El exdirigente sindical Alejandro Avendaño Gallardo cuestionó duramente la actual política
en materia de combustibles, señalando que, a diferencia de administraciones anteriores,
hoy se estaría retrocediendo en herramientas clave para proteger a la ciudadanía frente a
las alzas internacionales.
Avendaño recordó que fue durante el gobierno del presidente Patricio Aylwin cuando, en
1991, se creó el Fondo de Estabilización de los Precios del Petróleo (FEPP), con el objetivo
de enfrentar los efectos de la crisis del Golfo y evitar que las alzas del petróleo impactaran
directamente en el bolsillo de las familias chilenas.
“Desde entonces afirmó, todos los gobiernos, sin excepción, entendieron que el Estado
debe cumplir un rol activo en la regulación y protección frente a los vaivenes del mercado
internacional”. En esa línea, recordó la creación del FEPCO en 2005, tras el impacto del
huracán Katrina, y posteriormente el SIPCO en 2010, ambos orientados a contener las
variaciones abruptas en los precios.
Asimismo, destacó que, en 2014, bajo el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, se
implementó el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), el
cual permitió fortalecer la capacidad del Estado para amortiguar tanto las alzas como las
bajas, mediante ajustes al impuesto específico.
Sin embargo, fue enfático en señalar que “hoy vemos con preocupación cómo el actual
gobierno no solo carece de iniciativas para fortalecer estos mecanismos, sino que además
pone en duda herramientas que han sido fundamentales para dar estabilidad a los precios
de los combustibles durante más de tres décadas”.
“Si el Estado necesita más recursos, que los busque donde corresponde: en las grandes
empresas, en las navieras, en la aviación, en el sector forestal y en la gran minería. Hoy
existe una evidente desigualdad: estos sectores, que concentran cerca del 80% del
consumo, están exentos del pago del impuesto específico a los combustibles, mientras la
ciudadanía que representa apenas el 20% continúa siendo castigada con esta carga
injusta”.
“Resulta inaceptable que los transportistas de carga deban pagar este impuesto, mientras
los grandes camiones de la minería y del sector forestal quedan al margen. Del mismo
modo, no es justo que los pequeños pescadores artesanales deban asumir este costo,
mientras las grandes navieras están liberadas de esta obligación. Aquí hay un trato
desigual que el país no puede seguir tolerando”.
“Hoy, el impuesto específico alcanza aproximadamente los $419 por litro, al que se suma
el IVA de $242, lo que eleva la carga tributaria total a cerca de $661 por litro. En términos
concretos, esto significa que, sin el impuesto específico, el valor de la gasolina rondaría los
$856 por litro, muy por debajo de los actuales $1.275 que pagan los consumidores”.
Finalmente, Avendaño hizo un llamado directo al Congreso: “Esperamos que los
parlamentarios, en quienes la ciudadanía ha depositado su confianza, estén a la altura y
defiendan con firmeza a las personas. No es aceptable que una herramienta como el
MEPCO sea eliminada o modificada por la vía administrativa, mediante decreto, sin el
debido debate democrático en el Parlamento”.
