El año 2025 fue particularmente noticioso para la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), en
especial al ser promulgada la ley que reemplazará su institucionalidad por el recién creado Servicio
Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas en el marco de procurar acceso a la
justicia a las personas más vulnerables.
Si bien 2025 fue un año irregular, en que el servicio se mantuvo movilizado durante abril y mayo,
el Director Regional de la CAJ, Alejandro Donatti Otárola, señaló que: “dejando fuera la
paralización, mejoramos todo lo que tiene que ver con cobertura, con actividades de promoción y
prevención”. Esto, pese a verse obligados a posponer para el segundo semestre la implementación
de medidas relacionadas con la calidad del servicio.
Como avance novedoso destacó un posicionamiento de la institución en el rol educativo y asesoría
en derechos: “La Corporación antes salía a promocionarse, y en 2025 nos tocó ver un incremento
en solicitudes de capacitación por parte de la sociedad civil, para realizar charlas y talleres
temáticos sobre ciertas leyes con grupos específicos que cumplen un rol promotor de los derechos
de las personas”.
En otro orden, indicó que mantuvieron altos estándares y cifras en aumento en materia de casos
referidos a cautelar los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA), a través de sus programas:
la Niñez y Adolescencia Se Defienden y Programa Mi Abogado. Durante el año se atendió
alrededor de 1.800 casos de NNA, quienes son patrocinados directamente por los curadores de
ambos centros.
No obstante, manifestó que mientras exista la actual Corporación de Asistencia Judicial “hasta el
2028, por lo menos en la Región de Magallanes, deberíamos ir apuntando a tener una mayor
dotación que atienda adultos mayores. Existen 23 funcionarios dedicados con exclusividad a niños,
niñas y adolescentes y apenas dos funcionarios dedicados con exclusividad a adultos mayores,
siendo que la población chilena está envejeciendo”.
Mirando a futuro, manifestó que cuando en la región ya esté el nuevo Sistema Nacional de Acceso
a la Justicia y Defensoría a las Víctimas, “veremos mejoras sustanciales con la unificación del
Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos (CAVI) de la CAJ, más el Centro de Apoyo a
Víctimas de Delitos (CAVD, del Ministerio de Seguridad Pública), que se van a fusionar en uno solo y
van a pertenecer a este nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia. Entonces hay un tremendo
desafío en un periodo de dos años de potenciar para la región con los equipos, trabajando
mancomunadamente en una sola institución, en una atención a víctimas integral que va a
favorecer a toda la comunidad”.
Más allá de la integralidad de su Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos (CAVI), valoró
el trabajo que se realiza con las víctimas, brindando atención psicológica más allá del término del
proceso judicial, hasta lograr en concreto una restauración de esa víctima.
Al respecto, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat Alvarado, subrayó el papel
relevante que cumplen estos centros de información para dar a conocer a la ciudadanía la
importante labor que realiza la Corporación en materia de acceso a la Justicia, así como también
su presencia territorial a lo largo del año como servicio dependiente de Justicia, a través de “Plazas
de Justicia y DD.HH.” y operativos de “Justicia + Cerca”. Aun cuando las estadísticas de las líneas
de atención de la CAJ se vieron afectadas puntualmente por una movilización nacional, resaltó el
compromiso de sus funcionarias y funcionarias por fortalecer la calidad de atención en sus
distintas líneas, lo cual redunda en una mayor satisfacción de sus usuarios/as.
AVANCES Y CIFRAS
Sin dejar de lado sus principales avances y logros, la institución informó que durante 2025, la
Corporación logró entregar asesoría a 8.044 personas en la Región de Magallanes, por debajo de
2024, en que totalizaron 8.305 orientaciones e informaciones propiamente jurídicas a cargo de sus
profesionales, abogados, técnicos jurídicos y trabajadores sociales.
En materia de consultas atendieron a 6.476 personas: 5.381 consultas en su Dirección Regional,
843 en la ODL, 65 en el CAVI y 187 consultas en los centros de mediación.
En relación a los patrocinios, la Corporación de Asistencia Judicial tramitó 1.864 causas en todas
las materias en tribunales, respecto de las 2.223 ingresadas el año anterior.
En el 2025, su Dirección Regional mantuvo atención prioritaria en orientación y información los
días viernes a mujeres inscritas en el Registro de Cuidadoras. También rige un convenio a nivel
nacional entre Gendarmería y la CAJ que establece un mecanismo y protocolo de atención
preferente a mujeres privadas de libertad del Complejo Penitenciario (CP) de Punta Arenas.
En promoción de derechos y prevención desarrollaron un total de 38 actividades en la región,
entre capacitaciones, charlas y cobertura territorial en sus diferentes unidades, accediendo a
comunas sin presencia física permanente de la CAJ, como Río Verde, Porvenir, Laguna Blanca,
Torres del Paine, San Gregorio, y localidades como Villa O’Higgins y Puerto Williams. Sólo el
abogado del convenio CAJ-SENADIS realizó 20 de ellas, las que convocaron a 458 participantes en
la temática de discapacidad, como grupo vulnerable.
En orientación e información, remarcó el alcanzar un índice del 90.5% de satisfacción usuaria en el
periodo, dada la consolidación de un estándar de calidad en la modalidad de demanda
espontánea, con listas de espera muy disminuidas, que incluso les permite atender a la persona en
el mismo día y no más allá de 48 horas.
Asimismo, reconoció a partir del segundo semestre el impulso brindado por la nueva Jefa de la
Oficina de Defensa Laboral (ODL) para retomar con fuerza el patrocinio judicial, y llegar a grupos
vulnerables de trabajadores y capacitarlos en temáticas propias de la ley laboral.
Durante el año pasado, Donatti añadió que los ingresos a tribunales fueron el único indicador al
debe (por un pequeño porcentaje), incidido por factores como falta de dotación y la paralización:
“Al abrir las puertas después del paro tuvimos que adecuar a todos nuestros profesionales para
atender a esa gente que solicitaba venir por orientación e información, quedándoles menos tiempo
para que ellos pudieran dedicarse a redactar demandas e ingresar a tribunales”.
Finalmente, señaló que se mantienen también a la espera de ver cómo se implementará la
solución colaborativa de conflictos, hoy radicada en su Centro de Mediación, donde tienen dos
funcionarias. Bajo el amparo de la nueva ley, podría plasmarse en mayores recursos y dotación,
para llegar a y así darle un impulso que merece: “La idea es no judicializar tanto y poder tener una
resolución alternativa al conflicto fuera del ámbito judicial”.
