1. Rechazamos este despido injusto, arbitrario e infundado por parte de la autoridad que el pasado viernes comunicó por vía telefónica al Sr. Serrano que estaba «despedido», lo que según se le habría indicado se basaba en su falta de coordinación con las autoridades de gobierno en el territorio en que se desempeña. No obstante, aún no se notifica mediante resolución fundada los motivos legales y administrativos que derivan en esta decisión.
2. Aunque el funcionario afectado no pertenece a nuestra Asociación, nos vemos en la obligación moral y ética de expresar nuestro repudio a este acto atentatorio a la estabilidad laboral de todos y todas quienes trabajamos en el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Como organización hemos tomado contacto con el Sr. Serrano y le manifestamos nuestra solidaridad y respaldo a todas las gestiones conducentes a revertir esta delesnable medida de nuestras autoridades.
3.Exigimos al Director Nacional de nuestro Servicio que informe a la brevedad los argumentos de esta medida, transparentando las razones que han llevado a actuar de esta manera injustificada e irregular, más aún tratándose de un funcionario a contrata que ha tenido un destacado desempeño en nuestra institución durante una década, y que entendemos no ha incurrido en conducta alguna que implique falta o menoscabo a sus obligaciones como trabajador.
4.Tal y como lo han refrendado recientemente numerosas decisiones judiciales y la propia Contraloría a través de dictámenes diversos, los trabajadores del Estado no pueden ser despedidos por la simple voluntad de las autoridades de turno. Cualquier decisión en este sentido, debe ser debidamente fundamentada en un acto administrativo de la autoridad competente, y considerando los procedimientos de calificación y causales establecidos para ello.
5. En base a lo anterior, denunciamos la intervención de motivaciones ajenas al ámbito estrictamente laboral y de obligaciones funcionarias. Manifestamos que existen indicios suficientes para suponer que el despido en cuestión se originaría en presiones externas a nuestro Servicio, articuladas por autoridades de gobierno provincial y regional, que respaldan intereses de empresas salmoneras que actualmente están desarollando un incesante lobby para legitimar la instalación de centros de cultivo en las aguas del Canal Beagle (tanto en territorio chileno como argentino), cuestión que ha sido ampliamente rechazada en particular por la población de la localidad de Puerto Williams en la comuna de Cabo de Hornos, región de Magallanes. Suponemos que esta ha sido una vulgar «pasada de cuenta» al Sr. Serrano, debido a su manifiesto apoyo a la causa socioambiental en la zona, en contra de la explotación salmonera.
6.- Defendemos el derecho de cualquier ciudadano a expresar libremente sus opiniones y defender sus derechos activamente, más aún cuando se trata de dimensiones vitales para el ser humano como el derecho a un medioambiente libre de contaminación. Para su ejercicio, los funcionarios públicos no tenemos más limitación que aquella prevista en el Estatuto Administrativo en orden a salvaguardar la correcta utilización de los bienes fiscales y el cumplimiento de nuestra jornada laboral. Rechazamos entonces que en este caso, al parecer se esté pretendiendo poner cuestión el ejercicio legítimo de los derechos ciudadanos de un funcionario público.
7. Como organización de trabajadores, defendemos la función pública y la estabilidad laboral necesaria para ejercer las funciones de defensa y resguardo del patrimonio cultural de la nación por encima de intereses de mercado, políticos, económicos y empresariales que pretendan usurpar los recursos naturales y culturales de nuestros territorios para sus fines particulares.
8. En consecuencia, recurriremos a todas las instancias contraloras, fiscalizadoras administrativas, sindicales e institucionales para que se deje sin efecto de inmediato esta medida.
ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL
SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
PRESIDENTE REGIONAL MAGALLANES Y DIRECTORIO NACIONAL