En el marco del inminente desalojo programado para las tomas de terreno en los sectores de Villa Las Etnias y Villa Lautaro, el concejal de Punta Arenas, Jonathan Cárcamo, manifestó su profunda preocupación por el destino y la integridad de las familias afectadas, haciendo especial hincapié en el impacto y la desprotección que sufrirán las decenas de niños y niñas que residen en el lugar.
La autoridad comunal criticó abiertamente el vacío informativo y la aparente ausencia de planes de contingencia por parte del gobierno central y los ministerios competentes. “Independiente de la situación que acontezca en este desalojo, nadie me ha manifestado cuáles son las medidas paliativas, señaló Jonathan Cárcamo.
Frente a los cuestionamientos de un sector de la opinión pública que apunta a la responsabilidad parental o que cuestiona el rol de la administración local, el concejal fue categórico en pedir consecuencia y responsabilidad al debate. Asimismo, lamentó el silencio de diversos actores políticos que hoy ostentan cargos legislativos o regionales y que, habiendo visitado el lugar con promesas en el pasado, hoy guardan silencio ante la crisis.
El concejal Cárcamo aprovechó la instancia para esclarecer ante la comunidad los alcances reales del municipio, explicando que la corporación edilicia se encuentra atada de manos legalmente para resolver el fondo del problema habitacional en dichos predios.
Pese a esta limitante legal, Cárcamo defendió la gestión humanitaria que el municipio de Punta Arenas ha desplegado desde el inicio de la ocupación, respondiendo a quienes acusan inacción. “El municipio prestó asistencia cuando pudo prestarla. Nos preocupamos y la gestión que hicimos fue tratar de contener un poco la crisis sanitaria que se estaba generando en torno a aquello. También hubo asistencia en torno a temas de alimentación y de primera necesidad. Si alguien dice que el municipio no hizo nada, tiene que ir a leer las noticias un poco para atrás”, puntualizó.
Finalmente, el concejal hizo un llamado urgente a la Delegación Presidencial, al Serviu y al Ministerio de Desarrollo Social para que transparenten a la opinión pública los protocolos de resguardo que se aplicarán durante el procedimiento de desalojo, garantizando que el derecho superior de los menores de edad no sea vulnerado en el plano físico ni psicológico
CONCEJAL CARCAMO «PREOCUPA FORMA DE DESALOJO ESPECIALMENTE DONDE HAY NIÑOS»
