Tocar el recurso más sagrado de la Patagonia es jugar con fuego en la región más
inflamable del país. Olvidando con una amnesia centralista y peligrosa la histórica e
imborrable revuelta social de enero de 2011 —cuando Magallanes entero se paralizó por
completo para frenar el alza del gas— ahora, el proyecto presupuestario del gobierno del
Presidente José Antonio Kast ha decidido revivir los fantasmas del pasado.
Las planillas ingresadas al Congreso revelan un recorte que supera el 11% en el
presupuesto del Ministerio de Energía, impactando directamente al corazón de nuestra zona
mediante una reducción de más de 10 mil millones de pesos en el subsidio que compensa a
ENAP por el gas magallánico. Ante la lógica alarma local, la ministra de Energía, Ximena
Rincón, y el seremi local, se apresuraron a calmar los ánimos argumentando que las tarifas
están protegidas por decreto, y que el menor presupuesto se debe únicamente a que
“producir el gas será más económico”. Sin embargo, la política exige leer entre líneas esta
narrativa del gobierno y sembrar la advertencia obligatoria: ¿y si mañana cambia todo? Un
decreto puede cambiar. Confiar la estabilidad de una zona extrema a una planilla de costos
supuestamente bajos es una apuesta irresponsable. ¿Y, si el precio internacional de los
insumos se dispara? O, si ENAP enfrenta cualquier imprevisto climático en sus faenas
australes, el hachazo presupuestario ya estará consumado y la región quedará
completamente desprotegida, traspasando el riesgo fiscal directamente al bolsillo de los
magallánicos.
Este inminente peligro energético adquiere su rostro más cruel al mirar a nuestra población.
Magallanes ostenta uno de los índices de envejecimiento más altos del país, y debilitar la
red de subsidios golpeará en el mediano plazo a miles de adultos mayores que deben
subsistir con pensiones estancadas. Este daño social es el resultado de un diseño pro-cíclico
de extrema austeridad masiva que el actual gobierno financia a costa del desmantelamiento
de los territorios aislados.
Al congelar la inversión regional directa, la actual administración demuestra que evalúa la
geopolítica austral ignorando el impacto humano que significa escarchar las rutas de
quienes sostienen la soberanía, y resentir la red pública regional.
Hace solo unas semanas, vimos desfilar por Punta Arenas al vicepresidente de la República,
ministros y una comitiva oficial que llegó a proclamar a los cuatro vientos el valor
estratégico y patriótico de nuestra tierra, anunciando el patrocinio para decretar feriado
regional permanente cada 21 de septiembre en homenaje a la gesta de la Goleta Ancud. Fue
una elaborada puesta en escena diseñada para consolidar la aprobación del gobierno a costa
del orgullo local. Sin embargo, la ilusión duró lo que tardó el avión presidencial en
despegar de regreso a Santiago. El gobierno nos utilizó como el decorado perfecto para sus
discursos de soberanía, y nos condena al aislamiento cuando se trata de resguardar el
bienestar diario de nuestras familias.
Por todo esto, el desafío político de las autoridades locales y de sus representantes en el
Congreso ya no consiste en aceptar explicaciones técnicas complacientes ni mendigar
reasignaciones marginales en la Comisión Mixta, sino en establecer un petitorio técnico
intransigente: rechazar la partida del Ministerio de Energía hasta que se restituyan
íntegramente los 10 mil millones de pesos del subsidio al gas de ENAP, y condicionar los
votos regionales a un piso mínimo que revierta el recorte en conectividad.
La dignidad de la región de Magallanes no se defiende otorgando un día libre en el
calendario para adormecer nuestra reacción, sino garantizando los recursos mínimos para
que nuestra gente, y especialmente nuestros viejos, puedan sobrevivir dignamente y con
certezas el resto del año
Sergio Reyes Tapia.
Periodista.
