Poco más de un millón de pesos recibirán 152 trabajadores de la recolección y transporte de residuos domiciliarios a través del denominado “Bono Aseo”, beneficio que en la Región de Magallanes se realizará a través de cuatro municipios que tienen sus servicios externalizados.
Se trata de $163.242.680 millones de un total de $17.950 millones que la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) depositó a las municipalidades y que en Magallanes se distribuirán entre tres barredores de calles, 34 choferes y 115 peonetas.
“El Bono Aseo es un compromiso que como Gobierno tenemos con los recolectores de residuos, un incentivo que desde el año pasado tiene una especial relevancia, pues pese a la pandemia, ellos no han dejado de cumplir su labor y mantener limpias las ciudades de todo Chile”, dijo la subsecretaria María Paz Troncoso.
Jacques Roux, jefe regional de la Subdere, agregó que “este bono, que se entrega desde el primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, es un claro reconocimiento a la labor que hacen los recolectores de residuos domiciliarios, y además es una ayuda en estos momentos complejos producto de la crisis sanitaria que enfrentamos por el Covid”.
“La labor que realizan los trabajadores con la recolección de residuos domiciliarios siempre ha sido fundamental, pero hoy, en el contexto en que nos encontramos, se hace más esencial, y queda de manifiesto la gran contribución que efectúan. Pese al riesgo que existe de contagio por Covid-19, ellos no han detenido su labor, y como Gobierno agradecemos el compromiso que mantienen con la comunidad. Este bono compensatorio es merecido y esperamos sea un apoyo para los trabajadores y sus familias”, señaló Jennifer Rojas, intendenta de la Región.
El bono se entrega anualmente desde 2014, cuando la primera administración del Presidente Sebastián Piñera, determinó incluirlo en la Ley de Presupuestos tras sostener una Mesa Técnica de Recolectores de Residuos Domiciliario en 2013.
Cabe destacar que en enero Subdere envió al Congreso un proyecto de ley que perfecciona la regulación de la contratación, prestación y pago del servicio de extracción de residuos sólidos domiciliarios. Además, busca que las bases de licitación elaboradas por cada municipio sean sometidas a toma de razón por parte de la Contraloría General de la República.