Trabajo, RR.EE., Interior, Agricultura, Medio Ambiente y Economía. A parlamentarios debe investigarlos Comisión de Ética del Senado.
Fuentes: Emol.com – CiperChile.cl – La Tercera – El Mostrador – Cooperativa.cl
En las últimas semanas, la política nacional se ha visto conmocionada por el descubrimiento de reuniones no registradas en la plataforma de la Ley del Lobby. Estos encuentros en el departamento de Zalaquett en Lo Barnechea han involucrado la presencia de ministros y parlamentarios de distintas tendencias políticas, desatando una ola de críticas y captando la atención de los medios. 10 parlamentarios con representación desde Evópoli hasta el PS, pasando por la UDI, Demócratas, RN y PPD. forman parte de esta lista.
El gobierno confirmó al portal CIPER que seis ministros han asistido a reuniones organizadas por el exalcalde y actual lobbista Pablo Zalaquett (UDI). Lo hizo después de que CIPER revelara que Zalaquett reunió a los ministros Grau y Rojas con empresarios de la salmonicultura, sin que esto se registrara como lobby. La primera en asistir fue la titular de Interior, Carolina Tohá, en junio pasado. Ella no entregó a CIPER los nombres de los 15 empresarios que la acompañaron en la cita. La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, se juntó allí con ejecutivos de las AFP. Los ministros Esteban Valenzuela (Agricultura) y Maisa Rojas (Medioambiente) se reunieron con dirigentes de la Sofofa. El canciller Alberto Van Klaveren asistió a una cena con empresarios y representantes de organizaciones sociales. En el último tiempo, Zalaquett ha organizado estas citas con el exdiputado Jorge Insunza (PPD). Expertos estiman que estas reuniones deben ser registradas como lobby.
Todos los ministros que asistieron a las comidas en casa de Zalaquett, dijeron a CIPER que no anotaron esas citas con empresarios en el registro de Lobby porque se trató de conversaciones generales, las que además se realizaron fuera del horario laboral. Zalaquett subrayó que en las citas no se hizo lobby: “Siempre ha estado expresamente excluido el lobby, en las invitaciones y en las reuniones”.
Los expertos en materia de transparencia tienen una opinión distinta. María Jaraquemada, directora ejecutiva de Chile Transparente, publicó en redes sociales: “Una (mala) interpretación común de la Ley de Lobby es que solo aplica en edificios institucionales y ‘horario’ laboral, pero no es así. Si el objetivo de los privados es influir un proceso decisorio, debe registrarse. Urge su modernización para disminuir vacíos legales”. Hasta ahora, los únicos que han entregado la nómina detallada de los empresarios con los que se reunieron en la casa de Zalaquett, son la ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC), el ministro de Economía, Nicolás Grau (CS), y el ministro de Agricultura Esteban Valenzuela (FRVS). ¿El resto? Amnesia o silencio.
La Contraloría General de la República ofició a seis ministros por estas reuniones: de Agricultura, Esteban Valenzuela; de Economía, Nicolás Grau; de Medio Ambiente, Maisa Rojas; de Trabajo, Jeannette Jara; de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren; y de Interior, Carolina Tohá. Los secretarios de Estado tienen un plazo de 10 días hábiles para responder al oficio, tras lo cual el ente evaluará los pasos a seguir.
Asimismo, los ministros Grau y Rojas estaban convocados este miércoles a la Comisión de Medioambiente para explicar el contexto de esta cita.
Por otra parte, “Sin efecto” quedó la convocatoria que tenía esta semana la Comisión de Ética del Senado, que hoy preside la senadora independiente Fabiola Campillai. Según la Ley de Lobby, la instancia disciplinaria, que preside la legisladora independiente, es la encargada de resolver si senadores, que asistieron a los encuentro organizados por el lobista, faltaron a la normativa.
En el marco de este fin de semana, tres cuadros del Partido Socialista admitieron haberse hecho parte de estos encuentros: El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, en circunstancias que era senador; la presidenta de la colectividad, Paulina Vodanovic; y el diputado Juan Santana
La sesión de este martes quedó postergada para el 16 de enero, a las 12:30, para abordar un conjunto de temas pendientes, entre ellos resolver el caso de la senadora Loreto Carvajal (PPD), quien por error votó estando pareada, es decir, tenía el compromiso de no pronunciarse para equiparar la ausencia de su par de RN, Rodrigo Galilea.
No obstante, un nuevo tema más urgente se le sumó a la instancia disciplinaria del Senado, que sesionó por última vez el 28 de noviembre del año pasado: las reuniones de senadores con empresarios, organizadas por el lobista y exalcalde, Pablo Zalaquett (UDI), que no fueron declaradas, por diversas justificaciones, en el registro público de audiencias, según lo exige la Ley de Lobby, en la medida que haya gestiones para influir en decisiones legislativas.
Hasta ahora, dentro de la Cámara Alta, han reconocido su participación, en las citas promovidos por Zalaquett, los senadores Rodrigo Galilea (RN), Jaime Quintana (PPD), Ricardo Lagos Weber (PPD), José Miguel Insulza (PS), Paulina Vodanovic (PS), Matías Walker (Demócratas), Ximena Rincón (Demócratas) y Sergio Gahona (UDI).
Si bien la mayoría explicó que se trató de diálogos en los que se hablaba de asuntos generales (como el clima político, la seguridad, el proceso constituyente, el desarrollo de la economía), hay casos en los que se expuso de proyectos de ley en tramitación. Por ejemplo, Galilea estuvo con representantes de la asociación de AFP, a propósito de la reforma de pensiones. Por su parte, Gahona estuvo en otra reunión con ejecutivos de las isapres, donde el tema central fue la ley corta de Salud que atañe especialmente a las prestadoras privadas. En ambos casos, la justificación para no declarar estas audiencias es que se trató de exposiciones de los propios parlamentarios, más que intentos por influir en sus decisiones legislativas.
No obstante, para dirimir esas dudas, la Ley de Lobby le asigna una especial responsabilidad a las comisiones de Ética, tanto del Senado y de la Cámara, que están facultadas legal y reglamentariamente para actuar de oficio, sin necesidad de un requerimiento, para verificar y resolver si hubo o no infracciones a la normativa.
“La Comisión de Ética y Transparencia Parlamentaria que corresponda le aplicará una multa de diez a treinta unidades tributarias mensuales, que se descontarán directamente de sus remuneraciones o dieta, cuando corresponda”, dice la Ley 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante autoridades y funcionarios. Es decir, la sanción puede fluctuar entre $646 mil pesos a un $1,9 millones, lo va que aparejado, además, de un reproche público.
A raíz de la polémica, la Cámara de Diputados ya tomó cartas en el asunto y, a través de su instancia disciplinaria, ya abrió un expediente, con el acuerdo unánime de sus nueve miembros (desde el PC a los republicanos).
El 3 de agosto del año pasado, Óscar Hasbún -vicepresidente de la Sofofa, gerente general de la Compañía Sudamericana de Vapores y ejecutivo clave del Grupo Luksic-, dijo en entrevista con T13 Radio que en el gobierno existía una “sensibilidad excesiva” respecto de los permisos ambientales. Apenas 26 días después tuvo la oportunidad de plantear esa crítica directamente a dos de los ministros encargados de otorgar permisos a proyectos empresariales: Esteban Valenzuela (Agricultura) y Maisa Rojas (Medio Ambiente). La reunión fue en el departamento de Pablo Zalaquett, en Lo Barnechea. Partió a las 20:00 y, además de Hasbún, también asistió Susana Jiménez, exministra de Energía en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, actual ejecutiva del Grupo Luksic en su rol de directora de Invexans y vicepresidenta de la CPC. Hasta ahora, esa reunión había permanecido en reserva.
Particulares y parlamentarios de derecha hicieron denuncias en la Contraloría General de la República tras conocerse que eran más los ministros del gobierno de Gabriel Boric que habían participado de estas reuniones en residencias no gubernamentales y sin hacer los respectivos ingresos en l marco de la Ley de Lobby. Están citados a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara la ministra del ramo, Maisa Rojas (independiente), y su par de Economía, Nicolás Grau (Convergencia Social), para que respondan ante las consultas de diputados por las reuniones en la casa del exalcalde y lobbista Pablo Zalaquett. Todos los ministros que asistieron a las comidas en casa de Zalaquett, dijeron a CIPER que no anotaron esas citas con empresarios en el registro de Lobby porque se trató de conversaciones generales, las que además se realizaron fuera del horario laboral. Zalaquett subrayó que en las citas no se hizo lobby: “Siempre ha estado expresamente excluido el lobby, en las invitaciones y en las reuniones”.
El presidente Gabriel Boric defendió el actuar de sus ministros hace unos días, (cuando sólo se sabía de la participación de dos secretarios de estado) tras una publicación de Ciper Chile “Primero, el estándar tiene que ser cumplir la ley y en el cumplir la ley nadie se puede exceptuar ni buscar excusas para no hacerlo. Y cuando la ley se incumple, tienen que establecerse las sanciones que correspondan. (Pero) acá no ha habido ningún incumplimiento de la ley”, dijo el Mandatario. El Jefe de Estado expresó que su instrucción a todos quienes componen el gobierno “es que se reúnan con todas las autoridades para poder sacar adelante acuerdos que vayan en beneficio del pueblo de Chile (…) Eso se tiene que hacer en el cumplimiento de la ley. Eso es lo que se ha hecho en este caso”.
Según una declaración que hizo Zalaquett el jueves, esta dinámica de encuentros, en los que también han participado la titular del Interior, Carolina Tohá (PPD); del Trabajo, Jeannette Jara (PC); de Agricultura, Esteban Valenzuela (FREVS), y de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren (indep.-PPD), buscan “acercar y humanizar la relación entre dos mundos”. Por su parte, la ministra secretaria general de gobierno, Camila Vallejo (PC), también reforzó esta explicación en Radio Cooperativa. “No todo diálogo es lobby. No toda conversación es lobby… Ninguna de estas reuniones tuvo por objeto incidir en una decisión de la autoridad”, afirmó la portavoz de La Moneda. La diligencia se materializó el pasado viernes luego de que la Contraloría recibió denuncias de parte de parlamentarios RN y de particulares, que se suman a la presentación que hizo este lunes la bancada del Partido Republicano. A contar del próximo viernes, los mencionados ministerios tienen 10 días para responder. Dependiendo de la respuesta, la Contraloría tomará la decisión de iniciar una investigación o no.
El destape inicial, revelado por Ciper, señaló la realización de encuentros informales, denominados “Cheese and Wine”. La falta de registro de estas reuniones ha suscitado interrogantes sobre la influencia que podrían haber ejercido estos encuentros en la toma de decisiones políticas, así como en la elaboración de políticas públicas. Diversos sectores han expresado su preocupación ante esta situación, exigiendo explicaciones y medidas por parte de las autoridades involucradas.
A medida que este escándalo ha cobrado notoriedad, más nombres de autoridades han emergido, alimentando la controversia en torno a estos encuentros no reportados.
A los “Quesos y Vino” también han asistido los senadores:
- Rodrigo Galilea, presidente RN
- Ximena Rincón, presidenta Demócratas
- Matías Walker, Demócratas
- Paulina Vodanovic, presidenta PS
- José Miguel Insulza, PS
- Jaime Quintana, PPD
- Juan Antonio Coloma, UDI
- Álvaro Elizalde, PS (hoy ministro)
Los diputados
- Juan Santana, PS
- Alberto Undurraga, presidente DC
- Francisco Unurraga, Evópoli
- Guillermo Ramírez, UDI
Y un alcalde:
- Rodolfo Carter, La Florida