En 2022, diputadas y diputados de diversos sectores presentaron una moción con la finalidad de
establecer la calificación legal de víctimas de desaparición forzada durante la dictadura de 1973 a
1990, iniciativa que finalmente se convertirá en ley tras ser aprobada en su tercer trámite por la
Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas.
Al respecto, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat, valoró este
reconocimiento jurídico a los detenidos desaparecidos durante la dictadura, a 52 años del golpe de Estado, el cual forma parte de las acciones impulsadas por el gobierno en el marco del Plan
Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia.
Explicó que el proyecto crea un registro público, gratuito y digital, que será administrado por el
Servicio de Registro Civil e Identificación, cuya base será una nómina elaborada por la
Subsecretaría de Derechos Humanos, incorporando antecedentes provenientes de comisiones de
verdad de verdad sobre violaciones a los derechos humanos y también de sentencias judiciales de
procesos penales regulados por la Ley 20.377 (que considera desaparición forzada el arresto, la
detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad obra de agentes del Estado
o personas que actúan bajo su consentimiento).
De esta manera, agregó que “el Estado podrá reconocer oficialmente su ausencia, otorgar a sus
familiares certificados gratuitos que acrediten dicha condición y brindar una herramienta de
reparación simbólica clave a través de este certificado. La inscripción consignará el nombre,
nacionalidad, fecha de nacimiento y edad efectiva o aproximada de la persona al momento de su
desaparición. Igualmente, la fecha en que fue arrestada, detenida, secuestrada o privada de
libertad de cualquier otra forma”.
La autoridad valoró este registro oficial como una forma de reparación que dignifica a las víctimas
y reconoce el derecho de las familias a la verdad. Además, es un paso clave en el desafío de
fortalecer el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, para esclarecer las trayectorias de las
víctimas y apoyar las investigaciones judiciales. Esto, al reafirmar que la desaparición forzada fue
una política sistemática del Estado durante la dictadura cívico militar, y avanzar para que en
nuestro país nunca más vuelva a ocurrir lo que ocurrió durante aquel oscuro periodo de nuestra
historia.