- Al amputar más de 28.200 millones de pesos a los tratamientos de alto costo, la
administración del Presidente José Antonio Kast vacía de contenido su discurso
doctrinal y firma una sentencia de muerte clínica para miles de chilenos. - La asfixia presupuestaria condena a 84.000 pacientes terminales y catastróficos a la
agonía biológica y financiera: el dolor humano se convierte en el costo de arrastre de
la austeridad fiscal. - Parlamentarios y redes de salud denuncian una indolencia que trasciende lo político
y roza lo criminal: el Estado privatiza la supervivencia y mercantiliza los cuerpos de
los enfermos.
La propuesta presupuestaria para el año 2027 presentada por el Ejecutivo ha desatado una
crisis que desborda el análisis técnico para instalarse en el terreno de la supervivencia
humana más elemental. La consolidación de una rebaja real del 14,45% en los fondos de
Fonasa destinados a la Ley Ricarte Soto —equivalente a la pérdida irreversible de más de
28.000 millones de pesos— representa el desmantelamiento del único respirador artificial
financiero que separaba a miles de chilenos de una muerte segura y dolorosa.
¿Cuánto pesa el sufrimiento de un paciente oncológico en la balanza de pagos del Estado?
¿Cómo se concilia el dogma de la «defensa de la vida» que el gobierno de José Antonio
Kast abandera, con el acto explícito de retirar los recursos que mantienen latiendo los
corazones de los ciudadanos más desvalidos del país?
Esta decisión fiscal no es una optimización de recursos; es una medida de desahucio
institucional. Para las 84.000 personas diagnosticadas con enfermedades raras, cánceres
agresivos y patologías inmunológicas, cada peso recortado no es una cifra en una planilla
de Excel: es un miligramo de medicamento menos, un diagnóstico postergado, una sesión
de quimioterapia cancelada. Lo que el Gobierno ha firmado es la retirada del Estado del
frente de batalla por la vida, empujando a las familias a la privatización desesperada de su
tragedia a través de la caridad, las rifas y un endeudamiento que hipoteca su dignidad antes
de morir.
La reacción del arco legislativo ha sido de un rechazo absoluto ante lo que consideran una
contradicción ética intolerable. El senador Juan Luis Castro, presidente de la Comisión de
Salud, apuntó directamente al dolor físico que generará esta medida en pacientes con
Crohn, colitis ulcerosa o cáncer mamario en etapas avanzadas: «Esto es un ataque
realmente inhumano a personas que solo tienen esta ley para salvar sus vidas. Hemos
llegado a un extremo de conductas que realmente rayan en lo miserable, al quitarles
medicamentos de alto costo garantizados legalmente».
A su vez, la senadora Carol Cariola desnudó la crueldad distributiva del modelo actual,
confrontando el alivio tributario otorgado a los grandes capitales con la desprotección
biológica de las mayorías: «Reducir este presupuesto es un crimen inhumano. Significa
quitarle el financiamiento a la única posibilidad que tienen cientos de familias de comprar
sus medicamentos, todo para sostener el regalo tributario que le hicieron a los súper ricos a
costa del dolor de los enfermos».
El senador Iván Flores también se sumó a las denuncias en la Cámara Alta, catalogando de
injustificable el ahogo económico a una ley que nació precisamente como un pacto
humanitario frente a la enfermedad: «No puede ser que el gobierno presente una ley de
presupuesto que rebaje de un plumazo recursos tan críticos. ¿Cuánta gente se va a quedar
sin tratamiento porque el Estado decidió que ya no hay plata para sus diagnósticos y
remedios?».
En la Cámara de Diputados, los cuestionamientos adquirieron un tono descarnado sobre la
realidad material de los hogares afectados. La diputada Sofía González denunció el impacto
psicológico y físico de una medida tomada desde el aislamiento tecnocrático: «Estamos
hablando de personas que dependen de tratamientos carísimos para seguir viviendo con
dignidad. El Gobierno recorta recursos como si hablara de fierros o insumos de oficina. Eso
se llama indolencia pura frente a la vida y la muerte».
Con igual contundencia, el diputado Fabio Orsandón emplazó la coherencia del Ejecutivo y
exigió responsabilidades políticas inmediatas ante el escenario de desamparo que se
avecina: «Me parece insólito. El Gobierno tiene que explicar cómo va a garantizar que
nadie se muera esperando su tratamiento por falta de fondos. Es de una indolencia tremenda
que el gobierno del Presidente Kast recorte presupuesto en el tejido más sensible de la salud
pública».
El impacto de este repliegue estatal se ensaña con especial violencia en las zonas
geográficamente aisladas. En la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, más de
500 familias se sostienen gracias a las coberturas de la Ley Ricarte Soto. Quitar el
financiamiento en un territorio con nula conectividad médica de alta complejidad no es
abrir un debate sobre sostenibilidad macroeconómica: es firmar un decreto de abandono
territorial que obliga a los enfermos crónicos a padecer la degradación de sus condiciones
de salud sin el más mínimo amparo de la República.
La Ley Ricarte Soto fue instituida para que el cuerpo de un enfermo no fuera el campo de
batalla de la quiebra económica familiar. Al romper este pacto, la política pública del
gobierno de Kast comete algo peor que un error de gestión: comete una traición doctrinaria.
Un Gobierno que reclama el monopolio de la moralidad y la defensa de la vida no puede
dejar que sus ciudadanos mueran por asfixia presupuestaria. Las fuerzas políticas y civiles
exigen la reposición inmediata del presupuesto, porque la salud de un pueblo es su primera
línea de dignidad, y con la vida no se economiza ni se pacta.
