Es difícil explicarle a alguien que no vive en una región como la nuestra cómo funciona cotidianamente
un territorio acostumbrado al aislamiento. ¿Cómo explicar las distancias, el frío, los costos de construcción
o la importancia que tiene la inversión pública para el ingreso económico de muchas familias?
Intento hacer ese ejercicio, pero resulta difícil poner en palabras algo que se entiende mucho mejor
cuando se experimentan las dificultades de vivir en uno de los territorios más extremos del país.
Por eso me preocupa el Proyecto de Ley de Presupuestos 2027 ya que detrás de la discusión sobre cifras
y equilibrio fiscal hay decisiones que afectan la capacidad de las regiones para responder a sus
necesidades.
Vale la pena tener en cuenta una contradicción. El programa presidencial con que la actual administración
llegó al Gobierno se proponía fortalecer el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, mejorar la conectividad
de las zonas sur y austral e incrementar la inversión pública.
Sin embargo, el Presupuesto 2027 va en la dirección contraria.
En Magallanes se proyectan $6.785 millones menos para inversión regional. El Fondo de Desarrollo de
Magallanes (FONDEMA) disminuye en $2.257 millones. Los recursos destinados a transporte público y
conectividad caen en $6.282 millones. El presupuesto del SERVIU Magallanes pasa de $185.751 millones
aprobados para 2026 a $176.154 millones en el proyecto para 2027 y para peor se reducen en $10.895
millones el subsidio del gas.
Menos recursos para calefacción. Menos recursos para vivienda. Menos recursos para conectividad y
menos inversión regional.
Entonces, la pregunta que cae de cajón es: ¿qué pasó con lo que decía el programa de Gobierno?
¿O acaso los compromisos con las regiones eran también metáforas?
A estas autoridades les explico que, en una región como la nuestra, la calefacción es una necesidad
básica para poder vivir. Por eso, cuando en 2011 se anunció un aumento en el precio del gas, fuimos
miles quienes salimos a las calles, paralizando la región durante casi una semana y logrando resguardar
un mecanismo de compensación que hoy ve reducidos sus recursos en el Proyecto de Ley de
Presupuestos 2027. La protección del precio del gas es una conquista de nuestra región, fruto de
una movilización que dejó claro que en Magallanes el acceso a la calefacción no puede tratarse como un
bien cualquiera. Estamos hablando de una de las condiciones mínimas necesarias para vivir.
Del mismo modo, la conectividad no es un asunto secundario. Determina las posibilidades de estudiar,
trabajar, acceder a servicios y mantener comunicadas localidades separadas por enormes distancias.
Basta pensar, por ejemplo, en los cerca de 450 kilómetros que separan Pampa Guanaco de Punta Arenas.
Reducir en más de $6 mil millones los recursos destinados a transporte, incide directamente en las
condiciones materiales que permiten mantener Magallanes conectado dentro de este vasto territorio.
Lo mismo ocurre con vivienda. La disminución de $9.597 millones en el presupuesto de SERVIU se
produce mientras MINVU y el Gobierno Regional anuncian la firma del nuevo Convenio de Programación
2027-2032 destinado a alcanzar 7.500 soluciones habitacionales en Magallanes en 6 años. Si existen
compromisos y metas habitacionales para los próximos años, corresponde explicar cómo se
compatibilizan con una disminución de los recursos disponibles.
A esto se agregan los compromisos de cofinanciamiento que ya mantiene la región. El Consejo Regional
ha advertido sobre obligaciones asociadas al Plan de Desarrollo Zonas Extremas y a convenios de
programación en áreas como Salud, Vivienda y Obras Públicas. Si el marco presupuestario disminuye
mientras esos compromisos se mantienen, también disminuye el margen disponible para financiar nuevas
iniciativas.
Desde el Gobierno probablemente se responderá que estamos frente a un proyecto, que puede
modificarse y que parte importante de la discusión tendrá lugar en el Congreso. Es cierto, pero un proyecto
de presupuesto también expresa prioridades y las cifras presentadas obligan a preguntarnos: ¿cuánto
espacio ocupa realmente Magallanes entre las prioridades de este Gobierno?
Precisamente porque ahora comienza la discusión parlamentaria, hay otra pregunta que debemos dirigir
a quienes representan a nuestra región.
A los diputados y senadores de Magallanes les pregunto directamente ¿van a respaldar estas reducciones
cuando llegue el momento de votar el Presupuesto 2027? ¿Consideran aceptable la reducción al subsidio
del gas? ¿Van a respaldar una disminución de recursos en transporte público y conectividad? ¿Qué
modificaciones van a impulsar durante la tramitación para recuperar los recursos destinados a
Magallanes?
Las respuestas no deberían depender del sector político al que pertenezca cada parlamentario. Acá hay
que ser regionalista y defender los recursos de la región, esto debería ser parte mínima del mandato de
quienes fueron elegidos para representarnos.
Desde el Frente Amplio Magallanes entendemos que existe una discusión sobre responsabilidad fiscal.
Los recursos públicos deben administrarse de manera responsable, evaluarse y utilizarse correctamente.
Pero el equilibrio fiscal no puede consistir simplemente en reducir la capacidad de inversión de las
regiones.
Tampoco podemos hablar de descentralización mientras las regiones reciben responsabilidades y pierden
recursos para ejercerlas.
Magallanes aporta al país a través de su actividad productiva, sus recursos naturales, la investigación
científica y su posición estratégica y antártica. Al mismo tiempo, vivir aquí supone costos y dificultades
que no pueden ser tratados como si nuestro territorio funcionara igual que una región del centro del país.
Durante las próximas semanas veremos qué modificaciones se presentan y, sobre todo, cómo votan
nuestros representantes. Defender los recursos de Magallanes requiere acciones y quien decida
recortarlos tendrá que explicarnos por qué está dispuesto a hipotecar el futuro de nuestra región.
