EL SALVAVIDAS DEL 15 DE NOVIEMBRE

Hace 7 años, el 15 de noviembre de 2019, dirigentes políticos de diversos sectores de Chile suscribieron el
Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución. Reunidos en horas de la noche, tras largas deliberaciones, se
acordó un texto que sintetizaba la aspiración del mundo político por encauzar institucionalmente las demandas
expresadas en el estallido social iniciado el 18 de octubre de ese año.
El fracaso de los dos procesos constitucionales que se intentó después, hace olvidar que lo ocurrido aquella
noche del 15 de noviembre, es lo que permitió construir una salida pacífica a la mayor explosión social de los últimos
cien años en Chile. En otras palabras, la decepción generalizada producida por el fracaso constituyente, hace olvidar
que lo que impidió un desenlace sangriento de la crisis social y política, fue ese momento poco conocido, y poco
valorado en que un grupo amplio de políticos, se reunió para salvar la institucionalidad. Con toda seguridad, había
otras alternativas, como que se insistiera con la acusación constitucional en contra del presidente de la república, lo
que habría puesto término anticipadamente al mandato del presidente Piñera. Un hipotético caso como ese, no
consideraba la reacción del resto de los poderes del Estado, ni tampoco de los poderosos intereses económicos. Para
la historia queda la firme oposición de la senadora Isabel Allende, que, con el recuerdo de su padre, el presidente
mártir, sostuvo que en democracia los presidentes debían concluir su período. Algunos años más tarde, la ultra
derecha le pagó ese acto de hidalguía, con una acusación ante el TC que la privó de su cargo para el cual fue electa
democráticamente, y fue expulsada oprobiosamente del Senado de la república.
En ese no tan distante año 2019, una asonada popular que no dejara títere con cabeza, fue una idea que
rondó por las cabezas de moros y cristianos. Un sector de la derecha instaba al presidente Piñera a instalar el estado
de sitio en todo el país, y reprimir con fuerza a los manifestantes. Eso estaba encima de la mesa la noche del 15 de
noviembre. A su lado estaba el conjunto de demandas sociales de diversa naturaleza, que impulsaba la ciudadanía
en forma transversal, en cada rincón del país, de Arica a Magallanes. El reclamo en contra de los abusos de bancos,
Farmacias, supermercados; el reclamo en contra de la desigualdad, y la exigencia de una mejor distribución de la
riqueza y el mayor acceso a derechos sociales.
El fracaso de los dos procesos constituyentes, le ha quitado visibilidad y valoración al acuerdo del 15 de
noviembre de 2019. Por cierto, en esa noche los sectores más extremos del espectro político no participaron del
acuerdo. No estuvo el PC, tampoco estuvieron los partidos de lo que hoy se conoce como FA. Ya que el por ese
entonces diputado Gabriel Boric, lo hizo a título personal, ganándose después las recriminaciones y amenazas de
sanción en su partido. También se manifestó contrario a este acuerdo el diputado Kast, quien lideraba el partido
republicano, que se encontraba en formación, y eran partidarios de conservar la constitución sin modificaciones.
Entre las cosas insólitas de nuestra historia reciente, con seguridad el premio se lo lleva la situación que se
produjo en los dos procesos constituyentes. Dos procesos liderados por sectores de izquierdas y derechas, realizados
en forma consecutiva, dieron como resultado dos sonados rechazos ciudadanos. Un verdadero remake electoral
sucedió después en las elecciones presidenciales. En 2021 se impuso una alianza de partidos de izquierda liderados
por el ex diputado Boric, quien asumió con la promesa de dar respuesta a las demandas sociales expresadas por la
ciudadanía en 2019. El resultado de esta experiencia no fue la de proyectar el programa de transformaciones
sociales en otro mandato presidencial. Por el contrario, y repitiendo el movimiento pendular que se ha cumplido
cada 4 años, desde 2010, el trompo volvió a girar, y en 2025 fue electo el líder de la ultraderecha, el ex diputado JAK.
Los cambios electorales, no han calado en el tejido social. Los últimos estudios de opinión dan cuenta que la
ciudadanía ve que las causas que motivaron el estallido social, se mantienen. Paradójicamente, al día de hoy se
identifica al estallido social como una respuesta a los abusos, la injusticia, la mala distribución de la riqueza, se
esgrimen como fundamento del estallido. Hoy la ciudadanía, ajena a la propaganda financiada por las AFP y las
grandes fortunas, no sólo justifica el estallido, sino que tiene una imagen positiva del mismo.
Lo anterior es un contraste evidente con la opinión que sostiene la coalición gobernante. Lo que pareciera
indicar la pérdida de ese “sentido común” del que se sentía la voz hegemónica. El rechazo a las medidas económicas
adoptadas en el primer mes de mandato, como por ejemplo el traspaso íntegro del alza del precio de los
combustibles a los consumidores, hunden la aprobación de ejecutivo en torno al 20%. El sentido común ciudadano,
como siempre ha sido, está ligado a sus condiciones materiales de vida. El año pasado con el país recuperándose al
ritmo de un crecimiento de 2,5 anual, con inflación controlada en torno al 3%, y a la baja, se avizoraba el inicio de

una baja en las tasas de interés por el Banco Central. El desempleo cerca del 8% también en tendencia a la baja. Pero
eso no era suficiente para la población, había descontento, insatisfacción. En ese terreno hallaron campo fértil los
anuncios de campaña, las promesas, de que el país estaba en el suelo, y que, con el cambio de ciclo electoral, “todo
va a estar mejor”. El cúmulo de expectativas de un electorado ansioso e impaciente, rebota ahora cuando las
promesas de campaña se han comprobado ineficaces, erróneas o derechamente falsas. Como máxima expresión y
síntesis de cómo empeoró la situación en un breve lapso, están las declaraciones del ministro de Hacienda, donde ha
reconocido, lo que todos los economistas de progresismo y de centro derecha adelantaron, Chile está en recesión. Es
primera vez que Chile entra en una recesión, que no es provocada por una recesión mundial. Según datos del FMI, el
mundo crecerá un 3% este año. Latinoamérica crecerá un 2,3%, mientras Chile terminará 2026 con crecimiento cero.
Otra de las materias sobre las que más se discurseó en campaña, es el desempleo. Hoy el desempleo está
rompiendo todos los récords anteriores, está rosando los dos dígitos, superando el millón de personas. La inflación
que estaba en 2025 por llegar al rango meta del Banco Central de 3,0%, hoy llega a 4,5 %. La alta inflación impide al
Banco Central bajar la tasa de política monetaria, lo que priva a la economía del impulso al crédito y la inversión, que
gatilla el crecimiento. El termómetro de la economía es el consumo de los hogares, como efecto del “bencinazo” y
con los precios de la canasta de alimentos al alza, el consumo privado se ha reducido nuevamente. Un efecto que lo
han notado hasta los feriantes, pero que en las finas oficinas de Hacienda en Teatinos 120 no se oye padre.
Mantener una decisión de política económica errónea, no es liderazgo o señal de carácter, persistir en un
camino equivocado contra toda evidencia, es señal de obstinación, de rigidez, incompatible con los atributos de
cercanía, confianza, credibilidad y empatía, que son los atributos en que la ciudadanía reprueba con más fuerza al
ejecutivo.
Una decisión de última hora, forzada por una movilización de gremios regionales de dueños de camiones,
llevó al ministro de hacienda a revertir su decisión de liberar a su suerte el precio de los combustibles. El MEPCO que
en marzo era malo, pésimo, ahora parece que no sólo es bueno y se repone, sino que se presenta un proyecto de
ley, para inyectar más recursos para subsidiar el precio de los combustibles a un costo cercano a los mil millones de
dólares entre 2026 y 2027. Esto como respuesta al gremio que se atrevió a desafiar al gobierno en las calles y rutas.
Como soy optimista, espero que esta mini señal de flexibilidad, se replique también en otros ámbitos.
Aunque el rostro del ministro Quiroz en el punto de prensa que anunció el acuerdo con los camioneros lo decía todo.
Apurados por el viaje del presidente a Asia, terminaron firmando un acuerdo que desmiente todos los argumentos
esgrimidos desde marzo. El discurso oficialista es que su programa y sus medidas de política económica, fueron
apoyadas mayoritariamente en las elecciones, por lo que no se cede ni negocia, y se deben aceptar sus términos. La
señal de apertura al dialogo y negociar, bajo la presión de un paro que alteró el tránsito de personas y mercaderías,
se presta para diversas interpretaciones. La interpretación más positiva, es que por fin se dieron cuenta de cómo
había afectado a la economía la pésima decisión del bencinazo. Otra interpretación es que sólo negocian con quienes
sostienen una estrategia de negociación agresiva. Ojalá que no sea el caso, porque sería la puerta de entrada para
entrar de lleno en el conflicto social.
Actuar imbuido de certezas absolutas en políticas públicas, pone al oficialismo en riesgo de chocar contra la
realidad, que es diversa y cambiante. Lo que en diciembre de 2025 fue un apoyo rotundo y mayoritario, hoy se ha
esfumado, y tratar de recuperarlo va a requerir un grado de flexibilidad mayor a la que ha demostrado el elenco
ministerial que acompaña al presidente. El país necesita de una conducción económica que recupere los índices de
crecimiento, inflación y desempleo, no al año 2030, sino al año 2027. Hacer los cambios para conseguirlo es plena
responsabilidad del presidente.
Ernesto Sepúlveda Tornero