Las recientes declaraciones del SEREMI de Vivienda, José Guajardo, tras oficializar las notificaciones de desalojo en la toma Las Etnias, de Punta Arenas, instalan un escenario confuso.
La autoridad regional ha sugerido que los pobladores no abandonan el terreno por voluntad propia, sino porque estarían bajo el yugo de amenazas de sus propios dirigentes. Escuchemos la gravedad de su acusación.
La afirmación del SEREMI describe la comisión de delitos flagrantes dentro del campamento. Sin embargo, aquí es donde la lógica institucional tropieza. Si el Ministerio de Vivienda y el Serviu tienen constancia de que existen familias secuestradas y coaccionadas por mafias internas, ¿por qué la respuesta de la autoridad sigue siendo un mero trámite administrativo de desalojo de cinco días y no una denuncia penal inmediata en fiscalía para proteger a las víctimas? Al ser confrontado por los caminos legales, el propio Guajardo pareció desentenderse de la seguridad pública.
Una respuesta que siembra más dudas que certezas. ¿Se puede usar la tesis de la delincuencia interna para justificar el uso de la fuerza pública, pero al mismo tiempo evadir la responsabilidad de denunciar esos delitos? Mientras el Minvu asegura que el desalojo va en serio y que no están jugando cartas falsas, los comités de vivienda acusan que la autoridad prefiere criminalizar la organización vecinal antes que asumir la alarmante escasez de subsidios y terrenos disponibles. De hecho, el SEREMI optó por atacar la situación patrimonial de los dirigentes en vez de responder por las soluciones habitacionales de fondo.
Revelaciones de datos personales para desacreditar la vocería, pero pocas respuestas para las decenas de familias que quedarán en la calle este viernes. Si la solución definitiva no va a pasar —como ya advirtió el SEREMI— y la única salida ofrecida es el uso de maquinaria pesada, la pregunta que queda flotando es una sola: ¿Se está recuperando la paz social, o simplemente se está invisibilizando la pobreza a la fuerza?
Respuestas que generan dudas. Queda en evidencia que para la autoridad regional es más cómodo desentenderse de los conductos legales y culpar a las supuestas mafias internas, que mirar el propio tablero de su gestión y confesar que simplemente fracasaron en la política de vivienda. La fuerza pública entrará el viernes, pero la crisis social se quedará en la vereda.
SEREMI DE VIVIENDA Y TOMA LAS ETNIAS, SE VA REALIZAR DESALOJO COMO ESTA EN LA LEY
