La Dirección Regional del Partido Socialista de Chile en Magallanes expresa su más profunda
preocupación y condena frente a la aprobación en general, por parte del Senado, del
proyecto que permite el cumplimiento alternativo de penas, iniciativa que abre la
posibilidad de conmutar penas a personas condenadas por graves delitos, incluidos crímenes
de lesa humanidad, homicidios o violaciones.
Como Partido Socialista, reafirmamos que la defensa irrestricta de los derechos humanos, la
memoria y la justicia para las víctimas constituye un principio intransable de nuestra historia
política y moral. Los crímenes de lesa humanidad no pueden relativizarse ni ser objeto de
beneficios que terminen debilitando el principio de justicia que la democracia chilena ha
buscado construir durante décadas. Las organizaciones de familiares de víctimas y
sobrevivientes de la dictadura han señalado con claridad que este tipo de iniciativas
representan un retroceso doloroso para quienes aún esperan verdad, justicia y reparación.
En esa misma línea, compartimos la preocupación expresada por el Presidente Gabriel Boric
y por el ministro de Justicia Jaime Gajardo, quienes han advertido que la aprobación de esta
iniciativa “pone en riesgo la seguridad de la sociedad” y constituye un grave precedente
para el sistema de justicia. Chile atraviesa un momento en que la ciudadanía exige con
razón mayor seguridad y firmeza frente al delito, por lo que resulta contradictorio impulsar
medidas que podrían implicar la liberación de miles de personas condenadas.
En este contexto, la Dirección Regional del Partido Socialista también manifiesta su crítica a la
conducta del senador por nuestra región, Karim Bianchi, cuya ausencia en una votación de
esta trascendencia resulta incomprensible para la ciudadanía. Las explicaciones entregadas
hasta ahora no parecen estar a la altura de la responsabilidad política que implica
representar a la región en decisiones que afectan directamente la seguridad, la justicia y la
memoria histórica del país. Requerimos mayores fundamentos y detalles de su actuar, es
momento de rendir cuentas.
Del mismo modo, resulta profundamente contradictoria la posición del senador Alejandro
Kusanovic, quien se ha presentado públicamente como un férreo defensor de la seguridad o
“sheriff”, pero que en esta oportunidad patrocinó y respaldó una iniciativa que podría
significar la liberación de más de doce mil condenados, debilitando así el combate contra la
delincuencia y generando incertidumbre en la ciudadanía.
Finalmente, hacemos un llamado a la derecha chilena a actuar con coherencia y
responsabilidad. No es posible sostener un discurso permanente de endurecimiento frente al
delito y, al mismo tiempo, promover o respaldar iniciativas que terminan debilitando la
ejecución efectiva de las penas.
En una región como Magallanes, donde el resguardo de la seguridad pública es un desafío
permanente debido a su extensión territorial, la ciudadanía espera señales claras de firmeza
del Estado. Iniciativas que debilitan el cumplimiento efectivo de las penas no se alinean
con las necesidades de seguridad que hoy demanda la región. Por el contrario, Magallanes
requiere políticas que fortalezcan la persecución del delito y entreguen mayor tranquilidad a
las familias. Esta ley va en la línea totalmente opuesta.
La seguridad pública, el respeto a los derechos humanos y la justicia para las víctimas
deben ser principios que unan a Chile, no herramientas de disputa política ni de oportunismo
legislativo.
La democracia chilena se fortalece cuando la justicia se cumple plenamente y cuando la
memoria de las víctimas es respetada sin ambigüedades.
