Otorgar orientación y asesoría jurídica a toda persona que lo requiera, y patrocinar judicialmente
de manera profesional y gratuita a quien no cuente con los recursos para hacerlo, son el leit motiv
de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), institución dependiente de Justicia que en los
últimos años se ha volcado en especializar sus atenciones para mejorar el acceso a la justicia a
grupos de especial interés. Uno de ellos son las personas extranjeras, muchas de las cuales se
encuentran en situación precaria o irregular y, por lo tanto, pueden acceder directamente a sus
servicios.
Como fenómeno global, la migración se ha hecho presente en Chile y también en nuestra región.
Conforme a ello, la CAJ ha venido articulando -especialmente en la última década- su acceso a la
justicia como algo garantizado constitucionalmente, a fin de brindar transversalmente su oferta
pública a quienes entre ellos requieran asesoría jurídica o representación judicial.
Al respecto, la incorporación de personas migrantes y/o indocumentadas como población objetivo
de la institución, se funda en el principio de debido proceso y la igual protección de los derechos
establecidos en la ley, recogidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales
sobre Derechos Humanos ratificados por Chile. Ante ello, Alejandro Donatti, Director Regional de
la CAJ, manifiesta que deben velar para que estos ciudadanos hagan valer sus derechos
fundamentales estando en el territorio nacional: “en el fondo, los derechos se mantienen, no se
pierden, y la importancia de la CAJ es que nosotros somos el organismo llave para que puedan
ejercer esos derechos ante el tribunal”.
La Corporación ha coordinado su intervención con personas extranjeras con el Servicio Nacional
de Migraciones como el organismo que implementa la política pública en materia de migraciones.
Dentro de las definiciones adoptadas mantiene con el organismo especializado la asesoría en
materia de regularización que requiere este segmento y, por otra parte, la defensa judicial que
contempla nuestro Estado de Derecho frente a los decretos de expulsión del artículo 141 de la Ley
N° 21.325.
Otros enfoques de trabajo de la institución consideran la protección de las infancias que pueden,
en razón de una situación no regularizada de sus grupos familiares, exponerlas a vulneraciones de
derechos. Al respecto, las líneas infancia de la CAJ mantienen énfasis de trabajo como población
objetivo.
A su vez, el Centro de Atención a Víctimas de delitos violentos (CAVI) de la CAJ hace un llamado a
la comprensión, a que la comunidad considere la presencia de cualquier delito que pueda afectar a
la población migrante sin regularización de su condición migratoria, como algo plenamente
denunciable y dentro del ámbito persecutorio del Ministerio Público.
Yarela Gallardo, Coordinadora de Gestión Regional de la CAJ, subraya que muchas veces, uno de
los riesgos que corren las personas migrantes es no denunciar delitos u otras vulneraciones de
derechos, para no exponer una situación migratoria irregular: “Esta es una desinformación que no
queremos entre nuestras personas migrantes, y la CAJ ha avanzado en procedimientos que
permiten asignar representación judicial a quienes entre ellos mantengan una situación no
regularizada, a efectos de reestablecer sus derechos y perseguir la responsabilidad de quienes los
vulneran”. Aquello se trabajó el año pasado con el Servicio de Migraciones, el CAVI y la Oficina de
Defensa Laboral (ODL), siendo en todos los casos restablecido el imperio de la ley.
Al respecto, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat, destaca la relevancia de la
función que desarrolla la CAJ, en materia de informar, orientar y representar a personas muchas
veces invisibilizadas, que han debido emigrar de sus lugares de origen en procura de brindar un
mejor futuro a sus familias. Al margen de su situación regular o irregular o de cómo llegaron al
país, resalta la prioridad como grupos focales que revisten especialmente las infancias migrantes,
con un tratamiento especial como sujetos de intervención de la Corporación.