El diseño en seguridad pública esbozado por el Presidente José Antonio Kast encierra una
anomalía que la opinión pública no puede soslayar. Su reiterada insistencia en consagrar
constitucionalmente “el deber ineludible del Estado de proteger a las personas” —un
precepto ya consagrado en el ordenamiento vigente— esta reiteración, no responde a un
descuido técnico de sus asesores. En política, la redundancia es una operación de anclaje
doctrinal. El verdadero objetivo no es normativo, sino para tomar el peso a la justicia y
elevar la seguridad al rango de Deber Supremo para subordinar las libertades civiles,
erosionar el debido proceso y someter los derechos sociales al poder punitivo del Estado.
Esta estrategia busca consumar, ahora por la vía ejecutiva, la idea que los republicanos
trataron de imponer, y que el electorado ya rechazó, en el último plebiscito constitucional.
No estamos ante una solución técnica contra el crimen, sino ante una sutil reconfiguración
ideológica orientada al control social. Es, en términos estrictos, la degradación deliberada
del Estado de Derecho.
La advertencia del rector Carlos Peña sobre la mimetización de los republicanos chilenos
con sus homólogos estadounidenses cobra hoy una vigencia alarmante. La proximidad de la
cumbre de la ultraderecha internacional en Santiago, programada para este 4 de septiembre,
devela la matriz geopolítica de esta agenda. El manifiesto de convocatoria de dicho
encuentro ya califica al Foro de São Paulo, al Grupo de Puebla y a la Internacional
Progresista como «las internacionales del crimen organizado».
Esta retórica se alinea con las directrices de la reciente cumbre de Washington, donde la
administración de Donald Trump, a través de figuras como Marco Rubio, ha declarado una
cruzada global para ilegalizar y “aplastar” a la izquierda bajo la etiqueta de terrorismo
internacional. Bajo este prisma global se comprende el verdadero peligro de la mega
reforma de seguridad local. El proyecto pretende tipificar penalmente la pertenencia de
“alguien”, a organizaciones criminales que atenten contra la democracia.
Por tanto, el Congreso debe encender las alarmas. Sin salvaguardas explícitas, corremos el
riesgo de implantar una lógica penal que persigue a alguien por quién es o qué piensa, no
por lo que hizo. El riesgo latente es la resurrección de los tipos penales capaces de mutar en
delitos de opinión o de identidad. Es el fantasma de la “Ley Maldita” de 1948: la utilización
del aparato estatal para clausurar el conflicto social legítimo, criminalizando al
sindicalismo, a los movimientos sociales y a la disidencia política bajo el rótulo de
“amenaza democrática”.
Mientras el Ejecutivo despliega este andamiaje discursivo, las políticas estructurales de
prevención social, reinserción y recuperación urbana permanecen en el abandono. En su
reemplazo, el gobierno propone intervenciones focalizadas mediante toques de queda por
cuadrantes o barrios. Esta focalización no es eficiencia jurídica; es la normalización del
estado de excepción permanente en los sectores más vulnerables.
La militarización del orden público civil a través de estas herramientas excepcionales
carece de diseño técnico y de legitimidad democrática. Las Fuerzas Armadas no poseen
formación en control de orden civil. Forzar su despliegue en barrios determinados no
reduce el delito; solo pavimenta el camino hacia violaciones sistemáticas de los derechos
humanos. La seguridad es un bien público indispensable, pero cuando se utiliza como
coartada ideológica para el control social, la libertad termina y comienza: La caza de brujas.
