurrente. En muchas ocasiones, se ha
observado una suerte de pacto de silencio clerical, comparable a la “omertà” siciliana, que
refleja una cultura encubridora. Eso es, precisamente, lo que fue sancionado en la
congregación fundada por Don Bosco para educar a niños y jóvenes en los valores
cristianos.
La conclusión es severa y simple: cuando los responsables de una organización tan
importante privilegian la protección institucional en desmedro de la verdad, terminan por
apartarse de los principios que dicen defender.
La defensa de principios requiere del ejemplo
Esta grave situación adquiere especial relevancia cuando las autoridades eclesiásticas
intervienen con fuerza en debates públicos sobre cuestiones éticas. Últimamente, en nuestro
país, la Conferencia Episcopal y varios obispos han manifestado su firme oposición a la
interrupción del embarazo y a la muerte asistida. Hace pocos días, en una entrevista en un
periódico nacional, el cardenal Chomali advertía a los médicos que practican legalmente el
aborto: “En vez de mostrarle el latido a la mujer, sería bueno que lo escuchara el médico
que va a practicar el aborto».
Todas estas declaraciones se fundamentan en la inviolabilidad de la vida humana desde la
concepción hasta la muerte natural. Aunque a veces controvertidas —por decir lo menos—
como las últimas que formulara el cardenal, se trata de opiniones coherentes con su
doctrina. Nada más legítimo que, tanto los católicos como cualquier persona de otro credo,
expongan sus principios y valores. Se pedirá únicamente humildad y respeto; la crueldad y
las amenazas serán siempre excesivas e infundadas.
Sin embargo, cabe destacar que la fuerza de un argumento moral no depende únicamente
de la solidez de sus fundamentos doctrinales. Creemos que también descansa en la
autoridad ética de quienes lo formulan.
Una institución que durante décadas no ha actuado con claridad ni determinación frente a
las vulneraciones de la dignidad de niños y adolescentes, inevitablemente, ve debilitada —y
hasta deslegitimada en cierta forma— su capacidad de interpelar a la sociedad en materias
relacionadas con la protección de la vida y de la persona humana. No porque sus principios
no sean pertinentes, sino porque la coherencia que confiere legitimidad será siempre una
condición indispensable para ser convincente.
La autoridad moral de una persona o de una institución no se impone por sí misma, sino que
se adquiere con el ejemplo. Eso lo sabe perfectamente la Iglesia católica, la que,
especialmente durante los años negros de la dictadura, fue una voz valiente y un abrigo
permanente para los perseguidos y los vulnerables. Ese actuar ejemplar hizo que su
defensa de la vida y de los derechos humanos fuera un testimonio moral trascendente en
esos años.
La autocrítica y la buena disposición para asumir sus responsabilidades frente a los delitos
sexuales de sus clérigos son entonces indispensables; incluso cuando afectan el prestigio
institucional. Cada nuevo caso de encubrimiento, cada documento oculto, cada demora en
reconocer la verdad, prolongan una herida que nutre la desconfianza de una ciudadanía
cada vez más alejada de las instituciones.
La doctrina católica distingue entre la santidad de su Iglesia —porque su origen y misión
provienen de Cristo— y la condición de sus miembros. El Concilio Vaticano II (Lumen
gentium, n.º 8) consideró que la Iglesia «es santa y, al mismo tiempo, necesita de
purificación». Más allá de una hermenéutica teológica que permita interpretar el sentido de la
afirmación, esta contiene una enseñanza que trasciende al catolicismo: ninguna institución,
por elevada que sea su misión, puede reclamar autoridad moral permanente sin estar
dispuesta a examinar con rigor sus propias faltas y a corregirlas con la misma firmeza con
que juzga las de la sociedad.
Hay demonios que permanecen ocultos en los claustros, y exorcizar la morada antes de la
prédica sigue siendo una tarea pendiente para el pueblo cristiano. Hacerlo con una voluntad
inequívoca de reparar a las víctimas honraría mucho más a la Iglesia que cualquier
declaración pública sobre los grandes dilemas morales de nuestro tiempo.
La autoridad del Estado laico
Nuestras sociedades modernas enfrentan desafíos éticos cada vez más complejos. La
interrupción del embarazo, la eutanasia, el suicidio asistido, la identidad de género, la
reproducción in vitro, la gestación subrogada… son temas relacionados con la vida, la
libertad y la dignidad humana que dejan muchas preguntas abiertas. En todos estos temas
se expresan convicciones filosóficas, religiosas, científicas y culturales. De ahí la
importancia de la función del Estado —laico desde 1925 en nuestro caso—. Un Estado que
no está llamado a imponer una determinada visión moral, sino a garantizar un marco
institucional en el que todas las personas puedan ejercer sus derechos.
La neutralidad del Estado no consiste en abstenerse de legislar sobre cuestiones morales,
sino en hacerlo sin privilegiar una doctrina religiosa o filosófica, garantizando la igualdad de
todos los ciudadanos. Su responsabilidad es establecer un equilibrio jurídico y proteger los
derechos fundamentales, considerando la evidencia científica y conforme a la Constitución
que garantiza la libertad de conciencia.
En una democracia como la nuestra, corresponde al Estado garantizar que ninguna
convicción religiosa o filosófica se imponga. Esa neutralidad no disminuye el valor de cada
creencia; por el contrario, asegura que todas puedan expresarse libremente en igualdad de
condiciones.
