Hace unos días, 5 de noviembre, durante una marcha estudiantil pacífica en nuestra ciudad
de Punta Arenas, vimos una escena que para muchos “no tiene nada de malo”, pero que
esconde un mensaje complicado. En la entrada del Gobierno Regional, protegido por un
fuerte contingente de Carabineros, el Seremi de Seguridad Pública se dedicó a tomarles
fotos con su celular a los jóvenes que se manifestaban.
Quienes defienden esto diciendo que “la autoridad solo hacía su pega” miran el asunto con
mucha ingenuidad. El rol de un Seremi es la gestión política de la seguridad, no actuar
como fotógrafo de inteligencia en terreno. No hablamos de un funcionario cualquiera;
hablamos de una autoridad con formación militar en un cargo civil. En ese mundo, el
registro visual no es para el recuerdo familiar: es para levantar información sobre un
“objetivo” y marcar territorio. Al congelar los rostros de los manifestantes desde el blindaje
policial, la cámara se convierte en una herramienta de intimidación y de sospecha.
Detrás de ese obturador opera una estrategia más profunda: el miedo del poder a la fuerza
colectiva. Al fotografiar de forma individual a los estudiantes, la autoridad busca disolver la
potencia de la marcha y transformarla en una simple sumatoria de personas bajo sospecha.
El Estado intenta fragmentar y aislar al movimiento social porque le teme al disenso
legítimo. Al reemplazar la palabra por el lente, el poder político renuncia de manera
deliberada a construir consensos y salta directo a la lógica penal del control de masas.
Si el Estado tiene tecnología de sobra y centrales de cámaras para monitorear las calles de
forma profesional, ¿para qué pararse en primera línea a apuntar con el teléfono a
estudiantes? La respuesta es simple: para disuadir a través del miedo al “archivo” estatal.
En vez de abrir las puertas para escuchar propuestas, se prefirió la parada de cuartel y tratar
un problema social como si fuera un asunto netamente criminal. ¿Es esa la señal de diálogo
que nuestras autoridades le quieren dar a la juventud magallánica?
Y qué dice la ley: Los funcionarios públicos solo pueden hacer lo que la ley les permite
expresamente (Artículos 6 y 7 de la Constitución Política de Chile). Y según la ley, un
Seremi tiene funciones políticas y administrativas de planificación, coordinación y
presupuesto sectorial. No cuenta con facultades legales de fiscalización policial,
inteligencia, ni de control del orden público para realizar registros individuales de identidad
o seguimiento de manifestantes.
También, el artículo 20 de la Ley 19.628 sobre Protección de la Vida Privada mandata que
los organismos públicos solo pueden tratar datos personales en las materias de sus
respectivas competencias y con fines legales. Si la autoridad captura imágenes para crear un
registro, identificar personas o realizar un perfilamiento sin un marco legal que lo faculte,
infringe directamente las normativas vigentes de protección de datos. Y si la marcha está
compuesta por escolares o estudiantes menores de 18 años, la situación es aún más estricta:
La Ley 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la
Defensoría de la Niñez prohíben de forma estricta que instituciones o autoridades capturen,
almacenen o utilicen imágenes de niños, niñas y adolescentes sin el consentimiento
explícito de sus padres o tutores legales. Entonces, ¿Por qué y para qué el seremi de
Seguridad Pública, Ronald López, violó la ley?
Sergio Reyes Tapia.
Exseremi de Bienes Nacionales de Magallanes.
