Contracción de la economía chilena de un 15%, costo de la crisis de un 41% del PIB, desempleo de un 25%.
Estas alarmantes cifras, no son del Chile actual, sino de aquél de la crisis del año 1982. ¿Por qué lo menciono?,
porque entre otras causas la magnitud y profundidad de la crisis provino de erradas decisiones de la autoridad. En
este como en otros temas técnicos, los mandamases de la junta de gobierno, que ejercían el control del país,
contaron con diligentes asesores civiles. En el ámbito económico eran los conspicuos economistas de la UC y con
post grado en la escuela de economía de la Universidad de Chicago, Los tristemente célebres “Chicago Boys”. Más de
cuarenta años después, las mismas aves se escuchan trinar. La crisis del año 82´es materia de estudio en la
academia, incluso en la UC la han enseñado algunos de sus protagonistas, con la benevolencia de la mala memoria
colectiva, y empoderados gracias al trato amable del poder.
Según el estudio “La crisis financiera chilena de los años ochenta” (MARSHALL, ENRIQUE, 2009) elaborado
por el consejero del Banco Central Enrique Marshall, dentro de las causas de la crisis de 1982 se puede identificar,
entre otras, el tipo de cambio fijo que favoreció el endeudamiento en moneda extranjera, y descalces cambiarios.
En este período, se produjo un boom de consumo, facilitado por un dólar a 39 pesos, que produjo la irrupción de
artículos de importación. En las casas de los trabajadores empezaron a verse electrodomésticos de todo tipo,
facilitado por su bajo precio, pero también por la masificación del crédito.
Según Marshall, la autoridad económica no prestó atención a la masiva expansión del endeudamiento y el
gasto privado. Asimismo, hubo deficiencias de regulación y supervisión:
-Liberalización financiera sin contrapesos.
-Re-privatización de los bancos intervenidos durante el régimen de la Unidad Popular, y autorización para el ingreso
de nuevos bancos sin evaluación de la solvencia de los propietarios. Los bancos existentes en Chile pasan de ser
menos de diez en 1975 a más de 70 bancos en 1983.
En medidas que solo pueden entenderse desde una visión ideológica neoliberal extrema, junto a la
facilitación de la creación de nuevos bancos, se restaron recursos y atribuciones a la Superintendencia de Bancos,
debilitando la institución cuya finalidad es velar por el buen funcionamiento de la ley de Bancos.
Una institucionalidad debilitada, con un tipo de fiscalización laxa, no pudo impedir la proliferación de toda
clase de infracciones legales o reglamentarias, como traspasar los límites de crédito. No se prestó atención al
descalce producido, cuando clientes con flujo de ingresos en pesos, se endeudaban en dólares.
Otro importante factor de la crisis, fue que no se limitó, el crédito entre empresas relacionadas. ¿Cómo
operaba este sistema? Los propietarios de los que por ese entonces se denominaba “grupos económicos”,
controlaban al mismo tiempo bancos comerciales y empresas del sector productivo, fábricas, inmobiliarias o
establecimientos comerciales. Aprovechando al máximo las ventajas que les brindaba una legislación creada a su
medida, los bancos otorgaban créditos hasta el 50% e incluso más, de la cartera total de las empresas del mismo
grupo económico. Se evadía con facilidad y sin consecuencias los controles de riesgo de la banca tradicional.
Si las empresas del grupo tenían alguna dificultad para servir la deuda, el banco del grupo les otorgaba una
renovación automática (conocido como Rollover), se les daba nuevos créditos para que de este modo los préstamos
originales figuraran al día.
Como advirtieron tardíamente los expertos, una vez que la crisis estalló, que la falta de transparencia, al no
existir balances consolidados, impidió a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) o al regulador detectar el alto
nivel de insolvencia oculto.
Cuando en 1982 se abandona el tipo de cambio fijo, la crisis estalla y las empresas productivas entran en
insolvencia, produciendo la caída de los bancos relacionados.
Dentro de las paradojas que se han dado en nuestra historia, esta es sin lugar a dudas, una de las más
grandes, el sector ultra neoliberal que propició las condiciones para la proliferación de bancos sin control alguno,
debió disponer medidas económicas para tomar el control estatal de la banca privada. A comienzos de 1983 se
interviene 8 instituciones, incluidas las dos más grandes del sistema.
Las instituciones viables permanecen en poder de la autoridad para su posterior reprivatización, mientras las
no viables son liquidadas. En estos casos los depositantes debieron compartir los costos de la debacle recibiendo
solo el 70% de sus fondos. Quizás el caso de los Fondos mutuos, refleja de mejor manera, la traición a la confianza
depositada en la institucionalidad, producida la crisis, los partícipes deben asumir las pérdidas.
Los principales dueños de los grupos económicos, que protagonizaron la debacle que llevó a Chile a la crisis
de 1982 fueron: Javier Vial Castillo (Grupo Vial, ligado al Banco de Chile y Banco Hipotecario) y Manuel Cruzat Infante
(Grupo Cruzat-Larraín, ligado al Banco de Santiago y Banco Continental).
El tristemente célebre Banco de Talca, tuvo por controladores al grupo Calaf-Danioni, Miguel Calaf Rocoso y
Alberto Danioni: Dueños del 65% de las acciones a través de sus empresas vinculadas. Para la historia quedó el dato
de que tuvo como gerente general entre 1979 y 1980, a Sebastián Piñera Echeñique, quien debió enfrentar procesos
judiciales posteriores por infracciones a la Ley General de Bancos. El Banco de Talca no estuvo dentro de las
entidades que el estado rescató por considerarlas viables, el banco fue liquidado en abril de 1982, y no pagó deuda
subordinada a largo plazo como otros bancos.
El proceso histórico de la deuda subordinada culminó el 30 de abril de 2019, cuando el Banco de Chile pagó
el último remanente al Banco Central de Chile, de los recursos públicos que se debió invertir en su rescate.
La crisis del año 1982 la pagaron los trabajadores y trabajadoras de Chile, y a la sazón la pagó Moya a través
del rescate a la banca. El alto desempleo se prolongó al menos hasta 1986, y los planes creados para absorber mano
de obra el PEM y el POJH sólo permitían a los trabajadores acceder a un ingreso inferior al ingreso mínimo. En este
período se plantea por el ministro de ODEPLAN eliminar el ingreso mínimo, medida que se pretendía implementar
para “echar a andar de nuevo la economía”. En la reunión de ministros de gabinete donde se decidiría esta medida,
finalmente primó la opinión de José Piñera, quien advirtió al dictador Pinochet, de los potenciales efectos sobre el
descontento social. Semanas después se produciría el cambio de gabinete que marcó la salida de los Chicago boys
del control económico.
Este vistazo a la crisis de 1982, nos permite advertir de los efectos y consecuencias de las decisiones erradas
en la economía. Los riesgos de adoptar medidas de política económica en contra de la voz de los expertos e
instituciones especializadas están a ojos vistas. Hoy estamos en democracia, con libertad de expresión, de prensa y
de opinión, y además con una institución autónoma como es el banco Central, y, sin embargo, no estamos inmunes a
los efectos de las malas decisiones, adoptadas nuevamente desde una óptica neoliberal extrema.
Ernesto Sepúlveda Tornero
