Para nadie ha sido sorpresa cómo se ha desplomado la adhesión al gobierno de ultra derecha. Semana a
semana, los estudios de opinión arrojan resultados adversos en su aprobación. Una curva descendente que incluso
en CADEM ha bajado la barrera del 30%, situándose en torno al 27%, básicamente la administración se sostiene en
su voto duro, aquel que en teoría le será fiel hasta el final. No es un dato que dé para celebraciones al progresismo.
El avance legislativo de la mega reforma, implica un golpe demoledor al estado de bienestar. Un sistema
que, con falencias, con dificultades, logró consolidarse gracias al consenso político básico de los 30 años. El
mejoramiento de las condiciones materiales de vida de millones de personas, fue fruto de las realizaciones de los
gobiernos progresistas, pese a la oposición encarnizada de la derecha dura y neoliberal. Los mismos que hoy
idolatran a los presidentes Aylwin y Ricardo Lagos, se opusieron tenazmente a toda reforma, y defendieron a
ultranza los privilegios y granjerías otorgados en dictadura a los más ricos del país.
La anunciada emergencia, muletilla de campaña que se repitió como un mantra, desde marzo, se amplificó,
con miles de altos cargos del ejecutivo repitiéndolo sin pausa. En un giro drástico de los acontecimientos, una
emergencia ficticia, usada como elemento aglutinador, infundiendo el temor en la población, se transformó en
realidad en diversos ámbitos. Una economía que hasta el año 2025 crecía a 2,5%, hoy se hunde con un magro
crecimiento de cero%, que incluso podría estar en cifras negativas para el crecimiento anual. La inflación que estaba
contenida y se proyectaba llegaría a la meta de 3% en el primer trimestre de este año, ahora ya suma 4% y sigue en
alza. El desempleo que ya estaba alto el año pasado en torno al 8%, hoy supera el 9,6%, y ya superó los dos dígitos
en mujeres. Los discursos catastrofistas que fueron muy exitosos para instalar la idea de un país quebrado, a partir
de marzo fueron replicados estando en control del ejecutivo, y fueron justificación para llevar a cabo una
restauración conservadora que echara por tierra los consensos de décadas anteriores.
Una cosa era cierta de lo que el candidato Kast dijo en campaña, se intenta llevar a cabo un cambio radical
en Chile. Como una especia de dejavú del proceso constitucional donde fue mayoría el partido del presidente, se
intenta instalar un proyecto ideológico totalmente ajeno a la vida social, económica y política de nuestra
democracia.
El predominio de los intereses de los sectores más favorecidos en la agenda gubernamental es innegable. En
medio de un clima de gran inestabilidad externa producto de la guerra en Irán, desde el núcleo de decisiones del
ejecutivo, se llevó a cabo una reforma que le rebaja el impuesto de primera categoría a las empresas y personas de
más altos ingresos. Y se persiste en un discurso que instala un clima de inestabilidad. Difícil no recordar al
tristemente célebre De Polo ex embajador en Brasil, cuando ofrecía “meterle inestabilidad a la economía”. Todos los
economistas ajenos al oficialismo han criticado las medidas adoptadas por el ejecutivo, que tienen al país en una
virtual “Estanflación”, ósea una economía con alta inflación y nulo crecimiento. Las promesas de que todo va a estar
bien en el futuro, no satisfacen a los actores económicos, porque si hay algo a lo que los inversionistas tienen
aversión es a la incertidumbre. El riesgo es un elemento que está siempre presente en toda actividad humana, y
cuando se trata de inversiones al nivel de riesgo se puede asignar un valor mediante cálculo de probabilidades. Eso
es lo que viabiliza inversiones al futuro. Un caso distinto es cuando, como en el escenario económico actual, este
está marcado por la incertidumbre, por variables que no se pueden predecir, ni asignarles un valor.
Economistas del progresismo aconsejan tomar medidas para cambiar en el corto plazo el estado actual,
como por ejemplo suspender la entrada en vigencia de la rebaja tributaria, para que el ejecutivo cuente con recursos
frescos para potenciar la alicaída inversión pública. Pero hasta ahora, no se oye padre.
Para mala fortuna del gobierno, la apuesta para completar los quórums de aprobación legislativa, en base al
pirquineo, parece haber llegado a su fin. Por una parte, votaciones adversas de diputados del PDG en la cámara, por
otra, el desafuero del senador Calixto, y la salida de la comisión de constitución del senador Araya, alejan la
posibilidad de que el oficialismo pueda saltarse el dialogo con la oposición.
Profundizando más la sensación de que el gobierno no tiene control sobre la agenda, y va cuesta abajo en la
rodada, esta semana se cometieron errores garrafales en el ministerio de justicia. El escándalo estalló cuando se
supo de que el ministro Rabat firmó, nada menos que 56 decretos concediendo rebajas de condenas a sujetos
condenados por crímenes deleznables en contra de menores de edad. Estamos hablando de sujetos que cumplían
largas condenas de cárcel por abuso y violación de niños y niñas. Algo repugnante de sólo mencionarlo. En este caso,
ni la ley aprobada en el gobierno anterior, obligaba a otorgarle beneficios a estos condenados, ni tampoco existe una
jurisprudencia uniforme de la Corte Suprema que obligara al ministro a firmar tales decretos. La propia presidenta
del máximo tribunal del país, se encargó de aclarar que ninguno de esos casos había sido revisado en la Corte, y que
quien firma el decreto es el ministro de justicia. Prácticamente todos los ex ministros y ex ministras de justicia,
salieron a desmentir el bulo que se trató de instalar, de que siempre se había hecho del mismo modo, y de que el
ministro estaba obligado a actuar de tal manera.
En un hecho que claramente se trató de disimular, sin éxito, lo que le otorga mayor gravedad aún. Se incluyó
entre los decretos que concedieron rebajas de condena, a criminales condenados por crímenes de lesa humanidad
que cumplen su pena en Punta Peuco. Se trata de dos criminales ex miembros de la siniestra CNI, autores de
secuestro, tortura y desaparición de cinco jóvenes que combatían la dictadura, en septiembre de 1987. Para que
estos valientes jóvenes sean recordados con honor y gloria, dejo plasmados sus nombres:
- José Julián Peña Maltés, ingeniero electrónico.
- Julio Orlando Muñoz Otárola, técnico.
- Manuel Jesús Sepúlveda Sánchez, tornero mecánico.
- Alejandro Alberto Pinochet Arenas, técnico automotriz.
- Gonzalo Iván Fuenzalida Navarrete, mueblista.
Políticos de ultra derecha han reaccionado indignados, porque “cómo pueden pretender que una buena
persona como el ministro de justicia tuviera la intención de liberar a estos criminales”. El hecho es que no se califica
aquí si el ministro es una buena o mala persona, sino la consecuencia de su acción. La firma de los mencionados
decretos produjo un bien o un mal, esa es la interrogante, y tiene una única respuesta. No se puede justificar lo
injustificable, y toca ahora a la máxima autoridad del país que se pronuncie sobre estos delicados hechos.
Está en juego el tipo de sociedad en la que queremos vivir, independiente del gobierno de turno, porque hay
valores que son anteriores y superiores al Estado, como la justicia, la paz, la solidaridad, y el respeto de los derechos
fundamentales, y dentro de estos el respeto y protección de los niños y niñas, están dentro de aquellos que en Chile
tenemos más firmemente incorporados.
Al igual que muchos de quienes leen o escuchan esta columna, creo que esta es una oportunidad para que la
empatía, la compasión, la solidaridad, vuelvan a estar en el centro de la acción política. Es el único camino para que
quienes están en la actividad política demuestren que trabajan por el bien común, por el interés general de la nación
y no por mezquinos intereses de grupo.
Ernesto Sepúlveda Tornero
