Una alarmante radiografía de la seguridad y vulnerabilidad de la infancia en la Región de
Magallanes fue expuesta ante la Comisión de Seguridad Pública. El fiscal regional, Cristián
Crisosto, denunció la existencia de más de 200 casos de explotación sexual infantil en la
zona, alertando que la incidencia de este delito en la región supera con creces el promedio
nacional.
La explotación sexual infantil se define como la utilización de un menor de edad para
ejecutar actos de significación sexual a cambio de una retribución. Los agresores se
aprovechan de la vulnerabilidad de las víctimas mediante dependencias económicas,
personales o por el consumo de drogas.
El fiscal Crisosto explicó la alta complejidad de este escenario y aseguró que las denuncias
y los casos más graves están directamente vinculados a las residencias del Estado. Esto
significa que las víctimas son niños, niñas y jóvenes que supuestamente se encontraban
bajo el resguardo y protección de instituciones públicas. Actualmente, el Ministerio Público
mantiene 46 investigaciones activas en la región.
Ante esta realidad, Crisosto solicitó formalmente a la Comisión de Seguridad brindar
resguardo inmediato a las víctimas. Asimismo, hizo un llamado urgente a precisar y
delimitar las funciones y responsabilidades que tienen los custodios y trabajadores dentro
de estos centros de menores.
El Defensor Nacional de la Niñez, Anuar Quesille, se sumó a la preocupación y reconoció
que, a pesar de los esfuerzos legales y convenios internacionales adoptados por Chile, no se
ha logrado erradicar este flagelo. Quesille fue enfático en declarar que Magallanes se
encuentra en una «situación crítica».
La Defensoría de la Niñez aportó un antecedente clave para las indagatorias: el factor del
turismo. Según los análisis de las investigaciones, las denuncias tienden a aumentar de
forma considerable durante los meses estivales (verano), época en que se potencia la
actividad turística y la exposición de los menores.
El panorama ha movilizado al Congreso. La Comisión de Seguridad acordó sesionar
nuevamente con el objetivo de desarrollar reformas legislativas que permitan combatir con
mayor fuerza la explotación de menores bajo tutela estatal.
Por su parte, el senador por la región, Karim Bianchi, concluyó que las acciones judiciales
y querellas comprometidas no deben limitarse a los autores directos. El parlamentario
enfatizó que las acciones legales también deben alcanzar e identificar las responsabilidades
de quienes están a cargo de la administración de las residencias y de las autoridades de la
Subsecretaría de la Niñez
